Tegucigalpa, Honduras.-A dos meses de las elecciones generales, Honduras encara un proceso bajo la sombra de la desconfianza ciudadana y la polarización política, de acuerdo a un informe divulgado por la Misión de Estudio y Acompañamiento Prelectoral del Instituto Nacional Demócrata (NDI).
El documento advierte que, pese a algunos avances, persisten riesgos que podrían comprometer la transparencia y credibilidad de los comicios programados para el 30 de noviembre.
El informe, resultado de reuniones con autoridades, partidos políticos y organizaciones de sociedad civil entre el 4 y el 8 de agosto, recogió los principales hallazgos de la misión durante su visita al país.
La delegación fue encabezada por la boliviana Katia Uriona, expresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, y el colombiano Juan Carlos Galindo, exregistrador nacional del Estado Civil de Colombia.
El NDI destacó la necesidad de garantizar la autonomía real del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia, al tiempo que alertó sobre la importancia de prevenir injerencias indebidas de instituciones judiciales y estatales en el proceso.
Como avance, la misión valoró el acuerdo alcanzado en el CNE para implementar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), con respaldo de todas las fuerzas políticas.
Sin embargo, advirtió que el financiamiento electoral continúa siendo un área vulnerable: más del 29 % de candidatos en primarias no rindieron cuentas y el Congreso Nacional aún no aprueba el presupuesto de la Unidad de Política Limpia.
El informe también encendió alarmas por la violencia política. Señala que al menos cinco candidatos han sido asesinados en lo que va del año y que persisten agresiones contra mujeres que participan en política, en un país sin una ley específica para sancionar este tipo de violencia.
La misión advirtió además sobre un aumento de ataques digitales dirigidos a funcionarias y candidatas, lo que, sumado al clima de hostilidad, puede inhibir la participación ciudadana.
En cuanto al papel de las Fuerzas Armadas, el organismo recordó que deben actuar bajo el mando del CNE y mantener absoluta neutralidad, tomando en cuenta las dificultades logísticas registradas durante las primarias de marzo.
El NDI también alertó sobre tensiones en el espacio cívico. Organizaciones de observación nacional denunciaron obstáculos para acreditarse, mientras que periodistas y activistas enfrentan un ambiente de hostilidad y descalificación.
Estas condiciones, advierte la misión, amenazan la transparencia y limitan la contribución de la sociedad civil al proceso electoral.
Pese a los desafíos, la misión insistió en que el consenso alcanzado sobre el TREP demuestra que el diálogo aún es posible y debería replicarse para resolver diferencias de manera pacífica y constructiva.
Entre sus recomendaciones, el NDI pidió a las autoridades electorales emitir regulaciones tempranas para brindar certeza jurídica y tomar decisiones oportunas; al Congreso Nacional, aprobar recursos suficientes para los entes responsables del proceso; y a los partidos políticos, comprometerse con un pacto ético que elimine narrativas de fraude y reduzca el lenguaje de confrontación.
Asimismo, instó a prevenir la violencia, proteger a mujeres candidatas y funcionarias, y garantizar condiciones seguras para la observación ciudadana independiente.
También exhortó a la comunidad internacional a desplegar observadores desde etapas tempranas y respaldar con recursos las iniciativas locales de vigilancia electoral.
“El pueblo hondureño merece elecciones creíbles, pacíficas y transparentes que respeten la voluntad expresada en las urnas”, concluye el informe, al tiempo que reitera la disposición del organismo de acompañar los esfuerzos nacionales en defensa de la democracia.
