La presidenta de la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Vilma Morales, aseguró que las denuncias realizadas por el Ministerio Público serán tomadas a fondo hasta después de cumplida la primera misión como interventores.
Y es que pese a que ambos hechos, tanto la intervención como los señalamientos por actos de corrupción, se hayan realizado de forma casi simultánea, las dos acciones tienen tareas distintas.
EL HERALDO consultó a la presidente de la Junta Interventora, Vilma Morales, sobre el criterio merecido a la investigación de la fiscalía.
Sin embargo, la funcionaria señaló que no profundizarán más de lo que ya se ha dicho en los medios de comunicación sobre tal investigación.
Indicó que primero le será presentado un informe dentro de 12 días al presidente de la República, Juan Orlando Hernández, para luego recabar la información brindada por la Fiscalía.
Detalló que en este documento preliminar se incluirá un informe diagnóstico con posibles soluciones inmediatas a los graves problemas de la institución.
Por su parte, el abogado German Leitzelar, miembro de la junta interventora, detalló que la institución adeuda en total entre 3,000 y 4,000 millones de lempiras.
Señaló que esta deuda es aparte de los compromisos obligatorios que mantiene la institución, entre estos los 161 millones de lempiras que requiere cada mes para el pago de planillas laborales.
Entre las mayores deudas que la institución debe pagar están los servicios subrogados, es decir, hemodiálisis, medicamentos y alimentación.
Leitzelar además dijo que otra tarea pendiente en el IHSS es frenar el tráfico de incapacidades, denunciado por el exdirector del IHSS, Mario Zelaya.
Señaló que solo en esta área la institución pierde millones porque “hay bandas criminales que actúan y ejecutan” dentro de la institución.
Denunció que la administración anterior incumplió con los compromisos que los trabajadores habían obtenido con instituciones fuera del IHSS, al retener sus deducciones y utilizarlas en otros gastos.
En cuanto a las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, Leitzelar señaló que se compró un equipo para control contable por más de 35 mil dólares de forma incompleta y al obtener los módulos restantes alcanzó la suma de 63 mil dólares.
“Recibimos información de Panamá que el mismo equipo que el de aquí no funciona y el de Panamá funciona costó 14 mil dólares”, dijo, al señalar que las investigaciones deben continuar y deducir responsabilidades.
