La prestigiosa revista semanal inglesa The Economist, en su entrega del 12 del corriente, publica un extenso artículo que incluye entrevistas con funcionarios gubernamentales hondureños relativo al proyecto Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDE), que ha generado tanto expectativas oficiales como un impulso al crecimiento económico como polémicas respecto a sus impactos locales, regionales y nacionales en materia social y legal.
Para el 2013, el gobierno anunció la construcción de un megapuerto en Amapala, en la isla del Tigre, territorio insular estudiado en su época por Pedro Rivas en su excelente monografía.
Pasados varios años y después de gastar millones de dólares, la agencia coreana encargada del desarrollo internacional concluyó que Amapala no está lista para dicha obra de infraestructura.
Ante ello, la actual administración apuesta por impulsar un polo turístico que atraiga visitantes nacionales y extranjeros, tal como lo está realizando con la ciudad de Gracias, Lempira.
La publicación arriba citada opina que las ZEDE representan proyectos “más ambiciosos que las zonas de libre comercio, con jurisdicciones independientes, su propia legislación, tribunales y policía, con el propósito de atraer inversiones y generar empleo”, constituyendo en unidades administrativas de igual rango al de los municipios, pero con su propia autonomía y autogobierno.
Siempre de acuerdo con The Economist, con impecables credenciales como portavoz del liberalismo económico y la globalización, y citando al Banco Mundial, ente financiero del cual Paul Romer es su actual economista jefe, Honduras se posiciona en el lugar 99 (de 138 países) en cuanto a infraestructura, 105 (de 190 naciones) en relación a facilitar para iniciar negocios, y en el puesto 123 (de 176 estados) respecto a niveles de corrupción.
Cita al compatriota Fernando García, quien advierte que del total de 379 artículos que contiene nuestra Constitución Política, solamente seis regularán el funcionamiento de las ZEDE, de conformidad con su ley aprobada el 2013.
Romer fue invitado a Honduras para disertar sobre las ciudades modelo y fue integrado para presidir una comisión de transparencia, de la cual renunció al concluir que carecería de autoridad para tomar decisiones.
Transcribo literalmente algunas de las inquietudes expuestas por The Economist: “Qué decisiones han sido tomadas y quién las ha implementado son un misterio para la gente no involucrada en este proyecto y aun para algunos que, supuestamente, son parte de él...
Nadie fuera de un pequeño grupo conoce cómo será el proyecto...Aun ahora, cómo funcionarán las ZEDE es aún motivo de polémica entre quienes las apoyan...los participantes no se ponen de acuerdo en lo que se ha decidido e, incluso, quién es parte de la estructura del gobierno interno” de cada ciudad modelo.
Actualmente, la Comisión de Mejores Prácticas la integran 12 miembros, siete de los cuales son hondureños y cinco extranjeros, incluyendo a Barbara Kolm, economista con vínculos con el partido austríaco Freedom Party, de extrema derecha. Este grupo recientemente se ha reunido secretamente en Miami.
En aras del derecho a la información pública y la necesaria transparencia, el Gobierno está en el deber de divulgar las estrategias y acuerdos ya firmados o por firmar con empresas extranjeras respecto a las ZEDE, ya que, esperamos, no se trata de un secreto de Estado.
