El ulular de las patrullas motorizadas era continuo, rápidamente se abrían paso en medio de los automóviles dos agentes policiales que se transportaban en una moto y hacían señales de que todos nos hiciéramos a un lado, atrás venía una flotilla de carros lujosos. En uno de ellos se transportaban personas vinculadas al gobierno. Rápidamente vinieron a mi memoria las prácticas del gobierno de Juan Orlando Hernández, donde todos los funcionarios del equipo ministerial se transportaban en las condiciones ya descritas. Ante la crítica por el rodaje de vehículos de lujo al servicio de los nuevos inquilinos de la administración pública, la respuesta ha sido que no se han comprado nuevos vehículos, las secretarías de Estado están haciendo uso de carros “alquilados”.
En el anterior gobierno se criticó el uso que se le dio al llamado Fondo Departamental, recursos orientados a los diputados para que impulsen obras sociales. No es tarea de estos hacer obras que les corresponden constitucionalmente a las secretarías de Estado. La corrupción empieza cuando la idea es la de promover una acción política que busca la reelección de los diputados. A los llamados representantes del pueblo no solo hay que pagarles elevados sueldos, hay que asignarles recursos para que se promuevan para las próximas elecciones.
Un análisis comparativo con el presupuesto aprobado para el Instituto de Conservación Forestal (ICF) para 2023 muestra que esa institución, la encargada de la protección de los bosques, apenas tiene una asignación de 800 millones de lempiras; en cambio, lo que ahora se llama Fondo Social Comunitario tiene un presupuesto de 950 millones de lempiras. Cada diputado, propietario y suplente, tendrá acceso a 6.5 millones. Son las prioridades de la nueva administración. El presidente del Congreso, Luis Redondo, había prometido que este fondo no se aprobaría en su gestión.
Desde la reforma liberal hasta nuestros días han estado presentes las promesas de desarrollar la nación y de resolver los problemas de la población; sin embargo, después de más de 140 años, Honduras es el país en América Latina con los peores indicadores de desarrollo económico y social.
Cada gobierno que llega al poder termina responsabilizando a la anterior administración por incumplimiento de sus promesas, desde luego, Juan Orlando Hernández saltó la borda de la corrupción y de otros actos ilícitos, tanto que, por primera vez, un expresidente está siendo enjuiciado desde las ergástulas penitenciarias de los Estados Unidos; pero eso, en vez de disminuir la responsabilidad de la actual mandataria, le da más compromiso porque mayores fueron las expectativas al ir a un proceso electoral. A 15 meses de haber asumido la presidencia Xiomara Castro no se ve luz al final del túnel, lo que se ve es que, de manera silenciosa, diputados del partido gobernante crean las condiciones para el gran salto a sus pretensiones de convertirse en los sucesores de la actual mandataria. Lo anterior, más la ausencia de una política que le dé orientación a la gobernante, es la mayor conspiración en contra el actual orden de cosas.
