La Dirección Departamental de Educación de Francisco Morazán ha hecho una seria advertencia ante la proliferación de escuelas y colegios privados que no tienen el respectivo acuerdo de operación y, por tanto, entran en situación de ilegales.
Aunque estas escuelas y colegios no han sido identificadas por su nombre, EL HERALDO supo que se trata de unos 50 centros educativos solo en el departamento de Francisco Morazán.
En ese sentido, la Departamental, a través de su titular, Glenda Lizzeth Rivera, emitió un comunicado en el que “avisa y previene” a los padres de familia para que, previo a matricular a sus hijos en el período 2013, pidan a los centros educativos “los acuerdos y permisos de operación extendidos por esta dependencia y/o Secretaría de Educación, a fin de garantizar la validez requerida por nuestras leyes educativas”.
“Este aviso se hace ante el desmedido surgimiento de escuelas y colegios que no cuentan con ningún soporte legal que respalde sus operaciones, por lo que los servicios que ofertan a la población no tendrán ninguna validez legal”.
En el comunicado se advierte que la Dirección Departamental “no legalizará ni autorizará los trámites, documentación y certificaciones de estudio que se realizaron o realizan al margen de la ley”.
Cualquier servicio educativo que se ofrezca en estas condiciones es constitutivo de delito, por lo que se solicita de igual manera la colaboración de las autoridades de protección al consumidor para que realicen las inspecciones necesarias”.
Gremios apoyarán económicamente a maestros despedidos
Los gremios magisteriales se comprometieron ayer a apoyar económicamente a sus agremiados si son cesanteados por la Secretaría de Educación.
El Primer Colegio Profesional Hondureño de Maestros (Pricphma) emitió un comunicado donde garantiza “a todos nuestros afiliados el total apoyo económico y legal, en caso de concretizarse el acuerdo ministerial número 15575-SE-2012 de fecha 19 de octubre”. El lunes pasado
Educación remitió a la Empresa Nacional de Artes Gráficas ese acuerdo para que fuera publicado en el diario oficial La Gaceta.
En ese documento se notifica a unos cuatro mil profesores de todo el país que se les deducirán los días (uno y dos días, según el caso) no trabajados durante el mes de agosto.
Asimismo, se notifica a casi mil maestros, que faltaron tres días a sus trabajos durante ese mes, que tienen cinco días hábiles (que vencen el lunes) para acreditar y justificar las razones por las que abandonaron las aulas de trabajo.
Los docentes que no presenten documentación fehaciente y probatoria de razones justificadas para no haber laborado, serán despedidos, reiteró el ministro de Educación, Marlon Escoto.
Orlando Mejía, secretario general del Prichpma, pidió a los profesores no dejarse impresionar pues el acuerdo surtirá efecto hasta que los maestros sean notificados por escrito.
Mejía catalogó ese acuerdo como “constituyente de una arbitrariedad, viciado de ilegalidad por parte del señor Escoto”.
Sin embargo, el ministro Escoto subrayó que “solo aplicamos la ley” con la finalidad de poner orden en el sistema educativo y que se impartan los 200 días de clases.
El ministro de Educación aún deberá enfrentar otra prueba de fuego a partir del 1 de diciembre, pues los docentes y los dirigentes han sido claros al expresar que darán clases hasta el 30 de noviembre.
Educación amplió el año escolar hasta el 21 de diciembre para recuperar los 22 días de clases perdidos durante el presente año lectivo producto de los paros convocados por dirigentes del partido Libre.
Consultado sobre la suspensión de licencias anunciadas por Escoto a la mayoría de los dirigentes de la junta directiva del Prichpma, Orlando Mejía dijo que “en el comunicado somos claros, el ministro quiere asaltar e intervenir nuestra organización”.
En el documento se menciona que “el Secretario de Educación junto con una empleada de Educatodos, tres asistentes técnicos de la Secretaría, que a tiempo completo en acciones ilegales y oscuras, cumplen instrucciones del ministro encaminadas a intervenir y asaltar al Prichpma”.
Escoto denunció que varios dirigentes de esa organización gozaban de licencias para fungir como líderes magisteriales desde hacía 22, 10, 8 y 6 años, cuando la ley solo permite cuatro, afirmó Escoto.
