Un acierto significativo de la administración Lobo fue la creación de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (Decreto Ejecutivo PCM-071-2011), en el contexto de reunificar a la dividida familia hondureña, proceso que paulatinamente ha logrado hacerse realidad, al menos de forma parcial.
En cumplimiento de su razón de ser, la referida Comisión ha dado seguimiento a las recomendaciones elaboradas por sus integrantes, distinguidas personalidades hondureñas y extranjeras.
Hoy, recién ha presentado su segundo informe, mismo que da cuenta tanto de aquellas que ya están implementadas como de las aún pendientes de cumplimiento. El balance es positivo, lo que no significa que la totalidad de lo recomendado se esté aplicando.
Como un recordatorio de lo aún pendiente, y que compete al nuevo gobierno ejecutar, están las siguientes:
Creación de mecanismos de extensión del Presupuesto Nacional por parte del Legislativo ante demoras en la presentación de los proyectos.
Fortalecer el régimen de carrera del Ministerio Público, a fin de que los fiscales actúen con mayor independencia y eficiencia contra los delitos de corrupción; algo que es extensivo al Poder Judicial.
Iniciar por parte del Ministerio Público las investigaciones respectivas sobre las denuncias de supuestos actos de corrupción perpetrados en el período del 28 de junio de 2009 hasta el 27 de enero de 2010, al igual que instar a la reapertura de aquellos procesos declarados nulos por la Corte Suprema de Justicia, por no estar ajustados al debido proceso.
Establecer políticas claras por el Ministerio Público sobre la decisión de citar o no a los investigados por abuso de poder y cohecho en el período arriba citado.
Fijar términos razonables de duración de las investigaciones por parte del Ministerio Público, a efecto de evitar la duración indefinida de las mismas y la afectación de los derechos de los investigados.
Asegurar y preservar la independencia y autonomía del Tribunal Supremo Electoral respecto a la influencia de los partidos políticos, para alcanzar la legitimidad y la confianza ciudadana en los procesos electorales.
Reformar el procedimiento de selección para la escogencia de candidatos a magistrados al Tribunal Supremo Electoral, para fortalecer la independencia del mismo.
Si bien es cierto que la administración Hernández ha decidido suprimir la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, también lo es que varias de sus áreas de competencia correrán ahora a cargo del Ministerio de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, por lo que es el ente encargado de velar por el irrestricto cumplimiento de las recomendaciones aún pendientes de aplicarse, acción que culminará con las iniciadas por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que sostuvo casi 330 reuniones en distintos puntos del país, visitando 26 ciudades en los 18 departamentos, logrando convocar a 2,100 líderes nacionales, departamentales y comunales, de diversa filiación política-ideológica, por lo que los insumos recibidos hicieron posible el ya considerado documento histórico por su importancia y contenido: el Informe Final intitulado “Para que los hechos no se repitan”.
