El Congreso Nacional está por iniciar el segundo período de sesiones de la tercera legislatura con un balance negativo en algunas de sus actuaciones.
Pese a que el Congreso Nacional que dirige Juan Orlando Hernández asumió el eslogan “Moderno, cercano y transparente”, el órgano legislativo está distante de serlo, sostienen los opositores al régimen.
Según las unidades de monitoreo de organizaciones de la sociedad civil acerca de la actividad legislativa, la imagen del Congreso Nacional se ha deteriorado por la costumbre de aprobar leyes a la carrera y a puertas cerradas.
El último escándalo en que se vio envuelto el Legislativo fue la semana anterior, cuando se descubrió la existencia de un decreto mediante el cual el Congreso autoriza una donación de un lote de chatarra a una empresa particular.
Dicho decreto fue aprobado a puertas cerradas para que no trascendiera la ilegalidad, puesto que la ley prohíbe que los bienes del Estado sean donados a particulares.
El beneficiario de la donación, el investigador científico Agustín Perdomo, al darse cuenta de la situación incómoda en que lo metieron un par de congresistas que promovieron el polémico decreto, se presentó la semana anterior para entregar a las autoridades del Congreso una carta en la que renuncia a dicha donación.
Otro de los escándalos que señalan las agencias de monitoreo de la actividad legislativa es la aprobación a mata caballo del decreto 259-2011, que contiene la segunda modificación del contrato de concesión de los aeropuertos de Honduras, consistente en ampliar hasta el año 2040 el manejo de los aeropuertos a la compañía InterAirports y a su vez contenía un aumento a la tasa aeroportuaria.
Este “trancazo aeroportuario” tuvo que ser derogado a raíz de que el presidente Lobo Sosa no lo sancionó.
El CN también tuvo que retroceder anulando el decreto 252-2011, que contiene el contrato para instalar, operar y transferir los servicios de control de identidad de pasajeros internacionales que arriben o salgan de Honduras tanto en las aduanas terrestres como aéreas, creando un “tasón” aduanero de 34 dólares por salir y entrar al país.
El diputado Wenceslao Lara, incluso, presentó una denuncia ante la Fiscalía para que se investigara ya que tales decretos fueron aprobados en forma ilegal sin contar con el quórum correspondiente.
Igualmente, se generó un escándalo cuando se denunció que varios artículos de la Ley de Racionalización del Gasto Público, el tercer “paquetazo”, fueron trastocados por la comisión que se encargó de redactar la versión final del decreto. El CN tuvo que enmendar el escándalo mediante una fe de erratas en el diario La Gaceta.
Asimismo, cuando a puertas cerradas el Congreso aprobó la prohibición de dos hombres en moto, se denunció que dicho decreto fue modificado a espaldas de los diputados.
La “mano peluda” del Congreso le agregó la colita de que una mujer o un menor de edad sí podían circular como segundo pasajero.
Este decreto estaría siendo ampliado en su vigencia durante esta semana en que se reanudan las sesiones.
El golpe energético que hará historia
En el período legislativo de Juan Orlando Hernández, el Congreso aprobó uno de los más fuertes “golpes” asestados al pueblo hondureño.
Aprobaron una emergencia energética que durará 16 años al autorizar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) la compra de 100 megas de energía a base de diésel durante los primeros 14 meses y el tiempo restante a base de gas natural.
Este polémico contrato ha sido irrespetado por ambas partes. Los oscuros pasajes del mismo y la defensa casi personal de esta negociación por parte del exgerente de la ENEE, Roberto Martínez Lozano, provocaron su caída.
El CN aprobó más de 50 contratos de energía limpia y apenas uno ha comenzado a funcionar.
