Las malas decisiones gubernamentales en la firma de contratos, aprobados incluso en el Congreso Nacional; aumentos de impuestos y tasas, y hasta 'inconsistencias' que terminan en irregularidades como la más reciente versión del 'arrozazo', no solo dañan la imagen del gobierno ante propios y extraños sino que también distraen la atención y causan pérdida de tiempo en el avance del país.
Y es que aunque algunos contratos leoninos en perjuicio del interés público y algunas decisiones cuestionables sean dejados sin efecto ante la presión popular después de que los medios de comunicación los dan a conocer, lo cierto también es que esta es otra forma de exhibir el desorden en la administración pública lo que, a su vez, se convierte en otro repelente para la tan necesaria inversión.
Después de la inseguridad -que no hay duda tendrá un punto de inflexión cuando se limpie a la Policía de los elementos nocivos-, el mayor problema de los hondureños es la falta de fuentes de empleo, que igual que la riqueza solo puede generarse mediante la inversión productiva.
Y una de las condiciones sine qua non para atraer la inversión, tanto nacional como extranjera, es mediante la seguridad jurídica, la estabilidad y, fundamentalmente, la existencia de reglas de juego claras que no estén cambiando al capricho de los gobernantes.
En ese sentido, los constantes incrementos a los impuestos y tasas, igual que al precio de la energía eléctrica o las actitudes vacilantes de quienes tienen las riendas del país, crean de percepción de inestabilidad o altos índices de corrupción, lo que asusta a los inversionistas.
Bien harían el presidente Lobo y sus ministros en cambiar el rumbo errático que han seguido hasta ahora, en el sentido de que cuando se pretenda adoptar una medida en una secretaría, en una dirección o en una empresa del Estado, primero sea ampliamente discutida y consensuada al interior del gobierno y después con los sectores que pudieran resultar afectados.
Eso impediría que el gobierno siguiera exhibiéndose como caótico o inundado de funcionarios que solo esperan una oportunidad para perjudicar los intereses nacionales; mejoraría la percepción de los inversionistas y, al mismo tiempo, daría más tiempo para enfocarse en la solución de los grandes problemas que abaten a Honduras y a los hondureños.
