Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general de la República, Johel Zelaya, se reunió este día con los representantes de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la sede principal del Ministerio Público (MP); el tema electoral fue el objetivo primordial.
Por parte de la OEA, participaron en la cita, el jefe de la MOE, Eladio Loizaga, el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la OEA, Gerardo Icaza, entre otros diplomáticos.
De forma escueta, desde el Ministerio Público se informó, que la visita de la Misión de la OEA, se debió al abordaje de las últimas acciones penales impulsadas por el ente acusador del Estado.
Entre esas actuaciones -viciadas de política, para muchos sectores de la sociedad-, están los requerimientos fiscales que el MP emitió contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona y Mario Flores, a quienes acusó de prevaricato judicial.
Además, sobre las investigaciones que penden contra la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, tras los audios presentados por el también consejero, Marlon Ochoa, en relación a una supuesta conspiración de López contra el proceso electoral.
Su preocupación
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la OEA llegó al país desde el mes de julio del presente año, para observar de cerca todo el desarrollo del proceso de cara a las elecciones generales.
Fue hasta el 4 de noviembre recién pasado, que en su pronunciamiento, la MOE expresó su preocupación por los acontecimientos ocurridos y el accionar de los partidos políticos en contienda.
En ese momento, la MOE, dijo que "expresa su preocupación ante las acciones anunciadas por el Ministerio Público que debilitan la autonomía de las autoridades electorales. En tal sentido, la protección de su integridad personal y la de sus familias es una tarea central de las autoridades del Estado y condición necesaria para un proceso democrático".
Agregó: "en ese contexto, la Misión de la OEA hace un llamado a las instituciones hondureñas, especialmente a los órganos de justicia, a que garanticen la seguridad de todos los funcionarios electorales contra cualquier persecución derivada del ejercicio de sus funciones. Cualquier acción que ponga en peligro la confianza del pueblo en la democracia debe cesar de manera inmediata".
