Tegucigalpa, Honduras.- La solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y el hostigamiento del que ha sido objeto la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, ha generado un amplio debate que involucra a organizaciones civiles, religiosas y actores del sistema judicial.
La Plataforma Defensores de Honduras calificó como “improcedente” y “sin fundamentos” la acción promovida por el ente acusador contra los magistrados Miriam Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia del TJE, a quienes se les señala por el presunto delito de prevaricato judicial.
“El Ministerio Público ha promovido un antejuicio totalmente improcedente y carente de fundamento jurídico, pretendiendo criminalizar a dos magistrados que actuaron en estricto apego a la Constitución de la República, la Ley Electoral y los principios democráticos”, manifestó la organización.
Sostuvo que “el actuar del TJE, el 27 de octubre de 2025, fue plenamente legal, legítimo y necesario para garantizar la continuidad del proceso electoral, en un contexto donde el magistrado Mario Morazán, junto a otros actores políticos, se negaron a cumplir su deber y pretendieron paralizar el Tribunal con fines claramente partidarios”.
La plataforma también acusó al Ministerio Público de actuar fuera de su competencia y de servir a intereses políticos, al afirmar que “el MP encabezado por un fiscal general claramente alineado al partido de gobierno, se está prestando al juego político del Partido Libre, buscando atemorizar, paralizar y cooptar a las instituciones electorales para impedir que el pueblo hondureño ejerza su derecho al voto libre”.
Incluso consideró que el antejuicio debería dirigirse contra el magistrado Mario Morazán, “por su negativa deliberada a integrar el pleno del TJE”, así como contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, y la Comisión Permanente del Congreso Nacional, a quienes acusó de “usurpar funciones”.
“Honduras se encuentra ante un momento decisivo. El pueblo debe saber que existen fuerzas que buscan evitar las elecciones, imponer el miedo y silenciar la independencia judicial”, concluyó la organización.
Posición de los pastores
En medio del clima político, la Asociación de Pastores de Tegucigalpa (APT) emitió un pronunciamiento en el que manifestó su rechazo a cualquier intento de interrumpir el orden democrático o de sabotear las elecciones.
La APT instó a los líderes políticos a evitar convocatorias a manifestaciones públicas que puedan generar inestabilidad en el país.
“Los más de cuatro millones de evangélicos en Honduras ejercerán su derecho al voto en un proceso transparente y no reconocerán a ningún gobernante que no surja de la elección popular. No duden que seremos garantes como auditores sociales”, afirmó la organización.
Defensa
Según el Ministerio Público, el 27 de octubre los magistrados Flores Urrutia y Barahona Rodríguez resolvieron “de manera irregular” una recusación interpuesta en el marco de la apelación sobre la no inscripción de Jorge Cálix y Cristian Villalobos como candidatos a diputados, sin la participación del tercer magistrado propietario ni la convocatoria de un suplente.
En respuesta, el abogado Oliver Erazo, defensor de los dos magistrados, aseguró que la solicitud es “una acción al margen de la ley, absolutamente inconstitucional, violentando principios del derecho internacional”.
“Puedo decirle a la población hondureña, con toda la certeza jurídica, que es una solicitud de antejuicio al margen de la ley”, expresó Erazo.
El profesional del derecho también retó al Poder Judicial: “Vamos a esperar que se active el debido proceso, si es que el Poder Judicial se atreve a darle trámite a una solicitud absolutamente descabellada y sin fundamentos”.
Acción judicial
La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, nombró ayer el tribunal que conocerá el caso, integrado por los magistrados Aida Patricia Martínez Linares, Felipe René Speer Laínez y Luis Alonso Discua Cerrato, afines al Partido Libre, Liberal y Nacional, respectivamente.
La Corte determinó que el tribunal tendrá tres días para emitir su resolución, por lo que se espera un fallo a más tardar el viernes.
El antejuicio, según el Código Procesal Penal, es una garantía constitucional que impide procesar a altos funcionarios sin autorización judicial previa.
