La vulnerabilidad fiscal y energética de Honduras se ve agravada por problemas crónicos, como ser importador neto de insumos estratégicos. La elevada dependencia de los carburantes importados transmite directamente los choques externos y las tensiones geopolíticas internacionales a la estructura de costos local. A ello se agregan los efectos especulativos y oligopólicos internos. A pesar de que los discursos oficiales suelen escudarse en que la inflación es un mal global e “importado”, ante el cual los gobiernos están de manos atadas, existen márgenes de acción que han sido sistemáticamente ignorados. El valor de las importaciones de combustible promedia unos US$3,000 millones anuales. La política fiscal ha utilizado históricamente el consumo de combustibles como una caja registradora cómoda y segura para el Estado, llegando a recaudar cifras extraordinarias que superan los 16,000 millones de lempiras anuales bajo conceptos como el Aporte para la Conservación del Patrimonio Vial (ACPV). Se ha perpetuado un modelo donde el bienestar ciudadano se subordina a la consolidación del gasto público e intereses particulares. No es el Estado en esencia; son sus administradores turnándose cada cuatrienio.
A septiembre de 2026, se evidencia que el 59.5% de los 405 bienes y servicios que integran la canasta del IPC experimentaron incrementos en sus precios, lo que confirma encarecimiento prácticamente generalizado. Esta propagación masiva se vincula directamente al costo de la energía y los fletes logísticos, que actúan como un impuesto transversal sobre toda la actividad económica. Hay que decirlo: en Honduras, ya ratos los precios internos no están reflejando las tendencias y niveles del mercado internacional. Acompañado de una falta de decisiones estratégicas para disminuir el impacto y la vulnerabilidad del país respecto a las fluctuaciones de los mercados internacionales, que también son monopólicos y altamente especulativos. Las caídas temporales en las cotizaciones internacionales del crudo rara vez se traducen en reducciones proporcionales o inmediatas en las estaciones gasolineras, debido a la opacidad en las fórmulas de precios y al arraigo de prácticas oligopólicas en la cadena de distribución.
Para romper este ciclo vicioso de despojo y estancamiento productivo, se requiere una transformación integral que trascienda la retórica proselitista y las soluciones cosméticas de congelamientos temporales. La verdadera política antiinflacionaria debe enfocarse en la soberanía energética y alimentaria. En el ámbito energético, es imperativo sustituir de manera acelerada y planificada la generación de electricidad basada en búnker y diésel por fuentes renovables, aprovechando el abundante potencial hidroeléctrico, solar y geotérmico nacional. En el sector agropecuario, se deben canalizar recursos extraordinarios hacia los productores locales para mitigar los efectos del cambio climático y fenómenos como El Niño, los cuales afectan y seguirán afectando severamente la oferta de lácteos, carnes, granos y los demás rubros agrícolas. Solo mediante una estrategia macroeconómica real, que desmantele los monopolios especulativos y reduzca la carga fiscal sobre los carburantes, Honduras podrá aspirar a una senda de crecimiento económico incluyente, equitativo y verdaderamente resiliente frente a los vaivenes de la globalización actual.
Aun con las dudas válidas sobre los datos oficiales sobre la inflación, es muy probable que las variaciones de precios, finalizado octubre, sigan confirmando la tendencia inflacionaria. Los cambios metodológicos permiten concluir que no será con medidas monetaristas que se logrará detener las proyecciones de una inflación al final de 2026. No debe continuarse con ese afán de emulación no aplicable a las decisiones de la Reserva Federal.
