Peligroso pandillero se escapó de Támara y fingió su muerte falsificando documentos

Tegucigalpa, Honduras.- Detrás de la inscripción de defunción de un pandillero vivo en el Registro Nacional de las Personas (RNP) hay toda una trama: un hombre que se escapó en 2017 de la cárcel de Támara, una estrategia para evadir la justicia y varios funcionarios públicos coludidos para ayudarlo.

Por este caso investigan a un médico que trabajó el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que recién habían contratado en el Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público (MP) de Tegucigalpa.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus corroboró que el Ministerio Público, a través de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), investiga desde inicios de 2026 si dentro de Medicina Legal existió una colisión del personal.

El caso ha llamado la atención de los hondureños, pues el hombre inscrito como fallecido, aunque sigue vivo, es un integrante de la Pandilla Barrio 18, señalado de 27 asesinatos.

El pandillero, considerado altamente peligroso por la justicia de Honduras, es Jesús Armando Chévez Cruz, cabecilla de la Pandilla Barrio 18, quien se fugó en mayo de 2017 -hace nueve años- del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT).

Consultado sobre el caso, Jorge Galindo, vocero de la ATIC, declaró a este equipo de investigación que todo fue descubierto cuando solicitaron los padrones fotográficos de personas sujetas de interés del MP en alguna investigación.

Allí se dieron cuenta que la foto que aparecía en el sistema del RNP de Chévez Cruz no correspondía con la que el Ministerio Público tenía en un archivo, que evidenciaba que ya había estado en prisión y que había sido condenado por sus antecedentes.

Los fiscales y agentes comenzaron a indagar sobre lo que estaba pasando, detectando que Chévez Cruz suplantó la identidad de otra persona. Ya lo había hecho en otras ocasiones, solo que esta vez fingió su muerte para poder circular en libertad.

Fue entonces cuando comenzó la investigación para esclarecer quiénes lo ayudaron a obtener un acta de defunción estando vivo. Ese delito se suma a los que ya están en su historial: extorsión, tráfico de drogas y otros conexos.

Cuando las autoridades buscaron la información en el RNP se logró detectar que el usuario mediante el cual se efectuó la inscripción del acta de defunción fue el de Julián Moisés Galo Maldonado, un jugador del cuestionado equipo del Registro Nacional de las Personas (RNP), que después se pasó a llamar Real de Minas.

Él habría facilitado el trámite. Este caso expone lo vulnerables que pueden ser los sistemas del RNP y la corrupción en el sistema de justicia, pues no es la primera vez que ocurre.

Este caso es parecido al del narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, quien simuló su muerte y también fue inscrito en el RNP, luego adoptó la identidad de Magdaleno Meza Fúnez, asesinado en 2019 en la cárcel conocida como “El Pozo”, en Ilama, Santa Bárbara.

Galo Maldonado fue capturado el lunes 11 de mayo de 2026 en una operación dirigida por el Centro Antipandillas Transnacional (CAT), adscrito a la ATIC; en su defensa aseguró que no tenía nada que ver con los hechos que les estaban incriminando.

Las investigaciones fueron más allá, porque había que determinar quién extendió el acta de defunción del pandillero y a qué institución pertenecía.

Una fuente, que pidió el anonimato, afirmó a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que todo ocurrió en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), cuando un médico, que ahora labora en Medicina Forense, era el encargado de emitir las actas de defunción.

“El caso se registró antes que el médico fuera contratado en Medicina Forense y él mintió cuando le hicieron las pruebas para entrar a trabajar, porque estaba involucrado en un caso delicado como este”, declaró la fuente.

La línea de investigación de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (Fescco), que también dio seguimiento al caso, condujo hasta el médico, sobre quien ya pesaban indagaciones del Ministerio Público.

La preocupación de algunos funcionarios de Medicina Forense es que las estructuras del crimen organizado estén infiltrando personas que estén ligadas a poderosas estructuras criminales en instituciones gubernamentales.

Un documento en poder de EL HERALDO Plus evidencia que la jefatura de los Laboratorios de Criminalística de Ciencias Forenses solicitó colaboración el 20 de enero de 2026 al personal del departamento de Documentología para realizar una pericia relacionada con el proceso en contra de Chévez Cruz.

A Chévez Cruz se le supone responsable del delito de extorsión y asociación para delinquir en perjuicio de testigo protegido, la seguridad interior del Estado de Honduras y la Constitución, establece el documento.

La evidencia que se remitió para ser analizada fue un sobre de papel manila que contenía en su interior la constancia de defunción No. 033301 a nombre de Jesús Armando Chévez Cruz, además de una certificación de un acta de nacimiento con el mismo nombre.

El análisis buscaba determinar la escritura contenida, la firma y el sello puesto en el acta de defunción, y así comprobar si el procedimiento fue realizado por el médico sospechoso de haber colaborado con el procedimiento.

También se solicitó realizar un análisis comparativo de la impresión del sello húmedo entintado, mismo que se encuentra en la constancia de defunción No. 033301 que fue presentada en el RNP para realizar el registro.

Fuentes afirmaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que dentro de Medicina Forense existe desconfianza debido a que se podría estar filtrando información delicada, o que organizaciones criminales podrían pagar para cometer irregularidades.

Al consultarle a Galindo sobre la investigación en contra del médico, confirmó que, en efecto, se desarrollaron las indagaciones y se comprobó que al galeno le falsificaron sus sellos y sus firmas.

Dijo que el doctor presentó una denuncia por ese mismo caso e incluso se hizo una prueba caligráfica en la que se comprobó que la firma y sello que llevaba el acta de defunción registrada en el RNP no son verídicos.

En ese sentido, los investigadores descartaron la participación del médico, pero no la del empleado del RNP, quien hizo el trámite para que pareciera que el pandillero había sido sepultado en un cementerio de Choluteca, según aparece en un libro de control del lugar.

La intención era inscribir la supuesta acta de defunción en Choluteca, pero como su Documento Nacional de Identificación (DNI) dice que es 0801, de Francisco Morazán, no lo pudieron concretar.

Entonces, fueron a buscar a otro de los imputados, que es un hombre de avanzada edad, quien también fue capturado, procesado y luego quedó con medidas distintas a la prisión, al igual que el exjugador.

EL HERALDO Plus conoció que a través del adulto mayor fue como dieron con el jugador Galo Maldonado, quien se encargó de hacer de forma irregular o atípica la inscripción con el acta de defunción falsa.

Al momento de su captura, Galo Maldonado, quien se desempeñaba como delantero en el equipo de RNP, argumentó que “yo no pertenezco a ninguna pandilla. Yo trabajo para el Registro Nacional de las Personas, soy futbolista, no sé por qué me tienen detenido; pueden irme a buscar a la institución, estuve tres meses asignado (en la ventanilla) en la morgue”.

Al exjugador lo acusaron de delitos de falsificación de documentos públicos y también de asociación para delinquir.

Fuentes del RNP confirmaron a la Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus que el acta de defunción por la que se investigó al médico del IHSS, que luego fue contratado en Medicina Forense, llegó a esa institución, pero el proceso continúa bajo investigación por parte del Ministerio Público.

En todos los hospitales, los médicos llenan las actas y los fiscales tienen que ver si el papel utilizado es original, si el médico es quien firmó el documento, o si el doctor que la hizo dio un falso testimonio.

También se debe analizar si hubo falsificación de alguna acta que emitió el médico. Son muchas las pistas que tiene que investigar los agentes de la ATIC para resolver el caso y determinar si el empleado del RNP lo hizo consciente de que estaba cometiendo un delito.

EL HERALDO Plus le consultó al comisionado presidente del RNP, Rolando Kattan, sobre la vulnerabilidad del sistema de esa institución, quien argumentó que cada vez que suceden esos casos son enviados a inspectoría de la institución y al MP.

“Nosotros no matamos a nadie, por decirlo de alguna forma, y nosotros no le damos vida a nadie. Las personas llegan con un acta de defunción, o con un parte médico de defunción (y) esa parte (corresponde al) médico, la defunción nosotros lo aceptamos y lo registramos”, explicó el funcionario.

Dijo que por eso están buscando instalar un gobierno digital, que permita interoperar directamente entre las diferentes instituciones, para que los nacimientos o defunciones se inscriban en el hospital directamente, permitiendo evitar los papeles.

Consideró que el delito lo comete quien da la certificación falsa y el otro que lo aceptó sin que tuviese toda la documentación legal, pero en esos casos son las áreas de investigación especializadas que deben determinar qué fue lo qué pasó, y si existe responsabilidad de algún funcionario, que se apliquen las medidas legales correspondientes.