Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a dos jueces naturales para conocer la solicitud del expresidente Juan Orlando Hernández de levantar la alerta migratoria vigente en su contra y las diligencias preparatorias relacionadas con una investigación por corrupción en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).
El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, explicó que la primera designación responde a una petición de la defensa de Hernández para retirar la alerta migratoria que permanece vigente desde 2022.
La medida se remonta a abril de 2022, cuando el exmandatario fue detenido en Honduras tras una solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Estados Unidos.
En abril de ese año, Hernández fue detenido en Honduras luego que el Gobierno estadounidense solicitara su extradición por cargos relacionados con el narcotráfico. Posteriormente, fue extraditado y, en 2024, un tribunal estadounidense lo condenó a 45 años de prisión.
Sin embargo, en diciembre de 2025, el exmandatario recuperó su libertad tras recibir un indulto del presidente estadounidense Donald Trump.
La defensa sostiene que la alerta migratoria debió quedar sin efecto una vez que se concretó la extradición; según sus abogados, la medida continúa vigente, por lo que solicitaron a la CSJ que gestione formalmente su retiro ante el Instituto Nacional de Migración.
Duarte explicó que la alerta fue dictada por un juez natural en el marco del procedimiento de extradición, y debido a que ese expediente fue tramitado ante la CSJ, corresponde a esa instancia designar al funcionario judicial que conozca la solicitud de la defensa.
Diligencias de Sedesol
La segunda designación corresponde a una solicitud del Ministerio Público (MP) para que un juez natural conozca diligencias preparatorias relacionadas con una investigación sobre el manejo de recursos de Sedesol, que involucra a los diputados de Libertad y Refundación (Libre), además de exfuncionarios de esa institución y otras personas.
Una investigación de EL HERALDO documentó que candidatos, dirigentes y otros integrantes de Libre figuran entre los receptores de ayudas sociales gestionadas por diputados y exdiputados de esa organización política. Sin embargo, algunas personas cuyos nombres aparecen en registros oficiales aseguraron que entregaron sus documentos para acceder a los beneficios, pero nunca los recibieron.
Las presuntas irregularidades se enmarcan en un universo de casi 224 millones de lempiras gestionados ante Sedesol entre 2023 y 2024 para financiar becas, cupones de alimentos, obras sociales e infraestructura menor.
El portavoz del Poder Judicial explicó que la solicitud del Ministerio Público está relacionada con las actuaciones investigativas que desarrolla el ente acusador en ese expediente; con la designación, un juez natural conocerá las diligencias preparatorias solicitadas y determinará las actuaciones que correspondan conforme a sus competencias.
