Han sido años de un acompañamiento incómodo para el gobierno de Honduras. La firma del convenio con la Organización de Estados Americanos (OEA), que se acordó en enero del 2016, fue una salida política que se encontró como resultado de las enormes presiones de la población hondureña que, en un caso poco frecuente en los últimos años, salió masivamente a protestar en contra de la corrupción, pidiendo un organismo que como la Cicig en Guatemala lograra llevar a los tribunales de justicia a políticos y gente del gobierno involucrados en actos de corrupción.
El compromiso adquirido por parte del Estado hondureño en el convenio es y sigue siendo importante, no obstante, antes, durante y después de la firma del referido documento las acciones desestabilizadoras en el cumplimiento de la labor de la Misión de la OEA no se hicieron esperar, se desató una campaña de descrédito en contra de los funcionarios y su equipo acompañante, se continuó con la acostumbrada maña de aprobar normativas que proporcionan mayor accionar a otros órganos de control que a lo largo de la historia han sido tapaderas de los políticos y, en un último momento, los diputados oficialistas, con el apoyo de alguno que otro miembro del Congreso Nacional de otros partidos, nombraron una comisión de evaluación de la actividad de la Maccih y, al final, respaldaron una iniciativa invitando al Ejecutivo a no firmar la continuidad de la
Misión en el país.
Según lo convenido entre las partes, es decir, el gobierno hondureño y la OEA, lo acordado tendría una duración de cuatro años, a partir de la fecha de su firma y se establece que una vez vencido el plazo bastará un intercambio de notas entre ambas partes para darle seguimiento.
Es sospechoso que en este momento se encuentre una delegación de alto nivel del gobierno hondureño en la sede la OEA, discutiendo los alcances de los convenios adquiridos en el 2016, eso se interpreta como un interés en modificar los términos del mismo, lo cual podría significar, a juicio de muchos entendidos, que la revisión será para reducir el ámbito de lo acordado originalmente, lo cual sería un retroceso y se haría para quitarle vigor a la lucha contra la corrupción. Tal hipótesis cobra fuerza si consideramos que el jefe del Ejecutivo, abogado Juan Orlando Hernández, con esta salida lograría sofocar el interés de los diputados opuestos a la Misión, disminuir la presión que la cooperación internacional ha estado ejerciendo a través de declaraciones públicas en favor de la Maccih y, desde luego, aunque el gobernante no lo ha hecho público, el mismo está interesado en quitarle
beligerancia a la Misión.
En estas condiciones, la Maccih podría continuar en el país, pero sería un organismo ciego, mudo y sordo que no atendería las necesidades de la población en el tema de corrupción. Quedaría entonces, una
invitada de piedra.
Ojalá que en este tema, el cual está involucrado el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien busca reelegirse para un nuevo periodo, no se esté negociando el voto de Honduras a cambio del desmembramiento de las funciones de la Misión de apoyo contra la corrupción.
