Tegucigalpa, Honduras.- Pasadas las elecciones del 30 de noviembre y ante la derrota irreversible del oficialismo, ha comenzado una ola de despidos en el gobierno, varios denunciados como venganza política.
Las primeras notificaciones de rescisión se comenzaron a conocer el lunes 8 de diciembre en el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Cientos de trabajadores fueron comunicados formalmente vía un escrito impreso que su contrato laboral con Banadesa terminaba justo ese día. Se desconoce si los burócratas eran afines a otros partidos y no a Libertad y Refundación (Libre).
Habiendo efectuado el proceso de aviso, se les pidió en el mismo documento que debían de devolver "cualquier material, documento y equipo de trabajo de esta institución al que haya tenido acceso y se le haya entregado durante el periodo de vigencia de su contratación".
Para cerrar, el acostumbrado mensaje de agradecimiento por las labores realizadas durante el tiempo que formó parte de la institución. Además, de que sus prestaciones laborales y salariales correspondientes serán liquidadas dentro del tiempo establecido para este fin.
Publicación en Facebook
Unos días después, la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Honduras (CPEH), Julia Benítez, denunció el despido injustificado de una de sus compañeras enfermeras, cesanteada sin una causa justificada.
Se trata de Mirian Vásquez, una enfermera del Programa Madre Canguro del Hospital Escuela (HE), quien días después de celebradas las elecciones generales escribió un mensaje en su cuenta personal de Facebook, en el que hizo alusión a la pérdida de Libre.
"Es lamentable esta situación. Hasta este momento nosotros solamente tenemos conocimiento de esta colega. Hacemos un llamado al gobierno central que si otra persona se encuentra en esta situación, podamos hacer la denuncia respectiva, porque ese inaudito que se esté violentando el derecho a la libre expresión", explicó Benítez.
Así como Vásquez publicó el mensaje cuestionando al partido de gobierno, hay millones de hondureños que lo han hecho, "entonces, ¿dónde está el derecho a la libertad de expresión? A la libertad de que yo pueda manejar mis redes sociales, a la libertad de mi integridad", se preguntó Benítez.
La enfermera Vásquez entró al sistema de salud para laborar durante la pandemia del covid-19, hace casi cuatro años, y en enero de 2025, a raíz de un acuerdo que se hizo con la Junta Directiva del CPEH y la Secretaría de Salud, le dieron su nombramiento permanente.
"Cuando ella se apersona a las autoridades de Recursos Humanos en la Secretaría de Salud, le enseñan las capturas de pantalla de su perfil de Facebook. Esto es inaceptable, o sea, es una clara violación a nuestros derechos", criticó la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería.
En migración
Otra de las entidades estatales en las que ya se ha iniciado los proceso de destitución es el Instituto Nacional de Migración (INM). Trascendió extraoficialmente que se han dado expulsiones de empleados con casi 16 años de antigüedad, es decir, que ingresaron en 2010, en la administración del expresidente, Porfirio Lobo Sosa.
Hasta la semana pasada, los despidos no habían sido comunicados de forma escrita y con sello del director del INM, Wilson Paz, si no que únicamente mediante notificaciones internas por otros empleados.
Se conoció que se han realizado varios cambios en distintas oficinas del INM, a nivel nacional, pero que esas remociones de empleados no pondrán en riesgo las operaciones de la institución, en especial las vinculadas a todas las aduanas y puntos fronterizos de Honduras.
