Tegucigalpa, Honduras.-La presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, nombró la tarde de este martes un tribunal para que conozca el proceso en contra de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Miriam Barahona Rodríguez y Mario Flores Urrutia.
El tribunal designado está integrado por los magistrados de la Corte de Apelaciones: Aida Patricia Martínez Linares (afín a Libre), Felipe René Speer Laínez (Partido Liberal) y Luis Alonso Discua Cerrato (Partido Nacional).
Además de la conformación del tribunal que lleve el caso, la titular del Poder Judicial estableció este martes que tendrá solo tres días para llegar a una resolución, por lo que la misma se estaría conociendo a más tardar el día viernes.
Los dos magistrados del TJE son señalados por el delito de prevaricato judicial, según la solicitud del Ministerio Público, que los acusa de emitir resoluciones contrarias a la ley ordenando al Consejo Nacional Electoral (CNE) la inscripción de los candidatos a diputados Jorge Cálix, por el Partido Liberal, y Cristian Villalobos, por el Partido Nacional, esto sin la participación del tercer magistrado propietario ni la convocatoria de un suplente.
El antejuicio es un procedimiento legal especial, o una garantía constitucional, que protege a ciertos altos funcionarios públicos de ser detenidos o sometidos a un proceso penal ordinario sin una autorización previa de una autoridad competente, en este caso la Corte Suprema de Justicia.
Magistrados denuncian persecución e intimidación
Ante el proceso en su contra, el magistrado Flores Urrutia sostuvo que el antejuicio no tiene fundamento legal, ya que sus resoluciones y las de su colega se emitieron conforme a la ley. “No nos arrepentimos de aplicar la ley. No vemos si es Cálix, Pedro o Juan, simplemente cumplimos con lo que manda la normativa electoral y constitucional”, manifestó.
Denunció además que la solicitud de un antejuicio por parte del Ministerio Público busca “asaltar y dar un golpe a las instituciones electorales”, atentando contra la independencia del TJE. “Honduras quiere paz y democracia, y este antejuicio representa una instrumentalización del Estado”, advirtió.
“El Ministerio Público está obedeciendo directrices del Ejecutivo. Hay una persecución marcada y dirigida contra quienes no se someten a intereses políticos o ideológicos”, denunció.
