En el Congreso Nacional se encuentra en proceso de dictamen la ley para la creación de la Superintendencia de Investigación y Combate de la Responsabilidad de los Funcionarios del sector Justicia.
El proyecto de ley lo introdujo la noche del martes el diputado Rodolfo Zelaya, en el marco de un paquete de medidas del Poder Legislativo encaminadas a depurar la Policía y ejercer control y vigilancia de los operadores de justicia, como jueces y fiscales.
Según el proyecto de ley, estarán sujetos a la investigación de la Superintendencia -que podrá actuar de oficio o por petición de cualquier persona- todos los miembros de la carrera policial, funcionarios judiciales, fiscales y de la Procuraduría General de la República, a quienes se les asegurará el goce de las garantías del debido proceso.
El Congreso ya aprobó una ley para separar la oficina de asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad y crea la oficina de investigación y evaluación de la carrera policial, decreto que entró en vigencia esta semana.
Otra iniciativa tiene que ver con la interpretación de los párrafos segundo y último del artículo 274 de la Constitución de la República, para facultar excepcionalmente a las Fuerzas Armadas para que pueden ejercer funciones policiales con carácter temporal, en situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes.
Los militares también podrán participar en forma permanente en la lucha contra el narcotráfico y, además, cooperar en el combate al terrorismo, tráfico de armas y crimen organizado, a petición de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, dice la propuesta legislativa.
El proyecto presentado por el diputado Zelaya establece que la superintendencia se encargaría de adelantar con independencia las investigaciones de la conducta de los funcionarios y empleados del sector justicia.
Se crea como un instituto público, descentralizado de la administración pública, con autonomía y patrimonio propio para vigilar los procesos investigativos de los órganos internos de cada institución, e incluso podrá asumirlos por sí mismo cuando lo considere necesario. Contempla que cuando la investigación involucre a las autoridades superiores de las instituciones la investigación se realizará por una comisión ad hoc nombrada por el presidente de la República.
La iniciativa de ley establece un procedimiento especial que conduce la Corte Suprema de Justicia.
Superpoderes
El presidente de la República se convierte en un todo poderoso para depurar a policías, jueces y fiscales. Estos plenos poderes son similares a los que pidió al Congreso Nacional Óscar Álvarez Guerrero para depurar los policías corruptos, algo que le costó la separación de su cargo.
Según el proyecto, el presidente de la República presidirá la junta directiva de la institución y podrá nombrar y destituir a su director ejecutivo, además de investigar a los operadores de justicia, identificándose a estos como la Policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Procuraduría General de la República.
Esta Superintendencia controlará asimismo a los trabajadores de la Dirección de Asuntos Internos, la Inspectoría General de Juzgados y Tribunales y los órganos internos de contraloría de los operadores de justicia.
De igual manera, el proyecto de decreto contempla que el secretario de Seguridad, un subordinado del presidente de la República, integre la junta directiva de la Superintendencia referida.
Entre sus atribuciones tiene la de servir de instancia de revisión ante la negativa de las instancias internas de investigación -o de autoridades superiores de sus respectivas instituciones- a realizar determinadas investigaciones.
También debe crear efectivos espacios para que la población denuncie las conductas improcedentes de los funcionarios y empleados del sector Justicia.
El instituto lo presidirá el mandatario de la República en su calidad de presidente de la junta directiva. Será integrada por el presidente del Poder Judicial, el ministro de Seguridad, el fiscal general de la República, el titular de la Procuraduría General de la República y un representante de la comisión legislativa de Seguridad.
