Honduras

Nombran juez natural en proceso contra diputados

Un legislador propietario del Partido Nacional y un suplente del Pinu, figuran entre los acusados por el otorgamiento de permisos fallidos para el proyecto Ciudad del Ángel.

25.09.2014

Tegucigalpa, Honduras

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia nombró al magistrado Víctor Manuel Lozano Urbina como juez natural a fin de que conozca en primera instancia el requerimiento fiscal interpuesto por el Ministerio Público contra los diputados Nelson Abdaláh Ghawi y Darío Mejía Valdivieso, vinculados al otorgamiento de permisos para el fallido proyecto habitacional de Ciudad del Ángel.

La Fiscalía de Protección al Consumidor los acusa por suponerlos responsables de 22 delitos de abuso de autoridad.

Este juez deberá resolver si admite la acusación, luego definir si cita a los requeridos o les libra orden de captura.

En esta misma sesión de pleno de la CSJ se nombró la correspondiente Corte de Apelaciones que estará conformada por las magistradas Silvia Santos, Edith María López y el magistrado Raúl Henríquez Interiano.

Fue nombrado igualmente el Tribunal de Sentencia, integrado por los magistrados Víctor Manuel Martínez Silva, German García, Lidia Estela Cardona y Jorge Rivera Avilés, que actuaría como cuarto juez, suplente, de llegar este caso hasta juicio oral y público.

Nelson Abdaláh fungió como gerente de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía y actualmente es diputado propietario del Partido Nacional, mientras José Valeriano Espinal Ponce, hoy diputado suplente del Pinu, se desempeñó como funcionario en el otorgamiento del permiso de construcción.

El requerimiento incluye además a Darío Alberto Mejía Valdivieso, quien fungió como director de la Dirección de Evaluación y Control Ambiental, de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna).

En noviembre de 2013, un total de 50 familias presentaron en los Juzgados de lo Civil, una demanda contra la compañía constructora del proyecto residencial Ciudad del Ángel, ubicado en el norte de la capital de Honduras.

La demanda fue interpuessta contra la inmobiliaria Bienes y Raíces Arias, en la cual piden que mediante una resolución judicial se les restituyan sus derechos y se les reconozca los daños a sus viviendas.