La crisis está poniendo a prueba al Estado de bienestar.
Es un desafío en el que están inmersos la práctica totalidad de los países europeos: la reducción de ingresos públicos dificulta el mantenimiento del gasto social, a lo que se une el envejecimiento de la población y el consecuente aumento de la factura de las pensiones.
Ante una situación tan alarmante resulta imprescindible que los Gobiernos ideen fórmulas para elevar los ingresos y ahorrar gasto.
El problema es que una parte importante de este último se destina a prestaciones sociales, un capítulo en el que España, uno de los países más castigados por la crisis, sigue por debajo de la media europea.
A pesar de ello ya se ha recortado el gasto social en 15,000 millones de euros desde 2010, un esfuerzo que ha recaído sobre pilares esenciales como la educación y la sanidad, además de las pensiones, puesto que son los capítulos que más recursos absorben y donde el efecto sobre las cuentas públicas se produce con mayor rapidez.
