En un misterio se mantiene el paradero de 40 carros cedidos a la Fiscalía General por la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), según el subdirector de esa entidad, Francisco Zavala.
“Faltan por identificar 40 carros que anteriormente usaba el Ministerio Público”, dijo Zavala.
La OABI había asignado bajo la figura de uso provisional de bienes incautados 130 automotores a la Fiscalía, pero cuando la Comisión Interventora del ente acusador asumió funciones, detectó que no se sabía dónde estaban.
En consecuencia, se procedió a realizar una búsqueda y así se lograron encontrar unos 90, explicó Zavala.
La OABI intentará trazar una línea de trabajo con las nuevas autoridades de la Fiscalía para programar una nueva búsqueda de esos carros.
De esos 40 carros que hace falta encontrar, la OABI solo cuenta con documentos que prueban que fueron entregados al Ministerio Público.
El Misterio Público, en la gestión pasada del exfiscal Luis Rubí y el fiscal general Roy Urtecho, es investigada por el uso que se dio a los vehículos.
Por ejemplo, según la OABI, no hay constancia de que las exautoridades de la Fiscalía hayan suscrito pólizas de seguro para los 130 carros, por lo que esos bienes han corrido el riesgo de sufrir daño o que se los roben y nadie responda por esa afectación.
De igual manera, de acuerdo a los informes de la Comisión Interventora, algunos carros entregados al Ministerio Público estaban en manos de familiares de altos funcionarios de la entidad.
La Ley de Privación de Dominio permite la entrega anticipada de bienes decomisados, los que pueden ser devueltos a sus dueños o entregados definitivamente a sus depositarios temporales, de acuerdo a sentencia judicial.
