San Salvador, El Salvador.- Elementos de la Fiscalía General y agentes de la Policía Nacional realizaron este martes un operativo en tres institutos públicos de educación media en El Salvador para "desmantelar" a una "nueva pandilla en formación", informó en X la Fiscalía.
La entidad de investigación indicó que se han girado 40 órdenes de detención, sin embargo no detalló cuántas de dichas órdenes se han hecho efectivas.
Señaló que el operativo se desarrolló en los institutos nacionales General Francisco Menéndez, Albert Camus y Técnico Industrial, todos ubicados en San Salvador, donde "sujetos (alumnos) organizaban actos delictivos y pretendían reclutar (a) más estudiantes".
La Fiscalía apuntó que, de acuerdo con las investigaciones, "los capturados (sin precisar cuántos) amedrentaban a otros estudiantes" y que "se tienen testimonios sobre agresiones sexuales, consumo de drogas y agresiones físicas a los compañeros de clase y de otras instituciones".
Añadió que "en función de fortalecer esta investigación, se llevaron a cabo varios registros en las viviendas de los detenidos, quienes serán procesados por agrupaciones ilícitas y otros delitos".
El operativo se realiza en el contexto de la implementación en El Salvador de un régimen de excepción contra las pandillas, el cual se ha convertido en la única medida de Gobierno contra estos grupos.
Este régimen, que ha dejado la captura de más de 85.900 supuestos miembros de pandillas y de supuestas personas ligadas a estas estructuras, cumplió el pasado 27 de marzo tres años de su implementación en medio de polémicas por supuestamente violentar derechos humanos.
La medida se aprobó tras el asesinato de más de 80 personas en un fin de semana a finales de marzo de 2022, lo que investigaciones del medio local El Faro señalan que se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno del presidente Bukele y las bandas criminales.
Si bien la medida de régimen de excepción goza de un amplio respaldo por su impacto en la reducción de la violencia en el país, ha sido cuestionada no solo por miles de denuncias de violaciones a derechos, incluidas muertes bajo custodia estatal.
Diversos analistas consideran que la medida se ha convertido en la principal y única apuesta del Gobierno contra las pandillas y en un mecanismo de "permanente -y no temporal- de control social".
