1) “Se instruye a la Junta Directiva de la ENEE a efecto de que con el objeto de modernizarse, antes del 1 de julio de 2015, la ENEE se transforme en entidad y complete el proceso para escindirse en una empresa de generación, una de transmisión y operación del sistema y al menos una de distribución”, con la ENEE “como empresa matriz”; 2) “Una vez creadas las empresas subsidiarias, y dentro del mismo plazo establecido anteriormente, se deberá proceder a traspasar los activos correspondientes a cada sociedad”; 3) “Los miembros de la Junta Directiva deberán llevar a cabo todos los actos necesarios y facilitar a la Gerencia de la ENEE la implementación correspondiente, siendo administrativamente responsables en caso de incumplimiento”; y, 4) “Los activos, pasivos y el personal de la ENEE deben ser divididos y transferidos a cada una de estas nuevas empresas según corresponda a la naturaleza de sus funciones, con absoluto respeto de los derechos laborales de los trabajadores”.
De los cuatro numerales arriba mencionados, se desprende que el plazo señalado en la ley (1 de julio de 2015) para dividir la ENEE no se logró cumplir, por lo cual no se traspasaron activos como establece el numeral segundo; siendo lo más grave que a ningún miembro de la Junta Directiva ni al gerente de la ENEE se les dedujeron responsabilidades administrativas, como se registra en el tercer numeral ya indicado. Lo más peligroso de la modernización de la ENEE está en el cuarto numeral, ya que las tres empresas subsidiarias (generación, transmisión y distribución) recibirán -además de los activos- los pasivos ya existentes, lo cual representa un considerable lastre para las mismas, que les impedirá realizar las inversiones necesarias.
En mi opinión, la aprobación de la Ley de Modernización de la ENEE es insuficiente para terminar con los enormes problemas financieros de esa empresa, ya que históricamente está probado que no basta con la existencia de una ley para que se produzca un verdadero proceso de modernización, como lo comprueban los retrasos experimentados por la propia LGIE, que después de siete años hasta ahora se busca cumplir. Pero los problemas financieros de la ENEE no se limitan únicamente a los atrasos que pueden surgir en la aplicación de una nueva ley, sino que también tienen que ver con los onerosos contratos de suministro de energía que la empresa ha suscrito con los proveedores privados del preciado bien eléctrico. A estos contratos debe agregarse el incumplimiento de la Empresa Energía Honduras (EEH) para reducir pérdidas técnicas y no técnicas, el gran desfase en el proceso de inversiones, la imposibilidad de reducir la mora y la persistencia de un alto número de clientes a los que todavía se les cobra mediante valores promedios.
La prisa por modernizar la ENEE e intervenir la EEH tiene una explicación de carácter político, ya que hay sectores interesados en mejorar la imagen partidista y apropiarse de ese negocio.
