Tegucigalpa, Honduras.- Rechazo y críticas por parte de la oposición y diferentes sectores generó la propuesta del Poder Ejecutivo de presentar con “carácter de urgencia” un proyecto de ley para resarcir económicamente a los afectados por las operaciones de la empresa Koriun Inversiones y acusan al gobierno de Xiomara Castro de utilizar recursos públicos para cubrir lo que califican como una “estafa privada”.
El presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), Marcio Sierra, confirmó que el Ejecutivo enviará al Congreso Nacional una iniciativa para que se utilicen fondos del Estado en la atención a los más de 35,000 afectados. La propuesta, según Sierra, se hace como "gobierno sensible a los reclamos e injusticias”.
El conflicto gira en torno al uso de fondos estatales, en un caso que la CNBS confirmó que Koriun Inversiones no estaba autorizada para captar dinero del público, ni regulada por el sistema financiero nacional.
Para la oposición, esto refuerza el argumento de que el Estado no tiene responsabilidad directa, mientras que el gobierno insiste en que el impacto social de los afectados justifica la intervención.
El proyecto de ley aún no ha sido oficialmente presentado ante el Congreso, pero se espera que llegue en los próximos. Las opiniones divididas de las diferentes bancadas en el Legislativo hará que su aprobación o rechazo dependa de intensas negociaciones políticas.
En conversación con EL HERALDO, Marcio Sierra aseguró que el proyecto continúa en elaboración y que aún no se tiene una fecha exacta para presentarlo al Legislativo. “A nosotros solo nos pidieron elaborarlo y seguimos trabajando en él”, afirmó.
El funcionario indicó que, por ahora, desconoce tanto el monto total como el procedimiento específico que contendrá la polémica normativa. Sin embargo, adelantó que la ley será pública una vez sea aprobada por el Congreso Nacional.
Controversia
Ante esta acción, las reacciones no se hicieron esperar. Diputados de los partidos Nacional, Liberal y diferentes sectores señalaron que el proyecto puede presentar un peligro para los recursos estatales y que es contrario a las leyes. Incluso, algunos sugirieron que se trata de una estrategia política de cara al proceso electoral de 2025.
En la misma línea, el exprecandidato presidencial liberal, Jorge Cálix, cuestionó que “mientras el gobierno no hace nada más que encubrir a los verdaderos responsables de Corium, ¿por qué nuestro dinero tiene que servir para pagar a los que salieron estafados?”.
Además, El diputado Marlon Lara calificó como una “ilegalidad” la eventual aprobación del proyecto de ley de emergencia. “Si se aprueba en el Congreso, estaríamos legalizando una ilegalidad. ¿Y cómo vamos a legalizar eso? Todas esas son explicaciones que debemos dar al pueblo hondureño”.
Por su parte, la diputada María Antonieta Mejía adelantó que la bancada del Partido Nacional no respaldará el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, al considerar que implicaría la comisión de un delito.
“Desde ya, sabiendo que se va a utilizar el erario público para pagar una deuda privada, eso constituye un delito en el que estaríamos incurriendo todos los diputados”, advirtió Mejía.
Además, la diputada Johanna Bermúdez consideró que esta iniciativa tiene un trasfondo político, ya que, a su juicio, el partido Libertad y Refundación (Libre) no tiene posibilidades de ganar en el departamento de Cortés en las próximas elecciones generales.
La congresista nacionalista, Leda Pagán, opinó que “antes de tocar el erario público deben dar un informe de ese dinero y explicar como fue posible introducir 69 mill en la banca sin conocer su procedencia”.
A criterio de la parlamentaria, Francis Argeñal, “se debe agotar la vía judicial, el pueblo Hondureño no tiene por qué pagar con sus impuestos los actos delictivos de nadie”.
Argeñal también retó a la presidenta Xiomara Castro utilizar los fondos de la partida confidencial o 449 para los afectados.
Otros sectores
El expresidente de la CCIC, Eduardo Facussé, pidió la renuncia del titular de la CNBS, Marcio Sierra, por impulsar y afirmó que “rechazamos estos arreglos fuera de la ley y de forma”.
Hugo Maldonado, presidente de la Comisión de Derechos Humanos (Codeh), advirtió que la aprobación del proyecto de ley “podría traer consecuencias a quienes respalden esas decisiones en el futuro. La justicia podría perseguir a los diputados si aprueban una ley orientada a pagar esos capitales involucrados en actividades ilegales”.
El abogado penalista Kenneth Madrid consideró que “aunque lo quieran revestir de legalidad, si eso va al Congreso a que emita un decreto para poder dar el dinero a estas personas, es totalmente incorrecto”, opinó Madrid.
Según expertos, cualquier intento del gobierno de usar fondos públicos, aún con base legal en beneficio de los hondureños afectados, se enfrentará no solo a la crítica de diferentes sectores, sino también a posibles acciones jurídicas ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sentar un precedente legal peligroso.
En vilo más de 5,000 inversores del occidente
La incertidumbre agobia a los socios de Koriun Inversiones en la zona occidental del país.
La desesperación de los aportantes es palpable, ya que no ven los fondos que invirtieron para ganar más. Solo en esta región más de 5,000 comerciantes confiaron su patrimonio y ganancias, para quedarse luego sin nada.
Las oficinas de Koriun en Copán y Santa Bárbara siguen sin rendir cuentas, mientras en Choloma lo hacen a medias.
Entre la zozobra EL HERALDO pudo dialogar con los afectados para ver de primera mano la necesidad de una respuesta y también vivir las manifestaciones de los dañados. Con la CA-4 bloqueada, los caficultores, comerciantes y familias que vendieron propiedades o usaron remesas para invertir protestaron con lágrimas y se enfrentaron a los agentes de la Policía Nacional.
“Nos cerraron las oficinas en La Entrada sin explicación, nadie nos da la cara”, reclamó un vocero.
Los manifestantes exigen la presencia del Ministerio Público, ya que los remiten a Tegucigalpa, dificultando el acceso a la justicia.
Y al unísono los afectados explicaron que los “quieren dejar fuera de toda información, aquí en Copán solo hasta el jueves comenzamos la huelga porque se dio a conocer que no nos están tomando en cuenta. Las oficinas que estaban en La Entrada las cerraron sin explicación”.
En Santa Bárbara, más de 2,000 socios enfrentan una situación similar. Aunque se les pidió entregar documentos para gestionar la devolución del dinero, la información es confusa y cambiante.
“Solo estuve un mes, metí 20,000 lempiras y recibí apenas 2,000 lempiras por semana. Aquí venía gente de varios municipios”, dijo una mujer, quien confesó que llegó a Koriun a través de una hermana que depositó en Choloma.
Hasta hoy los inversores solo tienen la promesa de que el Estado les pagará sus fondos. Los afectados planean más protestas y acudir al MP en Tegucigalpa en busca de respuestas y asesoría legal sobre sus casos.
