Desde hace algún tiempo ciertos “empresarios” propietarios de universidades privadas de Honduras, coludidos con actuales funcionarios, profesores y ex profesores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), pusieron sus ojos en los artículos de la Constitución que atribuyen a dicha institución la facultad de “dirigir, supervisar y desarrollar” la educación superior del país.
Estos mercachifles quieren dirigir la educación superior y desviar para sus negocios el 6% que constitucionalmente el Estado asigna al alma máter. Qué manera de hacer negocios tan burda y fácil la que se ingenian algunos “empresarios” del país. En declaraciones públicas de algunos representantes de las privadas es notoria la falta de argumentos racionales e institucionales para tal atrevimiento, dicen que hay que quitarle dicha atribución constitucional a la UNAH porque se tardan mucho tiempo los trámites para incorporar títulos y las solicitudes para abrir nuevas carreras, lo cual es verdad, pero no es justificación para tal monstruosidad.
Aun en la lógica neoliberal en la que vivimos, se exige que el Estado funja como árbitro en aquellos sectores clave donde varios actores privados compiten por realizar negocios. Por eso existe Conatel, para regular la competencia en el sector telecomunicaciones, por eso existe la Comisión de Banca y Seguros, para controlar y dirigir el sector financiero. La educación superior no puede ser la excepción, es inaudito que las empresas privadas de educación universitaria también pretendan adueñarse de ese rol constitucional.
Para llevar adelante esta torcida idea las universidades privadas desde hace tres años realizan lobby o cabildeo al más alto nivel en el Congreso Nacional, donde tienen su avanzada, para embarcar en esta aventura al presidente Juan Orlando Hernández. Por su parte, la rectora de la UNAH preparó su propio proyecto que ya fue aprobado por el Consejo Universitario, sin ser socializado con la comunidad universitaria, al mejor estilo autoritario.
La socióloga Julieta Castellanos, en lugar de abrirle paso a los mercachifles de la educación superior debería convocar a toda la comunidad universitaria y al pueblo en general para defender la Constitución. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué corre a satanizar a los estudiantes que han despertado iracundos ante las pretensiones de destruir la gratuidad de la educación superior?
El proyecto de la nueva Ley de Educación Superior de los “empresarios” contiene dos artículos mortales para la UNAH. El primero se refiere al Consejo de Educación Superior, máximo órgano rector de la educación universitaria, actualmente lo integra mayoritariamente la UNAH y que los privados quieren tomar por asalto, con el argumento simplista que existen 19 universidades privadas y solo 6 públicas, como si el asunto se tratase de una simple y mecánica sumatoria, olvidándose de lo que establece la Constitución y del rol del Estado.
El otro artículo, igualmente descabellado y voraz, es el que se refiere a que las empresas privadas de educación superior podrán accesar a los fondos públicos; es decir, que de aprobarse esta Ley tendrán derecho a reclamar un pedazo del 6% que actualmente se le asigna a la UNAH, dejando sin recursos al alma máter.
Esta nueva Ley no contiene absolutamente nada nuevo, nada que vía reglamento no se pueda mejorar, su única intención es lo antes señalado, quitarle el rol constitucional a la UNAH y repartirse como botín de guerra el 6% de su presupuesto. Esto no es modernizar la educación superior ni actualizar la legislación, tampoco es garantía de mejorar los trámites administrativos burocráticos que se realizan en la máxima casa de estudios, que puede adolecer de fallas. pero no es con esa iniciativa jurídica como se resolverán.
La lucha apenas ha comenzado, veremos de parte de quien se posicionan las autoridades de la UNAH, o si el presidente del Congreso Nacional se presta para sepultar la institución que lo formó casi de gratis. En esta gesta por los verdaderos intereses del pueblo hondureño queremos ver a los que se dicen progresistas y revolucionarios.
