Incertidumbre
Una narcoavioneta que fue usada para transportar miles de kilos de cocaína desde Sudamérica, habría sido reparada en los últimos meses para que la misma fuera usada por funcionarios del Poder Legislativo.
Según los informes obtenidos por EL HERALDO, directivos del Congreso Nacional habrían alcanzado un acuerdo verbal con autoridades de Defensa Nacional para que el aparato, que se encuentra en custodia en la Fuerza Aérea Hondureña (FAH), fuera usado por miembros de este poder del Estado.
La excusa es que se gasta mucho dinero en movilización y por eso se hizo la solicitud a las Fuerzas Armadas de Honduras.
Defensa, al parecer indicó a los interesados que lo único que debían hacer era poner el dinero para la reparación y el pago del técnico en aviación.
El trámite pudo haberse realizado con la mayor discreción posible para no hacer aspavientos, pero la información salió de los muros de la Fuerza Aérea y del CN.
No todos los legisladores han sido notificados de esta operación secreta, ya que solo la manejan un selecto grupo de personas de ese poder del Estado. La nave en cuestión forma parte de lote de 14 narcoavionetas que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) le dio a la Fuerza Aérea para custodia y uso cuando esta entidad dependía del Ministerio Público.
Un informante explicó que se analizaba cuál de todos esos aviones estaba en mejores condiciones para ser reparado a menor costo y ser usado en el menor tiempo posible por los parlamentarios.
Entre los costos debía considerarse la compra de asientos, ya que las aeronaves no los traían porque toda la cabina se usa para el transporte de droga. Informes extraoficiales en poder de EL HERALDO revelan que, al parecer, la narcoavioneta seleccionada es marca Beechcraft, bimotor, King Air 200, con placa asignada FAH 0014.
La matrícula anterior del bimotor no fue proporcionada pero, aparentemente, se trata de una avioneta que fue abandonada en el país y que entró si registro, por lo que se le asignó una identificación de la Fuerza Aérea. El Congreso Nacional habría solicitado a la Dirección General de Aeronáutica Civil que le proporcionara un técnico para que reparara la avioneta, según la fuente.
El experto pudo haber sido contratado a título personal y se pactó que se le cancelarían 30 mil lempiras por su labor.
La semana pasada el ingeniero reparó los dos motores, y hasta habría puesto de su dinero para la compra de algunos repuestos que se instalaron en las turbinas.
Luego de terminar su trabajo, el técnico reclamó que se le pagara, pero el personal del Congreso que los contactó para la reparación sigue sin cancelar lo acordado.
'Fue una picardía la que hicieron, como les urgía que arreglaran el avión contrataron a alguien y no sé si estaba sin dinero, pero le dijeron que le pagarían', dijo la fuente.
A volar…
La narcoavioneta tenía pocas averías, por lo que solo fue necesario hacer una restauración en los dos motores y en los próximos días, posiblemente en esta semana, se hagan las primeras pruebas de vuelo.
Si la avioneta no registra ningún problema estará a disposición del Congreso Nacional, en caso de que el traspaso a ese poder del Estado se concrete.
La fuente dijo que uno de los inconvenientes es que la avioneta, como muchas otras que llegaron llenas de droga y ahora están en custodia, no tiene un registro escrito de las horas de vuelo, tipo de mantenimiento o registro de dueños. En resumen, carece de una bitácora de la vida del aparato.
Esta avioneta es de la misma marca de la que fue robada el 31 de octubre de 2010 de la base aérea Armando Escalón, en San Pedro Sula. En esa ocasión individuos penetraron al comando y, presuntamente con la colaboración de militares de turno, se montaron al aparato Beechcraft, doble hélice, King Air, modelos 200, con matrícula mexicana y alzaron vuelo.
Traspaso
El traspaso de las 14 aeronaves que la OABI efectuó a favor de la FAH se hizo por medio de un contrato. De los 14 aviones, al menos 10 fueron entregados en buenas condiciones.
El acuerdo dice que la FAH es el depositario de esos bienes, que debe darles mantenimiento y que puede hacer uso de los mismos para el combate al crimen organizado. Esto indica que si se concreta el traspaso de la narcoavioneta al Congreso podría violarse el trato, lo que traería repercusiones legales.
Además, las aeronaves están en calidad de decomiso y no pueden pasar de forma definitiva al Estado mientras no existe un fallo judicial que así lo indique, ya que la mayoría todavía son pruebas de convicción en causas por narcotráfico porque fueron usadas para el transporte de droga. En otros casos, las avionetas están incautadas porque fueron abandonadas y todavía no se ha decretado una declaración de extinción de dominio.
