El Congreso Nacional ha retomado la discusión de un paquete de reformas contra las maras y pandillas que atemorizan a la sociedad. Las expectativas son muchas, al igual que los consensos sobre la necesidad de analizar ampliamente las medidas antes de su aprobación.
Desde el Legislativo se justifican las reformas argumentando que se busca dotar a los operadores de justicia de las herramientas necesarias para reforzar la lucha contra la criminalidad. Sin embargo, en los organismos de derechos humanos persisten temores de que las medidas abran la puerta a la violación de garantías ciudadanas, principalmente en lo referente a la reducción de la edad punible, la extensión de los plazos para allanamientos de morada y el endurecimiento de las penas para los jefes de pandillas.
“El Congreso, el gobierno y las instituciones estamos trabajando; aquí no hay retroceso, no estamos jugando, le estamos apostando con un compromiso político a que Honduras recupere la paz”, expuso el presidente del Legislativo.
Hasta ahora, en el paquete de reformas resaltan las políticas de mano dura, muchas de ellas inspiradas en el modelo impuesto por el presidente Nayib Bukele. No son visibles, por el momento, las medidas de prevención requeridas para atacar las causas estructurales de esta problemática.
Los niños están a la deriva y a la merced de delincuentes en barrios de alto riesgo y en extensos territorios a los que ni la policía tiene acceso. Asimismo, fortalecer la investigación y la inteligencia es vital en la lucha contra las bandas criminales.
Nadie pone en duda que las medidas sean necesarias, pero deben ir acompañadas de políticas públicas efectivas contra la corrupción, la impunidad y la pobreza, abriendo camino a que los jóvenes accedan a una educación de calidad, entre muchas otras. Las medidas no funcionarán solo por decreto
