2012 será recordado como el año en que la comunidad internacional, por hastío o designio, permitió que el país cayera a un nivel de insolvencia fiscal sin precedentes. Gobiernos de países amigos e instituciones que otrora venían al auxilio de los gobiernos de turno en esta ocasión no lo han hecho. ¿Será esto la manifestación de una estrategia para forzar a las autoridades a adoptar medidas que sean consonantes con la realidad económica del país? Estas interrogantes surgen no porque tienen alguna obligación específica en hacerlo, sino mas bien, porque se especula, consideran este gobierno no cambiará su política fiscal y no les vale la pena invertir más en apoyos presupuestarios. Nos dejan solos, siempre y cuando no representemos amenaza a sus intereses y no crucemos las líneas rojas sobre temas que aún siendo temas internos, como derechos humanos, exige se respeten, la comunidad internacional.
Llegamos al 31 de diciembre de 2012 y miles de funcionarios y empleados públicos no recibieron el salario correspondiente. El motivo es conocido. ¿Qué tan grave es la situación? No lo es, porque aparentemente ni el titular de Finanzas sabe cuánto tiene y cuánto debe el Estado. Que a fin de año se les deba a suplidores y contratistas no es nuevo, el arrastre de obligaciones de un año al siguiente es una práctica usual en el país. Lo que no lo es, es que no se les pague a los empleados por falta de liquidez. Ese es un fenómeno nuevo y traslada el golpe de la crisis financiera del gobierno a la burocracia estatal.
La burocracia del sector público hondureño está en crisis porque su continuo crecimiento en términos de integrantes y gasto va contrario al modelo económico y a las posibilidades financieras del mismo. A pesar de la carga que significa la deuda interna heredada, la planilla de empleados creció, se iniciaron proyectos sin contar con el financiamiento y los salarios y beneficios se incrementaron. Las empresas publicas están quebradas. Los ingresos no ajustan a pesar de los paquetazos y de la inviabilidad política en un año electoral, de modificar algunas tazas impositivas.
Las medidas de recortes en un año político tienden a no surtir ningún efecto práctico, es decir, no logran reducir el gasto público y es de suponer que siendo los titulares del Ejecutivo y Congreso del mismo partido y este último candidato a presidente y aliado político del primero, las medidas que se adopten sobre el tema, estarán condicionadas por esa situación. Por eso no deja de sorprender los despidos que se han anunciado en diversas instituciones públicas. ¿Será este año una excepción? ¿Así de mal están las finanzas públicas?
Desde esa perspectiva el panorama fiscal es desalentador y parece que solo la profundización de la crisis financiera, ante la ausencia de auxilio extranjero, será capaz de generar la conciencia necesaria y la determinación política para adoptar correctivos proactivos y coherentes que estabilicen la situación de las finanzas públicas sin desequilibrar el sistema político y proceso electoral.
En el 2008, cuando el acceso a financiamiento externo se le hizo difícil y condicionado a una devaluación, el Gobierno del presidente Zelaya buscó y encontró apoyo de Venezuela, parece que el actual lo busca en la República Popular de China. Si lo encuentra o no, esto hará la diferencia en lo que pasará este año en nuestro país.
