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Tegucigalpa, Honduras.- El dinero de los hondureños sigue circulando por rutas opacas, donde Organizaciones No Gubernamentales (ONG) vinculadas a personas investigadas por el manejo irregular de recursos han resultado favorecidas con transferencias del Congreso Nacional a través del Fondo de Administración Solidaria.
Un ejemplo es el Instituto para el Desarrollo Nacional (Idena), una ONG que, pese a carecer de registros actualizados y de estructura operativa activa, recibió al menos ocho millones de lempiras para obras menores financiadas con recursos gestionados por diputados, según una investigación conjunta de EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium.
Detrás de esa acreditación, de acuerdo a reportes del Poder Legislativo, se encuentra Isis Cuéllar, diputada de Libertad y Refundación (Libre) por Copán, recientemente salpicada por un escándalo de presunto desvío de fondos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el caso conocido como “Chequesol”.
Aunque no lo hizo sola. Dentro de este esquema aparece el abogado José Rogelio Sánchez, exsecretario general del Instituto de Formación Profesional (Infop). Fue socio del fundador del Instituto para el Desarrollo Nacional y, durante más de 15 años, representante legal de la ONG.
Sánchez enfrenta un proceso judicial por el caso “Red de Diputados”, un entramado en el que exdiputados y representantes de Organizaciones No Gubernamentales —según la acusación del Ministerio Público— se confabularon para drenar dinero del extinto y cuestionado Fondo Departamental, revivido por el presidente del Legislativo, Luis Redondo, bajo la figura del Fondo de Administración Solidaria.
Un tercer involucrado en el caso de Idena es Salvador Santos Macías, quien se presenta como presidente en funciones de la ONG, aunque su nombre no aparece en los registros de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).
EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium reconstruyeron este entramado tras revisar expedientes de Gobernación, solicitudes de información, bases de datos del Congreso y entrevistas con los involucrados. Lo que encontró fue una estructura sin rostro definido, con apariencia legal, pero operada desde las sombras para mover dinero público.
Así nació Idena y llegó a Isis Cuéllar
El Instituto para el Desarrollo Nacional se fundó el 23 de septiembre de 2004, tras una reestructuración pues en los archivos consta que inició su actividad en 1996, como un proyecto comunitario impulsado por el ingeniero Héctor Antonio Maldonado, quien operaba la organización desde su vivienda-ferretería en la colonia El Sitio, en Tegucigalpa.
Así consta en el expediente SAIP-SOL-SGJD-1744-2025 facilitado por la Dirección de Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Dirrsac) de Gobernación a través de la solicitud de información SOL-SGJD-1744-2025.
Durante años, la ONG tuvo actividad discreta y sin mayor proyección. La situación cambió en 2021, cuando Maldonado falleció por complicaciones por el covid-19. Sus restos descansan en el cementerio Jardines de Paz, donde una lápida de mármol negro cubre su tumba en la aldea Las Casitas, al sur de Tegucigalpa, constató este equipo periodístico.
Desde entonces, Idena quedó inactiva al menos en papeles, ya que no presentó ante Gobernación balance de resultados, reportes financieros ni informe de actividades. Tampoco renovó autoridades ni actualizó su sede.
El último documento oficial —firmado por su vicepresidente, Geovanny Joel Maldonado Núñez— apenas menciona unos talleres artesanales y data de ese mismo año.
Pese a ello, tres años después el nombre de Idena volvió a aparecer en los registros publicados por el Congreso Nacional sobre la gestión del Fondo de Administración Solidaria entre 2023 y 2024.
En el reporte de 2024 se consigna la acreditación de más de ocho millones de lempiras a favor de Idena, pese a que desde 2021 no hay rastro documental de su operatividad y funcionamiento.
Los recursos fueron gestionados por Isis Cuéllar, diputada de Libertad y Refundación (Libre), señalada anteriormente por el uso político del dinero de Sedesol. A través de Cuéllar se gestionaron cuatro proyectos de pavimentación en Copán, con Idena como ejecutor.
Los proyectos contemplaron:
Pavimentación en el casco urbano de San Jerónimo (L1,498,421)
Pavimentación en el barrio La Esperanza de San Jerónimo (L2,148,702)
Pavimentación en el barrio Buenos Aires de Corquín (L1,555,312)
Pavimentación en la aldea Potrerillos, Corquín (L2,997,736)
Aunque en las comunidades los trabajos fueron visibles, no hay constancia documental de su costo real ni del procedimiento técnico seguido. Ninguna institución ha publicado expedientes que detallen contrataciones, planos, supervisiones o auditorías.
Para validar las obras, este equipo solicitó a la Secretaría de Gobernación y al Congreso Nacional copia de las solicitudes, los oficios de aprobación o rechazo y los documentos remitidos a la Secretaría de Finanzas para la incorporación del presupuesto, conforme a lo establece el artículo 71 del Reglamento de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2025.
Sin embargo, al cierre de esta edición, ninguna de las instituciones respondió a las solicitudes de información.
El rastro institucional se limita a los registros publicados por Redondo, donde figura Idena como unidad ejecutora y Cuéllar como gestora. La diputada no respondió a las solicitudes de entrevista.
El abogado detrás de la fachada
Una vez confirmada la transferencia de 8.2 millones de lempiras a una ONG legalmente inactiva, en el equipo surgió una pregunta inevitable: ¿quién estaba realmente detrás de Idena si su fundador y último presidente había muerto tres años antes y su vicepresidente no había vuelto a firmar un solo documento?
Con el expediente en mano, el equipo emprendió camino hacia la colonia El Sitio, en Tegucigalpa, buscando pistas entre los restos de una organización que operaba, según los papeles, desde una vivienda-ferretería. La dirección no era precisa, ya que solo hacía referencia a una calle principal. Luego de más de una hora preguntando de puerta en puerta, un vecino dio con la pista correcta.
“Él era un hombre correcto. Siempre hablaba de ayudar y de hacer algo diferente, aunque nunca me di cuenta de que realmente tuviera una ONG; sí sabía que tenía una ferretería”, relató un amigo de la familia, mientras señalaba una vivienda modesta y la antigua sede de varias reuniones de Idena.
“Después de su muerte, solo quedaron su esposa y su hijo. Nadie volvió a saber mucho de ellos”, añadió, antes de despedirse.
Frente a esa casa, en apariencia cerrada, una mujer mayor salió por la ventana. Dijo ser la viuda de Héctor Antonio Maldonado. Confirmó su fallecimiento, pero no quiso hablar más.
La búsqueda entonces migró a lo digital. A través de portales oficiales, registros públicos y redes sociales, este equipo dio con un familiar directo del difunto.
Sin embargo, de forma respetuosa declinó a referirse del tema, a la vez que pidió guardar respeto por la memoria de Maldonado, en vista que no había ninguna vinculación directa con el caso.
La investigación giró hacia los documentos. Fue entonces cuando emergió otro nombre, el de José Rogelio Sánchez García, último representante legal registrado de la ONG y exsecretario general del Infop.
Su firma aparecía en trámites recientes y su rastro conducía a una historia más compleja. Contactos cercanos a la familia de Maldonado, que pidieron mantener el anonimato, indicaron que en 2020 este le había transferido la ONG a Sánchez.
Sánchez no solo figuraba en los archivos del Instituto de Desarrollo Nacional. También arrastraba antecedentes judiciales por corrupción. Había sido parte de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (Ajopadih), una ONG acusada de operar como canal para el desvío de fondos públicos durante los períodos legislativos 2006–2010 y 2010–2014, en el caso Red de Diputados, según una acusación presentada por el Ministerio Público.
Según expedientes judiciales, Ajopadih recibió al menos 82 transferencias de la Secretaría de Finanzas (Sefin) en apenas seis meses. Según el expediente, un imputado firmó como responsable de la cuenta institucional y se autoacreditó 28 millones de lempiras, además de girar dinero a 26 cuentas particulares, incluyendo las de varios exdiputados hoy procesados.
Aunque el caso de Ajopadih pertenece a una legislatura pasada, las similitudes con el patrón actual de Idena son evidentes. Se repiten los cargos, nombres, estructuras, esquemas y la ausencia total de fiscalización real.
Tras vincular a José Rogelio Sánchez como último representante legal registrado de Idena, EL HERALDO Plus y LA PRENSA Premium rastrearon su oficina jurídica, ubicada en la Plaza Inmaculada Concepción, en Comayagüela. Pero en 2024, el local cerró sin aviso ni justificación. El camino se redujo a una llamada telefónica.
El contacto fue directo. Se le consultó sobre su papel en la ONG, los fondos transferidos desde el Congreso Nacional y la participación de la diputada Isis Cuéllar, promotora de los proyectos ejecutados por Idena.
El abogado se desmarcó de cualquier vínculo actual con la organización.
Esta fue su versión: “No, el señor de esa ONG ya murió. Yo solo fui asesor legal, apoderado legal de Idena. No tengo nada que ver con Idena, porque Idena tiene otros socios. Pero puede abocarse a la Dirrsac, y ahí le van a dar toda la información actual, porque yo la desconozco”.
Señaló, sin dar nombres concretos, que la ONG fue transferida a otra persona: “Don Héctor ya murió, pero ni él ni los hijos tienen que ver en este asunto. La referencia que le puedo dar es de una persona que se dedica a hacer cosas de construcción”.
“No me acuerdo bien, pero lo que sí sé es que a esa persona se le traspasó la ONG. Trabaja en proyectos fuera de la capital, por el occidente. Yo no tengo nada, absolutamente nada que ver con eso de Idena”, declaró.
Aunque evitó profundizar, el abogado dejó claro que la ONG volvió a operar activamente en esta administración, gracias a una supuesta transferencia verbal de control a un nuevo actor, al que describió como “alguien que hace cosas de construcción”.
Sin embargo, tras una larga conversación, Rogelio Sánchez accedió a compartir el nombre y número del nuevo responsable.
Poco después, lo confirmó por mensaje: “Salvador Antonio Santos Macías es el encargado de proyectos Idena”.
El abogado lo describió como un “joven talentoso, con maestría en estructuras”. Y con ese nombre comenzó una nueva línea de investigación.
El hombre de los 8.2 millones de lempiras
Aunque no figura en ningún directorio oficial de Idena, Santos Macías, un ingeniero de 34 años, es quien controla actualmente todas sus operaciones. Él mismo lo confirmó a este equipo periodístico.
No fue nombrado por asamblea, no aparece en actas notariales ni documentos públicos; su poder no es formal.
Santos Macías tiene trayectoria como contratista en instituciones clave como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
En la ONCAE figura como proveedor individual (No. 5859‑2025) y representante de Aerovías Ingeniería S.A. (Proveedor No. 4774‑2024). En 2019 incluso recibió L 200,000 de la Alcaldía del Distrito Central por la supervisión de una obra menor.
Según explicó, asumió el control de Idena tras la muerte de su fundador, por un acuerdo verbal previo: “Conocí al ingeniero Héctor en el despacho del abogado Rogelio Sánchez. Él quería que yo diera continuidad a la ONG. Acepté por respeto, aunque estaba enfocado en mi maestría y mis otros proyectos. Luego de su muerte, tomé el mando”.
Santos Macías detalló que, una vez reactivada, Idena recibió más de ocho millones de lempiras del Congreso Nacional tras la gestión de Isis Cuéllar. “Sí, se recibieron los fondos. Aproximadamente ocho millones. Cuatro proyectos. Es correcto”, afirmó.
Los proyectos a los que se refiere fueron ejecutados en Copán y están vinculados directamente a la diputada Cuéllar, promotora de las obras financiadas con dinero del Fondo de Administración Solidaria.
“Yo soy gerente de proyectos”, aseguró Santos Macías, “y llevo toda la parte operacional. Las obras se realizaron, tengo visita de campo en las cuatro (obras) dentro de dos semanas”.
Sin embargo, hasta ahora no existe ningún expediente público que respalde los costos, planos, contratos ni supervisiones técnicas de estas obras. Todo el circuito fue gestionado a nombre de Idena, sin participación ciudadana documentada y con una rendición de cuentas nula.
Aunque Santos Macías aseguró que los proyectos fueron ejecutados en su totalidad y hay publicaciones de Cuéllar en redes sociales, hay un gran vacío documental y opacidad institucional. Su papel como “gerente de proyectos” no consta en ningún documento oficial de la organización.
Al cierre de esta etapa de la investigación, el ingeniero envió un último mensaje por WhatsApp: “Disculpo no haber podido responder el día de ayer. Me encontraba de viaje y no tuve señal hasta que llegué al hotel. Me gustaría tener más información acerca de lo que están realizando, para evitar inconvenientes más que todo. Me comunico con usted el día lunes. ¡Pase buen fin de semana!”.
Cabe apuntar que en la documentación facilitada por la Dirrsac se menciona que el acta y resolución constitutiva de la ONG no constan en los archivos físicos.
El Informe No. 30-UAC-2025, emitido por el jefe de la Unidad de Archivo Central, señala que no existe documentación sobre la constitución de Idena en las bases de datos digitales ni en archivos físicos. Tras una búsqueda “minuciosa y exhaustiva”, no se encontró rastro documental.
Sin embargo, en uno de los listados de correspondencia aparece una anotación manuscrita que indica: “138 a\147 DECOMISADO POR EL MP.”
Aunque ninguna institución ha reconocido oficialmente una investigación activa sobre la organización, esa observación sugiere que parte del historial de la ONG habría sido incautado por el Ministerio Público.
