En Honduras hemos vivido tres catástrofes naturales: el huracán Fifí, el Mich y las tormentas tropicales Eta y Iota, las cuales dejaron miles de familias damnificadas, áreas productivas destruidas y la economía del país depresiva. Ni estos fenómenos producidos por la fuerza de la naturaleza se comparan con el mal que genera la corrupción. Según un estudio elaborado por el Foro Social de la Deuda Externa y el Desarrollo en Honduras y el Consejo Nacional Anticorrupción, en concepto de corrupción se pierden más de 50 mil millones de lempiras anualmente.
La corrupción es un enemigo invisible, que tiene víctimas humanas porque se compenetra y pudre en todos los sectores de la administración pública: salud, educación, infraestructura, energía entre otros. Naciones Unidas lo define como “una plaga insidiosa que tiene un amplio rango de efectos corrosivos en las sociedades. Socava la democracia, el mandato de la ley y lleva a violaciones de derechos humanos...”, para combatir este mal es necesario fortalecer el Estado de derecho.
Vivir en Estado de derecho es garantizar respeto por los derechos humanos, separación de poderes, participación ciudadana, idoneidad y meritocracia de los funcionarios públicos, seguridad jurídica, transparencia y publicidad en el ejercicio de la función pública, independencia judicial y acceso efectivo a la justicia. La ausencia del Estado de derecho evoluciona inmediatamente a corrupción, la cual se traduce en índices alarmantes sobre percepción de corrupción, gobernabilidad e impunidad. Donde la ciudadanía pierde credibilidad a los políticos, medios de comunicación y la institucionalidad.
En ese sentido, el sondeo de opinión pública del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) reporta que el 60.7% de la población desaprueba la gestión del actual gobierno. Esto nos lleva a preguntarnos ¿se está construyendo o destruyendo el Estado de derecho en Honduras?
