Tegucigalpa, Honduras.- El espionaje telefónico y violación a la privacidad previo al proceso electoral genera preocupación e incertidumbre sobre el posible uso de esta medida como herramienta de amenaza y coerción.
Luego de la comparecencia del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, ante el Ministerio Público (MP), las opiniones, especialmente en contra, no se hicieron esperar.
El motivo de la presencia del funcionario en el MP fue la entrega de un dispositivo USB que, según él, contiene diversos archivos de audio que incriminan en acciones punibles a una de sus compañeras consejeras, junto con un jefe de bancada de uno de los partidos políticos tradicionales en el Congreso Nacional.
"Está situación del espionaje telefónico aquí en este momento es preocupante porque se agrede, se dice aquí tengo lo hace públicamente y la otra situación es que no se da cuenta que está a relevo de pruebas están las frases de él (Marlon Ochoa)", cuestionó el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (Codeh), Hugo Maldonado.
Sostuvo que "esto solo es para darle dilatoria a la incertidumbre electoral que tenemos para el 30 de noviembre, todos estamos llamando a ejercer el sufragio, todos estamos haciendo el esfuerzo para que la población llegue allí. Mire la actitud del concejal, mientras las otras dos consejeras estaban en otro sector, él haciendo su propia fiesta".
La sospecha es latente en la ciudadanía y aún más entre los conocedores del derecho, quienes se preguntan: ¿cómo obtuvo esos audios Marlon Ochoa? Si fue mediante una escucha telefónica sin autorización judicial, el consejero estaría incurriendo en un delito grave.
Leonel Núñez, abogado en derecho penal, señaló que "el procedimiento del Ministerio Público debe ser de manera objetiva. Desde el momento que hay audios, esa es una prueba ilícita, es una prueba totalmente sin ningún valor, porque no existe una garantía de ser verdadera".
Núñez explicó que es una prueba sin fundamento "en virtud de que los audios -en todo caso- deben ser extraídos de manera directa del aparato telefónico y para eso debe haber una orden judicial para poder intervenir en una llamada telefónica; desde ahí sabemos de qué ese medio de prueba es ineficaz para poder acusar a una persona".
Para los entrevistados, el ente acusador del Estado, mediante la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (Uecde), debe inadmitir la denuncia e investigar cómo y por qué el consejero del CNE, Marlon Ochoa, obtuvo esos audios.
La diputada del Partido Liberal, Maribel Espinoza, expresó: "Si han grabado ilegalmente y sin orden judicial, eso es delito, eso es claro, si han intervenido comunicaciones telefónicas sin orden judicial, es delito".
De acuerdo con la parlamentaria, lo que Ochoa y el Partido Libertad y Refundación (Libre), "lo que están haciendo es queriendo distraernos de lo fundamental, y lo fundamental es: vamos a elecciones el 30 de noviembre, les guste o no les guste porque el pueblo de Honduras quiere elecciones".
La nueva crisis dentro del CNE se genera a menos de 40 días de las elecciones generales y podría causar atrasos en el proceso electoral.
Con la nueva denuncia presentada, Marlon Ochoa acude por segunda vez al Ministerio Público contra una de sus compañeras de pleno. La primera ocasión fue cuando acusó a Cossette López y Ana Paola Hall de delitos de traición a la patria, en medio de la crisis que mantuvo paralizado el órgano electoral por más de un mes.
Ante las acusaciones de Ochoa, quien no precisó si los audios están vinculados a la consejera Ana Paola Hall o Cossette López, las aseveraciones del representante de Libre fueron calificadas por López como "un delito confeso".
Los audios presuntamente en poder de Marlon Ochoa vinculan a una de las consejeras, según él, en una conspiración postelectoral.
