El Ministerio Público (MP) revisará el decreto que crea un estado de emergencia en el sistema de seguridad para fortalecer y depurar la Policía Nacional de Honduras.
Dicho decreto, aprobado por el Congreso Nacional, autoriza a la cúpula policial a realizar acciones concretas de depuración, en un período de 180 días, es decir en seis meses.
Mediante este decreto se autoriza al director de la Policía Nacional para que pueda hacer pruebas toxicológicas a oficiales y agentes. Además, a la práctica de pruebas de confianza, aún no detalladas en qué consisten.
El decreto faculta a las autoridades policiales a destituir definitivamente a oficiales y agentes que reprueben estas evaluaciones. Además, obliga a pasar a condición de retiro a varios oficiales. El contenido de lo aprobado será minuciosamente revisado por el MP, para valorar los alcances legales de este paso dado por el CN y el Ejecutivo.
“No hemos visto el texto completo de lo que se aprobó, lo tendremos que analizar”, informó a EL HERALDO el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.
El estudio técnico legal tiene un solo propósito: saber si el decreto vulnera o no principios consagrados en la Constitución de la República.
Se habla de mecanismos a emplear para facilitar la depuración policial.
En primera instancia la Fiscalía verificará si dentro del debido proceso no se da la oportunidad a que se impugne una decisión administrativa. “Es de analizar, parece que no plantea la posibilidad de que los afectados puedan interponer recursos ante las decisiones de suspensión y demás”, dijo.
Ilegalidad
En ese sentido, la Fiscalía verificará si se violenta una garantía del derecho de defensa.
“No se combate a la criminalidad recurriendo a un instrumento que genere ilegalidades, por ejemplo, vulneración de derechos sobre un debido proceso”, dijo. Igualmente, a la Fiscalía le interesa conocer en qué consiste la prueba de confianza. Los despidos ilegales podrían tener consecuencias negativas para el Estado. Los afectados podrían demandar exigiendo el pago de millonarias cuantías de dinero por concepto de indemnización, por daños y perjuicios.
Sin embargo, dijo que podrá verter un criterio fundamentado una vez leído el texto de lo aprobado, cuando se publique en el diario oficial La Gaceta.
“Si hay una norma de carácter general que vulnera derechos se tiene una vía expedita para plantearse un amparo o vía de inconstitucionalidad, tendría que analizarse eso”, expresó.
Además, la Fiscalía de Defensa de la Constitución podrá realizar un estudio de dicho decreto. “No sería la primera vez que el Ministerio Público accione para hacer prevalecer el imperio de la minuta de derechos fundamentales”, manifestó Enamorado.
El estudio será razonado, se harán las ponderaciones que se consideren lógicas, el fiscal aclara que no se trata de interrumpir la intención de mejorar la gestión del Estado en cuanto a la persecución de los delitos.
