La Asociación de Fiscales de Honduras (AFH) rechazó ayer el decreto 59-2013 que crea una comisión que intervendrá el Ministerio Público (MP), por
vulnerar derechos laborales.
Los fiscales fueron convocados de emergencia para analizar los alcances del decreto. Tras cuatro horas de reunión la AFH emitió un comunicado en el cual manifiesta su preocupación por los alcances del artículo cuatro del decreto, numerales cuatro y siete.
El numeral cuatro establece que la comisión podrá “ejecutar un reordenamiento de las direcciones, fiscalías especiales, fiscalías regionales, departamentales y cualquier otra dependencia, en relación a sus estructuras y recursos humanos, para lograr efectividad en el desempeño de sus funciones”.
El siete los faculta a “contratar, nombrar, sustituir, rotar y cancelar personal de la institución, como resultado de las evaluaciones y de los requerimientos”.
“La AFH rechaza que la comisión nombrada por el Congreso Nacional aplique los numerales 4 y 7 de las funciones y atribuciones del decreto que crea la comisión interventora al Ministerio Público, encomendadas a la misma, ya que vulneran la estabilidad laboral de los servidores fiscales”, cita el comunicado. Los fiscales enfatizan que el MP cuenta con rango constitucional, conformada por fiscalías especiales y direcciones generales integradas por profesionales comprometidos con la persecución penal, que merecen respeto.
“Ante tal actuación del Congreso Nacional que atenta contra la institucionalidad, los derechos laborales elementales de los agentes fiscales a nivel nacional, les solicitamos a los miembros de la comisión que se reúnan con la AFH, caso contrario se tendrán que iniciar acciones legales nacionales o internacionales necesarias”, advierten. No descartan medidas de presión como paros de labores y tomas de sedes.
Los fiscales aclaran que no se oponen a que sean objeto de supervisión o revisión, siempre y cuando se utilicen las herramientas legales, “es decir, respetuosas del estado de derecho, que no se atropellen los derechos laborales de los funcionarios honestos y que cumplen con sus objetivos y funciones”, cita.
Irrespeto a institucionalidad conduce al autoritarismo
El Partido Liberal condenó el atropello a la institucionalidad proveniente del Congreso Nacional, situación que pone en riesgo “el estado de derecho, la estabilidad democrática y la buena gobernanza”.
En un comunicado, el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal considera que “las figuras y actuaciones independientes del fiscal general y adjunto son fundamentales para preservar los valores de la justicia, el orden institucional del Estado y la vigencia de la democracia”.
“El irrespeto a este principio conduce al autoritarismo propio de gobiernos dictadores de izquierda o de derecha”, dice.
“Reconocemos las debilidades en el funcionamiento del Ministerio Público, tal como lo señalan los estudios elaborados por expertos internacionales especializados en materia penal. De tal forma que los mecanismos que se han propuesto para sustituir, suspender o marginar al fiscal general y fiscal general adjunto, por medio de una comisión interventora, no están previstos en la Constitución, en la Ley del Ministerio Público ni en otras leyes”.
El principal órgano de dirección del liberalismo expone que “de ejecutarse la acción que se denuncia, promovida por el presidente del Congreso,
presidente de la República y algunos sectores de la sociedad civil, se estaría cometiendo un acto de absoluta ilegalidad que acarrearía consecuencias y responsabilidades en las personas que la promueven”. Estas responsabilidades también pueden ser deducidas por las instancias internacionales.
“Se percibe que el interés de los que promueven estas acciones están por encima de los intereses de la patria, ya que se promueven en un año electoral e inexplicablemente no se expresaron durante los tres años anteriores que han hecho gobierno, obligados a evaluar constantemente el desempeño a través del Consejo de Defensa y Seguridad Nacional, que se reúne periódicamente”.
“El Partido Liberal deja constancia de su posición patriótica constitucional y democrática en oposición a cualquier comisión u otra disposición vigente al estamento jurídico nacional”, concluye.
