El Presidente de El Salvador ha vetado un proyecto de reforma de la Ley de Acceso a la Información Pública.
Esta decisión ha sido recibida con satisfacción por diversas organizaciones de la sociedad civil, que habían manifestado su preocupación ante la iniciativa parlamentaria.
Se trata de la reforma aprobada por los diputados del partido oficialista, que con una mayoría de 26 contra 39 votos habían solicitado modificar la Ley de Acceso a la Información Pública, estableciendo la reserva de información pública y quitando autoridad al Instituto de Acceso a la Información Pública frente a las instituciones del Estado.
El coordinador de la Oficina de Asesoría Legal y Anticorrupción, Roberto Burgos, había calificado a estas reformas como “un obstáculo para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública” y había anunciado su intención de reclamar la inconstitucionalidad de la iniciativa ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
También el representante de la Iniciativa Social para la Democracia, Ramón Villalta, y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos condenaron las reformas aprobadas.
En el mismo sentido se había manifestado la Sociedad Interamericana de Prensa: “Es muy preocupante que los parlamentarios salvadoreños hayan resuelto modificar, para mal, una ley que era buena para la libertad de expresión en general”, declaró el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo.
El Presidente de la República se hizo eco de estas opiniones y sostuvo que “...dichas reformas no son convenientes para los avances que se han logrado en cuanto al derecho de acceso a la información pública y su entrada en vigencia significaría un enorme retroceso de lo logrado por este gobierno en cuanto a la creación de mecanismos contundentes que permitan a la población vigilar la gestión y transparencia”.
