Tegucigalpa, Honduras.- La vigencia del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos entró en un plazo fatal, por lo que la oposición insta al gobierno a reconsiderar su decisión de cancelarlo definitivamente.
El tratado, que de acuerdo a la oposición fue una herramienta clave para combatir el narcotráfico, finalizará el 28 de febrero, luego de que el gobierno de la presidenta Xiomara Castro lo denunciar el 28 de agosto de 2024.
“Quedan 16 días para que se dé por terminado el Tratado de Extradición con Estados Unidos, una herramienta efectiva contra el narcotráfico. El pueblo hondureño le pide al Gobierno de Libre que recapacite y ponga en primer lugar los intereses del país y no los familiares, como lo han hecho hasta el día de hoy”, declaró el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano.
El parlamentario advirtió que, si la decisión no se revierte antes del 28 de febrero, Honduras podría convertirse en un “paraíso para los narcos de Latinoamérica”. Además, alertó sobre eventuales sanciones internacionales que afectarían a los hondureños residentes en Estados Unidos.
“Todavía estamos a tiempo de que revoquen esa decisión. Si no lo hacen, después vendrán sanciones para Honduras que impactarán a nuestros compatriotas en Estados Unidos”, aseveró.
Por su parte, la diputada y precandidata presidencial del Partido Liberal, Maribel Espinoza, afirmó que la cancelación del tratado traerá “serias y graves consecuencias para el país”.
“Si doña Xiomara no rectifica, está condenando a Honduras al aislamiento. Nosotros no podemos permitir eso, y le digo al pueblo hondureño: si quedamos aislados porque no rectifican, la culpa será de Xiomara Castro”, condenó.
Desde una perspectiva legal, la abogada constitucionalista Ana Pineda, explicó que la nota verbal enviada por la Cancillería a la Embajada de Estados Unidos el 28 de agosto de 2024 solo hace referencia al tratado de 1912, el cual no contempla el narcotráfico como un delito extraditable.
”El tratado que sí regula la extradición por tráfico de narcóticos es el de 1927”, explicó Pineda, en referencia a la Convención Adicional de Extradición, vigente desde el 5 de junio de 1928.
Por otro lado, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Ramón Barrios, sugirió la creación de una ley de procedimiento para regular la extradición en lugar de la figura del auto acordado.
“Lo que necesitamos es una ley de procedimiento de extradición. La figura del auto acordado ha funcionado, pero no es lo ideal”, opinó.
Según el canciller Enrique Reina, la decisión de denunciar el tratado, fue tomada por temor a que el mecanismo fuese utilizado como un arma política.
La denuncia del tratado ocurrió unos pocos días después de que se hiciera público un video del exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta, Carlos Zelaya, en el que aparecía negociando fondos para su campaña con poderosos capos de la droga.
