Tegucigalpa, Honduras.- En las últimas horas el medio de comunicación argentino Infobae informó que el alcalde de Tocoa (Colón), Adán Fúnez, se reunió con uno de los sicarios involucrados en el asesinato del ambientalista Juan López.

Infobae asegura tener un informe y testimonios de una fuente del Poder Ejecutivo y otra del Poder Judicial sobre el caso de López, quien fue acribillado en la noche del 14 de septiembre de 2024 cuando salía de una iglesia ubicada en la colonia Fabio Ochoa.

“Según dice un funcionario del Ejecutivo hondureño al tanto de las investigaciones que habló con Infobae bajo condición de anonimato por seguridad, los primeros testimonios recabados indican que Fúnez se reunió con el sicario horas antes del asesinato, que ocurrió en horas de la noche cuando el ambientalista salía de un servicio religioso”, indicó el medio sudamericano.

Cabe recordar que el 25 de septiembre, 11 días después del asesinato contra el también regidor de la municipalidad de Tocoa, reconoció las autoridades de la Policía Nacional y de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) le solicitaron las grabaciones de las cámaras de vigilancia de su residencia.

“Lo que hubo fue una visita de la Policía Nacional, con agentes de la ATIC y fiscales. Me habían solicitado un video de la fecha 14 de septiembre de las 7:00 a.m. a las 10:00 p.m. Ellos hicieron presencia a la casa de habitación y me solicitaron que querían llevarse el CPU para hacer vaciado”, explicó Fúnez ese día en que se allanó su vivienda.

Por otro lado, Infobae agregó que tuvo acceso a una fuente del Ministerio Público, quien le aseguró que Óscar Alexis Guardado Alvarenga, uno de los acusados por el asesinato contra López “ha pedido un juicio abreviado, lo que significa que aceptará su culpabilidad y podría brindar información sobre el crimen; los fiscales, sin embargo, no han aceptado esta posibilidad hasta no tener información extraída de los teléfonos celulares que decomisaron a los detenidos”.

Guardado Alvarenga fue capturado el 4 de octubre de 2024, mismo día en el que se arrestó a Lenin Adony Cruz Munguía. Además de estos dos sujetos, fueron detenidos un día después Daniel Antonio Juárez Torres y y Keldon Samir Martínez Velásquez. Según la Policía Nacional, existen suficientes pruebas científicas que los vinculan en el crimen contra Juan López.

“En el caso del ambientalista López, las pesquisas apuntan a una mafia política encabezada por el alcalde Fúnez, nombrado en el expediente de investigación como la persona que contrató a los sicarios que dispararon en contra de López y lo mataron. Por ahora, el político sigue libre” finaliza la publicación de Infoabe.

Horas después de la publicación de Infobae, el edil de Tocoa se pronunció aseverando que es delicado que este medio se le acuse “con supuestos”, recordando que él llega a comparecer cuando las autoridades lo requieren.

“Yo ni siquiera sé quiénes son. Si los he visto es porque han salido en los medios de comunicacion cuando los capturaron, pero yo nunca ha tenido ningún acercamiento con este tipo de personas”, declaró Fúnez en una entrevista con Noticieros Hoy Mismo.

Por otro lado, consideró que existe el escenario de que él al ser un funcionario público que está presente en distintas reuniones, escenario en el cual las personas pueden tomarse fotos con él y posteriormente hacerlas públicas, pero aseveró que “eso está lejos a decir de que yo he planificado o me reunido para planificar un hecho criminal y tan abominable que ha conmocionado a toda la comunidad nacional e internacional”.

“Es cuestión de que presenten las pruebas”, sentenció López cuando se le consultó si pagó a los criminales para llevar a cabo el asesinato contra el ambientalista.

López además de su compromiso por proteger la naturaleza, también es recordado por ser miembro del partido Libertad y Refundación (Libre) y miembro del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCP) donde luchó contra la instalación y operación de una mina.

También se opuso al megaproyecto “Monstruo de siete cabezas” que consiste en la instalación de dos minas, una generadora termoeléctrica, tres pozos y una peletizadora que afectaría a la cuenca del río Guapinol.

Debido a este rol como ambientalista, López tenía medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2023 a raíz de amenazas de muerte que recibió.