Empleados de RNH víctimas de despidos injustificados y violación a derechos laborales
Los empleados fueron trasladados a la Secretaría de Planificación sin reconocerles antigüedad, los pusieron a prueba como si fueran trabajadores nuevos y luego los despidieron
- 27 de julio de 2025 a las 00:00
Tegucigalpa, Honduras.- En una acción considerada inhumana e ilegal, que cuenta con el conocimiento de Casa Presidencial y la Secretaría de Planificación Estratégica (SPE), violentan los derechos laborales, sobre todo de antigüedad, a 12 empleados de Radio Nacional de Honduras (RNH), entre ellos uno en estado crítico de salud.
Así, el Ejecutivo busca deshacerse de este grupo de empleados —periodistas y técnicos— con acuerdos de permanencia y con tiempos de entre 20 y 35 años de laborar en esa emisora estatal. Ante los abusos cometidos los afectados ya interpusieron su denuncia ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y se preparan para llevar su caso ante los tribunales de justicia laboral.
Desde la década de 1980, el personal de esta emisora lo ha manejado distintos entes gubernamentales; primero pertenecieron a la Secretaría de Prensa de la Presidencia, luego a la desparecida Secretaría de Cultura Artes y Deportes y en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) pasaron al Ministerio de la Presidencia, sin embargo, ningún gobierno atentó contra su derecho al trabajo.
Los cambios siempre se realizaron mediante un decreto ejecutivo o PCM respetando los derechos laborales y la antigüedad, sin embargo, estos empleados a partir del 3 de marzo de 2025 comenzaron a enfrentar una situación de marginamiento y hostigamiento, una vez que Casa Presidencia los trasladó a la SPE diciéndoles verbalmente que gozarían de todos los derechos laborales.
No obstante, el 28 de abril, fueron sorprendidos cuando les llegó una acción del personal de Servicio Civil notificándoles que desde el 3 de marzo estaban en periodo de prueba, a pesar de que ellos tienen acuerdo permanente desde las décadas de 1990 y 2000.
En la nueva acción de Servicio Civil, a cuál pertenecían desde que se les dio su nombramiento permanente hace muchísimos años, a los periodistas y técnicos se les cambió el cargo a diseñadores gráficos, un puesto que nada tiene que ver son su formación profesional.
El que se les colocaba en periodo de prueba como si fueran empleados nuevos, sin garantizarles la antigüedad laboral; los afectados lo consideraron como un despido indirecto.
El ataque se volvió más virulento el 30 de abril, cuando Carla María Ávila Brevé, subgerente de recursos humanos de la Secretaría de Planificación, les entregó la nota de despido.
“Por este medio se le notifica que con fecha 1 de mayo del año 2025 se ha resuelto dar por finalizada la relación laboral que mantenía con esta secretaría de Estado, bajo nombramiento por acuerdo administrativo, en condición de periodo de prueba”, dice la comunicación.
Sin embargo, como la cesantía abarcaba a empleados de otros medios de comunicación del Estado, que de inmediato amenazaron con una revuelta, el caso llegó a los oídos de la presidenta Xiomara Castro quien de inmediato ordenó a la SPE dejar sin valor y efecto tales despidos.
Ante la decisión de la gobernante, a Ávila Brevé no le quedó otra alternativa que comunicarles a través de WhatsApp a los despedidos que “por orden de la presidenta Iris Xiomara Castro, las notificaciones emitidas el día de hoy miércoles 30 de abril de presente año, respecto a la terminación de la relación laboral por encontrarse en periodo de prueba, quedan sin valor y efecto”.
Pero la incertidumbre no terminó ahí para estos empleados, ya que al no existir un PCM de Casa Presidencial que establezca que su traslado a la Secretaría de Planificación se realiza con el goce de todos los derechos laborales; seis de estos trabajadores, entre ellos dos no videntes, enfrentan dificultades en el trámite de su jubilación a la cual ya tienen derecho.
Incluso uno de los dos empleados no videntes está complicado de salud y por negligencia gubernamental no puede acceder a los fondos de su jubilación.
Además, el hecho de que Casa Presidencial haya trasladado este personal a la Secretaría de Planificación sin un decreto ejecutivo pone en riesgo el derecho de jubilación de todos los afectados, a quienes todavía ni siquiera se les ha pagado el decimocuarto salario correspondiente al 2025.
Nadie les da respuesta
Ante su situación, los empleados le han solicitado a las autoridades de Casa Presidencial, así como de la Secretaría de Planificación, incluso al mismo expresidente Manuel Zelaya Rosales, esposo de la presidenta Castro, que les definan su situación legal de traslado, pero ninguno les ha dado respuesta.
EL HERALDO buscó la versión de Casa Presidencial, pero uno de sus funcionarios que pidió no revelar su nombre dijo extraoficialmente que: “Eso es con Planificación Estratégica, no tengo nada de conocimiento del tema, quien sabe es Planificación porque ellos son los que llevan el trámite”.
Este funcionario dio la misma respuesta que les ha dado a los empleados afectados quienes han buscado respuesta en Casa Presidencial y Planificación Estratégica sin obtener ninguna.
El 11 de julio reciente, le enviaron una nota a Ricardo Salgado, ministro de la SPE, donde le piden que les resuelva su situación legal de traslado ya que “no hemos recibido ningún documento que nos avale nuestra antigüedad lo que por ley nos corresponde, porque hemos estado bajo el régimen de Servicio Civil, ahora la nueva Administración Nacional de Servicio Civil”.
En el punto dos estable que "el boucher de pago emitido por SEFIN en un mes se nos reconoce la antigüedad y en otros se nos ha violentado nuestro acuerdo con el puesto laboral que hemos mantenido".
Mientras que en el punto tres dicen que "no se nos ha pagado lo que por ley nos corresponde el Décimo Cuarto Mes de salario”.
“No podemos solicitar vacaciones y algunos ya llegamos a dos periodos vencidos", dice en el inciso cuatro, mientras que el cinco, seis y siete detalla que "no se ha hecho efectivo el pago de vacaciones. No hay una constancia de trabajo con antigüedad por lo que no podemos solicitar créditos personales. La cesantía de nuestros compañeros no se ha dado curso y uno de ellos está muy delicado de salud”.
“Consideramos que la palabra de la Señora Presidenta de la República Xiomara Castro no se ha respetado porque hay instrucciones que este problema ya debería estar resuelto. Acudimos a usted porque de los mandos intermedios no hemos recibido una respuesta positiva y el tiempo avanza”, precisa la nota.
Incluso, a través de un mensaje por WhatsApp estos trabajadores de la comunicación le pidieron a Zelaya Rosales ayude a resolver la situación laboral. Él les respondió: “Tiene que tramitarlo con el administrador: tengo voluntad pero no tiempo para hacerle trámites”.
Ante la decidida de un gobierno del que ellos esperaban que respetara los derechos humanos, los empleados de Radio Nacional de Honduras ya tienen una línea de acción para denunciar los abusos del poder ante los tribunales de justicia laboral, así como para recurrir a la denuncia internacional.
