Para el titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, la autorizaciones para registrar armas prohibidas fomentan la circulación ilegal de armamento.
En una comunicación escrita enviada por el Conadeh a EL HERALDO, Custodio asevera que “en Honduras hay un mercado ilegal de armas, que circulan libremente, gracias a los permisos que autorizan miembros del cuerpo policial”.
Indicó que las personas que hacen uso de esos permisos al parecer tienen la facilidad de circular libremente por el país con esas armas, sin que ninguna autoridad los pueda detener.
“Andan con armas ilegales de grueso calibre, son armas prohibidas y nadie los puede detener, porque hay un permiso policial”, cuestionó.
El defensor de los derechos humanos es del criterio que estas son las cosas que se tienen que investigar para que no siga proliferando en el país el abuso en la portación de armas de fuego.
Custodio también se refirió a la sustracción de armas de las instalaciones policiales y calificó esto como un delito grave.
El año anterior trascendió la desaparición de 300 Fusiles Automáticos Ligeros (FAL) y 300,000 proyectiles calibre 5.56 milímetros (mm) que estaban bajo la custodia del Comando de Operaciones Especiales (Cobras) y que desaparecieron de las bodegas de ese ente policial.
También se denunció la desaparición de otro lote de alrededor de 50 armas asignadas al Instituto Técnico Policial (ITP) Capitán General José Santos Guardiola, con sede en La Paz, La Paz.
El ombudsman hondureño expresó que cuando se habla de 300,000 proyectiles se está hablando de la munición necesaria para varias batallas de una guerra e incluso hasta para ganar la guerra.
Advirtió que si esos proyectiles están en manos de delincuentes, ellos tienen la suficiente munición como para ganarnos la guerra a las personas honestas de nuestro país.
Custodio expresó su preocupación porque precisamente las armas sustraídas puedan ir a parar a manos de sicarios.
“Son fusiles que no debieran estar en manos de la delincuencia, igual que los revólveres que se han perdido, son de alta precisión y pudieran ser las armas con que los sicarios están actuando en el país”, precisó.
Entre 2005 y 2011 se registraron las muertes violentas de 31,778 personas, de la cuales 25,678 fueron víctimas de las armas de fuego.
Alrededor del 85% de las 7,104 muertes violentas registradas en 2011 se cometieron con armas de fuego.
No he contravenido disposiciones legales asignadas
Yo, Ricardo Ramírez del Cid, mayor de edad, casado, hondureño, Comisionado General de la Policía y de este domicilio, actuando en mi condición de director general de la Policía Nacional de Honduras, por este medio comparezco ante usted, señor director de diario El Heraldo, a fin de que se aclare la noticia publicada en las páginas 2, 3 y 4 de este diario rotativo del país en fecha 25 de abril del año 2012 en donde se menciona mi nombre insinuando que yo tengo algún tipo de vinculación con el registro de armas en el registro balístico contraviniendo la “Ley de Registro de Portación de Armas de Honduras” siendo yo un oficial que ejerce las normas profesionales, de ética y conducta exigidas, servidor público no teniendo más facultades que las que expresamente me confiere la Constitución de la República, Ley de Policía y las demás pertinentes al ejercicio de mi profesión y que en virtud de lo anterior, solicito fehacientemente se emita nota aclaratoria en relación a ni nombre y/o se me indique en base a qué información se me está relacionando directamente manchando mi honor y reputación profesional y personal.
Señor director de diario El Heraldo, tal petición la emito, en los hechos y consideraciones legales siguientes.
PRIMERO: quiero manifestar que la fotografía que ustedes muestran en la página No. 2 y 3 de la publicación en mención es un AR-15 fusil semiautomático de uso gubernamental y civil y quien sea que le proporcionó la información al doctor Ramón Custodio sobre el registro de estas armas de uso ilegal que lo demuestre y no mediante difamación y calumnias constitutivas de delito, dado que lo que esta persona busca es dañar tanto la imagen de mi persona como de la institución policial la cual yo muy dignamente represento, por lo tanto, reto a este informante que presente todos los medios de prueba a la fiscalía respectiva que es el ente responsable donde se dirimen este tipo de anomalías de índole personal donde se deberá probar cuándo yo autoricé el registro de armas de uso ilegal.
Como comprenderá usted, señor director, esta debió ser la forma correcta de actuar previo a publicar una noticia que lo que hace es denigrar y perjudicar mi nombre y el de mi familia, como también dejar aún más en duda la institución policial ante toda la sociedad hondureña.
Finalmente, debo asimismo aclarar que cuando yo recibí el cargo de director, fecha 31 de octubre del año 2012 (2011), no he contravenido las disposiciones legales a mí asignadas como Director de la Policía Nacional de Honduras, otra razón de más que respalda aún más mi solicitud de realizar las diligencias y aclaraciones del caso al pueblo hondureño respecto a las falacias o veracidad sobre los hechos publicados en ese rotativo. Art. 80 de la Constitución de la República, art. 33, 34, 35, 36, 37 de la “Ley de Emisión del Pensamiento”.
Registro de armas está en proceso de investigación
El gobierno aseguró ayer que investigará la escandalosa inscripción de armas prohibidas en el Registro Nacional de Armas y la participación de altos oficiales y exoficiales de la Policía Nacional en el ilícito.
En escuetas declaraciones, el secretario de Seguridad, Pompeyo Bonilla, dijo que el Ministerio Público ya tiene en su poder el informe elaborado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos que confirma la inscripción de 145 armas de asalto y de guerra por instrucciones de la cúpula policial.
El funcionario dijo que dicho informe fue entregado a todos los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Interior (Conasin) semanas atrás y mencionó que desde entonces se han comenzado a tomar cartas en el asunto.
“Nosotros recibimos en Conasin la información por parte del señor comisionado de los derechos humanos y él también entregó un informe al señor fiscal y se están haciendo las investigaciones del caso”, manifestó el titular de Seguridad.
Oficiales
Consultado sobre la participación de varios oficiales y exoficiales de la Policía en la inscripción de las armas prohibidas, el titular de Seguridad afirmó que “se están haciendo las investigaciones del caso, yo no podría hablar si no tengo conocimiento pleno de los resultados de la investigación”.
EL HERALDO
reveló ayer el contenido del informe entregado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, a los miembros del Consejo Nacional de Seguridad Interior, el cual establece que al menos 145 armas de asalto y de guerra, prohibidas en el país, se inscribieron en el Registro Nacional de Armas por autorización de varios miembros de la Policía Nacional.
El documento hace referencia a inscripciones de armas realizadas únicamente durante 2011 en el sistema de registro y control de armas que depende de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
En el informe aparecen detalladamente las fechas de inscripción de las armas, el NTGR (número de registro del arma), el nombre del que registró el arma, la descripción del fusil o pistola, el calibre, el número de serie, quién lo autorizó y las observaciones.
Solo en 2011 se registraron 118 armas calibre .223 mm (milímetros), también 14 armas calibre 5.56 mm, así como 10 armas calibre 9 mm, otras 2 armas calibre .45 mm y 1 arma calibre 5.7 mm, esta última denominada “matapolicías” por su capacidad para perforar chalecos blindados.
