Representantes de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ) consideran que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa “ha fracasado en materia de seguridad”.
Según la APJ, “se ha fracasado en realizar la depuración policial por la falta de voluntad política de las autoridades del Estado, las limitadas competencias técnicas y la poca diligencia de las autoridades encargadas de impulsar dicha depuración y la escasa coordinación entre las diferentes instancias involucradas en el proceso, en particular entre la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial y la Secretaría de Seguridad.
La reforma del sector de seguridad “no se ha realizado con la celeridad ni con la profundidad necesaria”.
La falta de coordinación y planificación estratégica por parte la Secretaría de Seguridad ha ocasionado un débil proceso de reforma dentro de la institución.
En este sentido, la Policía Nacional no tendrá éxito en sus actuaciones si no logra mayores niveles de coordinación con la Secretaría de Seguridad y con el Ministerio Público, entre otros.
La Comisión de Reforma no entendió su rol
La Comisión de Reforma a la Seguridad Pública (CRSP) “no entendió su rol y al final se limitaron a ser una comisión legislativa, no a generar consensos y acuerdos políticos”.
Esa es la opinión de Josué Murillo, coordinador de la Alianza por la Paz y la Justicia (APJ), quien al mismo tiempo aseguró que lo que hicieron como organización “fue separarnos de la CRSP desde hace algunos meses”.
“Si los miembros de la CRSP no emiten leyes consultando a la ciudadanía, ¿por qué tenemos que apoyarlos como sociedad civil?”, se preguntó Murillo.
“En un país tan pobre como el nuestro, generar una comisión de la seguridad como esta, con salarios tan elevados y con resultados tan pobres, es inadmisible, sobre todo cuando estamos pasando una de las peores crisis fiscales en nuestra historia”, aseguró el coordinador de la APJ.
Según Murillo, en Honduras lo que necesitamos es un cuerpo que se encargue en primer lugar de la depuración descendente y rigurosa de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, de la mano con la sociedad civil que trabaja el tema de seguridad y justicia, que generen propuestas para la transformación cultural para los agentes operadores de justicia, pero no lo pueden hacer de manera unilateral, “sin embargo, lo hicieron pero fracasaron”.
“Nosotros como sociedad civil no nos sentimos con la autoridad de defender esas propuestas porque ni siquiera fuimos consultados. Hicieron siete propuestas que las elaboró una persona que es un consultor y ellos las revisaron. Eso no es participación ciudadana, eso no es generar democracia y eso no es generar cultura de participación”.
