Tegucigalpa, Honduras.- La evolución tecnológica y la masificación de las plataformas digitales en Honduras han transformado los entornos escolares, trasladando las agresiones fuera de las aulas tradicionales y exponiendo a los menores a modalidades de acoso mucho más sofisticadas y destructivas.
Ante este panorama, el Congreso Nacional someterá a debate una profunda reforma a la legislación vigente sobre acoso escolar, debido a que el marco jurídico actual resulta insuficiente para contrarrestar los ataques perpetrados mediante nuevas herramientas tecnológicas.
La normativa que regula esta materia fue introducida en el año 2014, contemplando únicamente definiciones básicas sobre el acoso escolar físico, psicológico, verbal y un concepto elemental de cibernética.
Doce años después, los vacíos legales de ese texto normativo dejan en la total desprotección a miles de estudiantes que son víctimas de montajes digitales hiperrealistas y de campañas de difamación orquestadas en redes sociales mediante perfiles clonados.
"Nosotros estamos pidiendo que se amplíe ahorita a ciberacoso con inteligencia artificial, con suplantación de identidad digital y también por motivos de género", detalló Fernando Castro, diputado proyectista de la reforma legal.
El núcleo de la iniciativa parlamentaria apunta a la tipificación de conductas delictivas modernas, como la alteración de imágenes o videos falsos creados mediante algoritmos informáticos para simular actos que los menores jamás cometieron.
Los parlamentarios alertan que las redes criminales y los propios compañeros de aula recurren de manera recurrente a la creación de montajes de contenido íntimo o comprometedor para extorsionar, humillar y segregar a las víctimas por orientaciones de género.Para garantizar la aplicabilidad de las reformas y no dejar el proyecto en una simple declaración de intenciones, el dictamen propone modificaciones estructurales en el sistema de educación pública hondureño.
La pieza legislativa estipula de forma vinculante la creación inmediata de una unidad especializada adscrita a la Secretaría de Educación, cuyo personal técnico e investigativo se encargará exclusivamente de monitorear, recepcionar y canalizar las denuncias tecnológicas en las escuelas.
"Entonces, estamos pidiendo que se cree una unidad especializada dentro de la Secretaría de Educación que esté viendo estos casos", argumentó Castro.
A la par de la estructura operativa, el estamento legal contempla la constitución de un fondo especial de financiamiento progresivo y aleatorio proveído por el Estado, destinado a la atención integral de la comunidad escolar afectada.
El proyectista defienden que los esfuerzos gubernamentales no deben enfocarse únicamente en castigar de forma punitiva a los infractores, sino en estructurar programas obligatorios de rehabilitación psicológica para detener los círculos de violencia sistémica.
La urgencia de aprobar el paquete de reformas, el cual consta de un extenso documento de 24 páginas de modificaciones a la ley preexistente, se sustenta en el alarmante incremento de los índices de mortandad juvenil vinculados al acoso.
Investigaciones de alcance global referenciadas en el Congreso revelan que las tasas de suicidio infantil experimentaron un crecimiento superior al 20% durante la última década, una realidad de la que Honduras no es ajena debido al escalonamiento de la violencia en el sistema educativo nacional.
"Ante el ciberacoso era una foto que difundían. Una niña dándose un besito con otro niño, pero hoy en día pueden crear por inteligencia artificial dos personas que se están besando que en la verdad nunca se han besado", contextualizó el legislador.
El abordaje integral del problema plantea el establecimiento de una corresponsabilidad estricta entre el personal docente y las asociaciones de padres de familia dentro de los hogares de la República.
El entorno parlamentario reconoce que, si bien los valores morales se cimentan en el seno familiar, el tiempo de permanencia de los alumnos dentro de los centros escolares convierte a los colegios en el principal filtro de detección temprana para evitar traumas de largo plazo.
La formulación técnica del nuevo estamento legal no fue un esfuerzo aislado de la cámara de diputados, sino el resultado de mesas de trabajo multidisciplinarias que se extendieron durante varios meses.
En el diseño de los artículos participaron activamente representantes de Cáritas de Honduras, jueces de la infancia, y especialistas jurídicos que validaron la viabilidad penal de las sanciones propuestas.
"No queremos derogarla, queremos que todas las sugerencias que nosotros damos sean añadidas a la ley ya existente", enfatizó el diputado.
