La Fiscalía contra la Corrupción ya elaboró un anteproyecto de requerimiento fiscal por irregularidades en la construcción de la pista aérea de El Aguacate, ubicada en Catacamas, Olancho.
Las investigaciones efectuadas confirman abusos y despilfarros en este proyecto.
Por tal razón, la Fiscalía contra la Corrupción prevé interponer requerimiento fiscal en contra de un funcionario y un exservidor público.
En representación de los intereses generales de la sociedad, el Ministerio Público proyecta presentar la acusación en contra de Bayardo Pagoaga, exviceministro de Soptravi y actual director ejecutivo de la Corporación Centroamericana de Aeronavegación (Cocesna), por suponerlo responsable de los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Asimismo, el anteproyecto de requerimiento fiscal incluye al exministro de Soptravi, José Rosario Bonano, por el delito de abuso de autoridad.
Los ilícitos se habrían cometido en perjuicio de la administración pública.
Según los antecedentes, “la presente causa inició mediante denuncia de oficio abierta el cuatro de junio de 2010, a raíz de supuestas irregularidades que se dieron en el proceso de selección, adjudicación y manejo de fondos en el mejoramiento del aeropuerto El Aguacate, ubicado en las cercanías de la ciudad de Catacamas, departamento de Olancho, por parte del entonces secretario y subsecretario de Soptravi, José Rosario Bonano y Bayardo Pagoaga, este último en la actualidad se desempeña en el cargo de presidente ejecutivo de Cocesna”, cita el anteproyecto.
La Fiscalía contra la Corrupción profundizó la investigación del informe que en su momento le remitió el Tribunal Superior de Cuentas, que concluyó en indicios de responsabilidad penal.
En espera
La Fiscalía logró recabar evidencias para acreditar la comisión de los delitos y la presunta responsabilidad en los mismos.
Tras individualizar responsabilidades, el MP inició, en agosto pasado, el trámite para el despojo de la inmunidad de Pagoaga. La solicitud se envió al Consejo Directivo de Cocesna, en Guatemala.
El MP aún no tiene una respuesta, que espera recibir a través de Cancillería. “Nosotros vamos a seguir requiriendo que ellos (Cocesna y Cancillería) nos envíen (una respuesta) las solicitudes presentadas por el Ministerio Público para poder tomar una determinación real del ejercicio de la acción ante los órganos jurisdiccionales”, expresó el fiscal especial contra la Corrupción, Henry Salgado.
La Fiscalía confía recibir una respuesta positiva a la brevedad para ejercer la acción penal. En caso de no recibir una contestación, la Fiscalía contra la Corrupción interpondrá el requerimiento fiscal cuando culmine la gestión de Pagoaga en Cocesna y ya no tenga inmunidad.
Según la investigación, el despilfarro asciende a unos 15 millones de lempiras. Por su parte, el TSC inició un proceso para individualizar responsabilidades de tipo civil y administrativo contra Pagoaga.
