La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MDE/OEA) en Honduras además de expresar su preocupación por las acciones anunciadas por el Ministerio Público que debilitan la autonomía de las autoridades electorales, llamó a garantizar las condiciones adecuadas para que ellas puedan realizar su trabajo.
Esta misión, encabezada por el excanciller de Paraguay, Eladio Loizaga, expresó que la protección de la integridad personal de las autoridades electorales y la de sus familias es una tarea central de las autoridades del Estado y condición necesaria para un proceso democrático.
Al igual que los observadores internacionales, la sociedad hondureña ha visto con preocupación la instrumentalización de la Policía, de las Fuerzas Armadas, del Congreso Nacional y del Ministerio Público para amedrentar a las autoridades electorales utilizando argumentos fuera de ley y pruebas espurias.
Desde noviembre de 2023 cuando el Congreso Nacional, de una manera polémica, nombró a Johel Zelaya como Fiscal General, este ente operador de justicia emprendido una cacería de políticos vinculados a diversos delitos de corrupción, pero sin tocar a los de partido Libertad y Refundación (Libre), quien lo coloco en el cargo, ni a los militares que boicotearon el proceso electoral interno realizado en marzo de este año.
Además, desde marzo a la fecha, la fiscalía mantiene un feroz asedio contra las autoridades electorales, tanto de Consejo Nacional Electoral (CNE) así como de las del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). La embestida se volvió tan evidente internacionalmente que en una entrevista dada a LA PRENSA, en julio de este año, Ana María Méndez, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la judicialización del proceso electoral para entramparlo.
Ahora, ante el contexto actual, la misión de la OEA “hace un llamado a las instituciones hondureñas, especialmente a los órganos de justicia, a que garanticen la seguridad de todos los funcionarios electorales contra cualquier persecución derivada del ejercicio de sus funciones. Cualquier acción que ponga en peligro la confianza del pueblo en la democracia debe cesar de manera inmediata”, dice el comunicado.
La MOE/OEA, en su segundo comunicado, manifiestÓ haber “observado también acciones y declaraciones, prácticamente diarias, que generan Incertidumbre y desestabilizan el proceso electoral. En este sentido, la Misión insta a todas las fuerzas políticas a enfocar sus esfuerzos de forma constructiva a favor de la democracia hondureña. Adicionalmente, la Misión considera fundamental que las Fuerzas Armadas de Honduras brinden apoyo técnico a la autoridad electoral, como lo han realizado en procesos electorales anteriores, de acuerdo con la Constitución de la República”.
De igual manera, la comisión expresó que continuará dando seguimiento a la implementación de las actividades relativas a este proceso electoral y contará con un amplio despliegue en todo el territorio nacional para las elecciones generales del 30 de noviembre.
Una posición oportuna
De acuerdo con la exrectora universitaria, Julieta Castellanos, el comunicado de la misión de observación electoral de la OEA es oportuno y contundente. “La misión expresa ahí la preocupación que tenemos los hondureños conscientes sobre los riesgos del proceso electoral. La misión ha hecho una lectura correcta de la utilización de los órganos jurisdiccionales para interferir de manera obstructiva el proceso electoral”, sostuvo Castellanos.
Ella criticó que el Ministerio Público se haya convertido en un instrumento de persecución política. Basta observar las acciones que ha hecho. Lo último contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, diputados a quienes les fueron activados casos, investigaciones a funcionarios de gobiernos municipales de la oposición política, en este caso del Partido Liberal, recordó.
Por otro laso, criticó que el Ministerio Público no ha hecho ninguna acción contra el narcovideo, donde aparece Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro recibiendo dinero de narcotraficantes. Otro caso es el video en el cual se escucha a José Carlos Cardona, entonces ministro de Sedesol, con la diputada de Libre, Isis Cuéllar, hablando de cómo usaban el dinero del fondo del diputados del Congreso para obras sociales en la campaña electoral.
Castellanos cuestionó que la Fiscalía tampoco se ha interesado en investigar las denuncias sobre el uso de los recursos Fondo Departamental, llamado ahora Fondo Social, tampoco hay indagaciones de obras las obras realizadas en diferentes departamentos de país donde esos recursos. “Con estas acciones el Ministerio Público ha quedado a descubierto de la utilización política partidaria de esta institución” condenó.
Castellanos también recordó la exigencia de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional, para que el Ministerio Público actúe de oficio en lo que a él le conviene; igualmente esta el caso de la Dirección Policial de Investigación (DPI) haciendo decomiso de documentos y, por último, ha entrado la Corte Suprema de Justicia, nombrando un tribunal para que revise la solicitud de antejuicido de dos magistrados.
Para ella, por como van las cosas, el comunicado de la misión de la OEA es oportuno, porque se está percatando en tiempo real de todas las prácticas abusivas y obstructivas del grupo de poder, pero también de quienes nos gobiernan y de los partidos políticos que integran los órganos electorales.
“Nos tienen en una crisis construida, nos tienen en una crisis planificada para poder lograr sus propósitos y creo que es tiempo que los partidos políticos que están en contra de esas prácticas se deslinden y que por alguna vez asuman las decisiones correctas en el país”, señaló.
“Me imagino que otras misiones también están observando lo mismo, ojalá que también se pronuncien porque de eso se trata. No se trata de observadores pasivos que hacen un informe al final después de dos meses, se trata de advertir los riesgos en los que estamos de este proceso electoral”, sostuvo Castellanos.
Entre tanto, el abogado y analista Lester Ramírez es del criterio que dos comunicados de la misión de observadores de la OEA en menos de diez días, uno el 30 de octubre y otro el 4 de noviembre, “no es típico, esto no es normal”.
“Lo que está haciendo la OEA es documentando, haciendo alertas y preparándose para el momento poselectoral en caso de que esta situación se salga de las manos. En caso de conflicto de los resultados, en caso de denuncias de fraude, todo mundo va a esperar el informe de la OEA”, analizó.
Explicó que los observadores de la OEA vienen sin ningún tipo de parcialidad, “solo a revisar que los estándares de integridad electoral se cumplan. En este momento ellos están haciendo un trabajo muy importante pero de manera preventiva”.
Ramírez proyectó que estos informes no solo son importantes para la ciudadanía, para los órganos electorales o para la clase política, estos documentos después son tomados por la comunidad internacional para reconocer a los gobiernos electos. Esto ya nos deja claro que los informes de la OEA y Unión Europea van a tener un rol muy activo en el contexto poselectoral.
Incluso, alertó a los observadores, de que así como está el ambiente podrían haber ataques contra ellos, “porque aquí la estrategia es desacreditar y deslegitimar todo. Van a decir que las misiones están sesgadas, que están haciendo un trabajo para Estados Unidos. Eso porque ellos están con los ojos puestos en estas instituciones que amenazan con entorpecer el proceso electoral a través de algunos de sus liderazgos”.
Oposición en el legislativo
Los diputados opositores también libran otra batalla en el Poder Legislativo buscando imponer lo que manda la Constitución frente a los desmanes del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, cuestionado de ocupar el cargo de manera ilegal, porque no siguió el procedimiento correcto para su nombramiento en enero de 2022.
El pleno del Legislativo determinó el 28 de octubre reciente ampliar el periodo de sesiones hasta el 20 de enero próximo; sin embargo, Redondo, desconociendo la determinación de la mayoría, nombró una Comisión Permanente, integrada por gente del partido en el poder, al cual se unió abandonando el Partido Salvador de Honduras, que lo postuló como candidato a diputado.
En la última sesión del pleno, realizado este martes reciente, los diputados determinaron que al no existir receso legislativo en virtud de la prórroga aprobada, no es procedente ni jurídicamente posible la instalación de Comisión Permanente el 31 de octubre de 2025, ya que "el Artículo 207 constitucional establece que dicha Comisión solo funciona durante el receso del Congreso”.
La resolución 2-2025 establece que la instalación de una Comisión Permanente cuando el pleno ya ha decidido la prórroga de las sesiones ordinarias “no solo significa una grave violación a la ley, sino un evidente abuso de poder de quienes fueron electos como miembros de la junta directiva”.
La mayoría de diputados determinaron que “queda sin valor y efecto la resolución No. 001-2025-CP/CN, emitida por la junta directiva del Congreso Nacional de fecha treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No 36, 981 del treinta y uno de octubre de dos mil veinticinco, por carecer de eficacia jurídica al contravenir una resolución emitida por el pleno del Congreso nacional”.
Asimismo, los congresistas fueron claros en señalar que todo el proceso de conformación e instalación de una Comisión Permanente y todo lo acordado por el pleno del Congreso Nacional implican responsabilidad.
Le recordaron al Ministerio Público que los cargos de los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) son inamovibles por rango constitucional y que su suspensión o separación solo puede producirse mediante resolución del pleno de este Congreso. Esto basado en las denuncias realizadas por varios diputados sobre que el objetivo de la Comisión Permanente era destituir a la consejera Cossette López.
También ordenaron enviar una comunicación a la Corte Suprema de Justicia recordando que ese poder del Estado es independiente, pero la ley establece un procedimiento específico cuando se trata de procesos penales contra altos funcionarios. El artículo 416 del Código Procesal Penal indica que el pleno de la Corte Suprema de Justicia son los que deben elegir a uno o varios de sus magistrados para que se encarguen de conocer y llevar adelante el proceso penal.
