La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) fue establecida para que el país pudiera avanzar en diversas investigaciones sobre actos de corrupción, los cuales involucraban a las más altas autoridades y adicionalmente, apoyar al fortalecimiento de instituciones públicas claves en dicha lucha.
Sin embargo, después de una década de operar en el país, el 7 de enero de 2019, el gobierno de Jimmy Morales finalizó el acuerdo, bajo el argumento que la Cicig se había extralimitado en sus funciones. La Organización de las Naciones Unidas rechazó tales aseveraciones, así como otras instituciones del mismo país, pero la decisión se mantuvo inalterable.
En Honduras también funcionó la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) desde el 19 de enero de 2016, por medio de un acuerdo firmado entre la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Honduras, y se disolvió el 19 de enero de 2020, después de haber colaborado en la investigación de múltiples casos de corrupción y en el asesoramiento y la supervisión y certificación de las instituciones del Estado a cargo de combatir y prevenir la corrupción.
Al igual que en Guatemala, la excusa para la cancelación del acuerdo fue que la Maccih se había extralimitado en sus funciones y usurpado las responsabilidades de otras instituciones responsables de combatir la corrupción.
El gobierno de Honduras ha anunciado que próximamente se estará firmando el memorando de entendimiento para la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras (CICIH). Esperemos que en esta ocasión haya un compromiso serio y voluntad de transformación, de parte de los tres poderes del Estado, para hacer que rindan cuentas los políticos y particulares que están acostumbrados a beneficiarse de la impunidad que ha prevalecido por años en nuestro país.
La corrupción es un mal que existe en todo el mundo y que priva a los países de recursos que se pueden utilizar para mejorar las condiciones de vida de millones de personas, obstaculiza el desarrollo y ahuyenta la inversión. En un país dominado por la corrupción la justicia no funciona, pues las instituciones encargadas de aplicar la ley se encuentran dominadas por los intereses políticos y económicos de los que se benefician de la corrupción e impunidad.
La corrupción crea un campo fértil para que funcionarios públicos, hombres de negocios y particulares se lucren de actos ilícitos como la malversación de caudales públicos, el tráfico de influencias, el soborno y el cohecho, con la confianza de que no habrá consecuencias de sus actos ilícitos. Tanto actuando en forma independiente como en colaboración con el gobierno, la sociedad civil y las instituciones del sector privado deben unirse en la lucha por frenar la corrupción y fomentar entre sus agremiados una cultura de denuncia y no participación en actos delictivos y corruptos.
Esperemos que efectivamente el gobierno llegue a un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para que la CICIH funcione en Honduras, pero lo más importante será que ya cuando la Comisión esté en funciones se le brinde toda la colaboración para que pueda actuar sin injerencias ni intereses políticos y que los corruptos que han gozado de impunidad por muchos años finalmente sufran el peso de la ley. No perdamos la fe.