Tegucigalpa, Honduras.-Una denuncia por la falta de documentación que respalde la ejecución de más de 6,000 millones de lempiras del Bono Tecnológico Productivo (BTP) durante la administración de Xiomara Castro ya está en manos del Ministerio Público (MP) y del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) aseguró que las irregularidades fueron detectadas durante una revisión interna que también identificó anomalías en el manejo de vehículos oficiales.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, explicó que los hallazgos surgieron luego de realizar un proceso interno de revisión al asumir funciones.
Una de las principales irregularidades es la inexistencia de la documentación que respalde la liquidación de fondos ejecutados mediante el programa Bono Tecnológico.
“Durante cuatro años no se realizó ninguna liquidación. No encontramos evidencia documental que respalde cómo se ejecutaron más de 6,000 millones de lempiras destinados a este programa”, declaró el funcionario.
De acuerdo con Molina, tampoco existe un registro claro que permita identificar a los beneficiarios del programa de apoyo agrícola, lo que impide verificar si los recursos llegaron efectivamente a productores del país.
“No hay información que nos indique a quiénes se les entregaron esos bonos”, señaló.
El ministro aclaró que la denuncia no constituye un señalamiento directo contra personas específicas, sino que busca que las autoridades competentes determinen si existen o no responsabilidades administrativas o penales.
Como parte de las acciones previas a la denuncia, las autoridades de la SAG mantuvieron en sus cargos, hasta la semana pasada, a personal vinculado al programa, con el fin de que pudiera completar los procesos pendientes.
Sin embargo, ante la falta de resultados, estas personas fueron desvinculadas de la institución.
Auditoría
Tras la denuncia, el TSC confirmó que mantiene en desarrollo una auditoría financiera en la institución.
El portavoz del Tribunal, Rodolfo Isaula, informó que la fiscalización comprende el período del 27 de enero de 2022 al 26 de enero de 2026 y forma parte del Plan Operativo Anual del ente contralor.
La comisión auditora fue instalada en la SAG a inicios de este año para revisar de manera integral la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de la normativa legal, indicó.
Además de analizar la administración de los recursos asignados a esa Secretaría, la auditoría incorporó la denuncia presentada sobre la falta de liquidación del Bono Tecnológico.
Dulio Medina, representante de los productores de granos básicos, manifestó ante los medios de comunicación que observó varias irregularidades, entre ellas que el beneficio era entregado a personas que no eran productoras.
“Fui testigo de que daban el bono a personas que no eran productoras”, dijo. Posteriormente, esas personas vendían los productos que conformaban el Bono Tecnológico a los agricultores, denunció.
Pérdida de carros
Las autoridades de la SAG denunciaron, además, otras irregularidades relacionadas con el manejo de bienes del Estado, particularmente de vehículos asignados a la institución.
El ministro de la SAG indicó que varias unidades no fueron localizadas inicialmente y que algunas han sido encontradas posteriormente en talleres privados, en estado de abandono.
Asimismo, denunció que más de 80 vehículos, durante la administración anterior, ingresaron al taller mecánico interno de la SAG por fallas menores, pero actualmente se encuentran en condiciones precarias debido a la falta de piezas.
“Fueron prácticamente desmantelados; les faltan repuestos importantes y desconocemos el destino de esas partes”, afirmó.
Además, la SAG, como parte de la junta directiva del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), instruyó una investigación en esa institución sobre posibles irregularidades en la concesión de créditos, así como casos en los que productores habrían incumplido sus obligaciones de pago tras recibir ingresos por la venta de su producción.
