Informe: familia Castro Zelaya arrincona a la presidenta

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La Administración del presidente Joe Biden ve a la presidenta Xiomara Castro como una aliada potencial en los esfuerzos para abordar los factores subyacentes de la migración, sin embargo, algunas de las políticas del gobierno hondureño plantean dudas sobre su compromiso de fortalecer las instituciones democráticas, combatir la corrupción, fomentar el crecimiento económico inclusivo, dice un informe del Congreso de Estados Unidos.

En el documento sobre la relación de Honduras y Estados Unidos, con fecha 30 de noviembre de 2023, se describe el entorno político y económico hondureño, las secuelas del golpe de 2009, la administración Castro, la corrupción y Estado de derecho, las condiciones socioeconómicas, de seguridad y derechos humanos, así como las relaciones entre Estados Unidos y Honduras, la asistencia, migración, cooperación en materia de seguridad, presencia militar estadounidense, antinarcóticos, seguridad ciudadana, lazos comerciales, flujo del comercio e inversión, preocupación por los derechos laborales y la inversión.

Honduras enfrenta desafíos internos considerables. Las instituciones democráticas son frágiles, las tasas de crecimiento económico y las políticas sociales son insuficientes para reducir la pobreza generalizada y el país experimenta algunas de las tasas de delitos violentos más altas del mundo.

Estos retos interrelacionados han producido inestabilidad periódica y han contribuido a niveles relativamente altos de desplazamiento y emigración durante la última década.

Solo en 2023, la Patrulla Fronteriza detectó a casi 181,000 hondureños que cruzaban la frontera sin autorización. Las autoridades norteamericanas estiman que solo en el 2022 unas 844,000 personas nacidas en Honduras residían en Estados Unidos.

En el documento se pone en duda los intereses del gobierno de Castro de asociarse con Estados Unidos.

Se recuerda que, en el año fiscal 2016, la administración de Barack Obama trabajó con el Congreso para aumentar la asistencia a Honduras como parte de una estrategia destinada a mejorar las condiciones económicas, de seguridad y de gobernanza en Centroamérica.

Luego, el gobierno de Donald Trump suspendió la mayor parte de la ayuda desde marzo de 2019 hasta junio de 2020, lo que provocó que las agencias estadounidenses modificaran o cancelaran muchas actividades a menos de dos años de su implementación.

Trump negoció un acuerdo que permitiría a Estados Unidos transferir algunos solicitantes de asilo a Honduras en un aparente intento de disuadir la migración irregular y aliviar la presión sobre el sistema de inmigración estadounidense.

No obstante, la administración Biden puso fin a ese acuerdo, antes de su implementación, a principios de 2021. Como parte de su estrategia destinada a abordar las causas fundamentales de la migración en Centroamérica, Estados Unidos ha propuesto asignar cuatro mil millones de dólares en asistencia a la región, de este monto 136.5 millones serían para Honduras durante el año fiscal 2024, con lo cual se busca ampliar los programas de asistencia.

El gobierno de Biden asignó al menos 126.4 millones de dólares en asistencia exterior a Honduras en el año fiscal 2021; un estimado de 169.2 millones para el 2022 y 141.8 millones para el 2023.

Aunque actualmente “algunos miembros del 118 Congreso han acogido con satisfacción los esfuerzos de la administración Biden para ampliar la cooperación con Honduras, otros han expresado escepticismo sobre la eficacia de las actividades de asistencia de Estados Unidos y preocupaciones sobre las políticas de la administración Castro”, dice un resumen -de 23 páginas- del informe.

A medida que el Congreso se apropia de la asistencia extranjera, considera otras leyes y se involucra en la supervisión de la política estadounidense, puede evaluar los acontecimientos en Honduras y el grado en que el gobierno hondureño está cooperando con los Estados Unidos en materia de migración, seguridad y asuntos comerciales, entre otros temas.

De igual forma se narra cómo Castro también ha luchado por forjar una coalición de gobierno en el Congreso, que inició en el 2022 con directivas duales provocando una división en Libre; aunque las facciones llegaron a un acuerdo, el pleno nunca aprobó oficialmente al equipo de liderazgo alineado con Castro, lo que llevó a algunos analistas a argumentar que las decisiones del Congreso podrían estar sujetas a impugnaciones legales.

En noviembre de 2023, una disputa sobre el nombramiento de un nuevo fiscal general amenazó con dividir una vez más al Congreso en facciones rivales. Antes del conflicto sobre el fiscal general, la administración Castro obtuvo apoyo legislativo para partes de su agenda, pero no pudo avanzar en algunas reformas económicas y anticorrupción.

Castro ha tratado de superar la oposición del Congreso llamando a sus partidarios a salir a las calles para demostrar el apoyo popular a su agenda. Al mismo tiempo, su administración ha tratado repetidamente de presentar a la oposición y las críticas de la sociedad civil como ilegítimas.

En mayo de 2023, Castro respondió a las protestas contra su propuesta de reforma tributaria convocando al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad y ordenando una investigación sobre las protestas. En otras ocasiones, grupos de activistas conocidos como colectivos han atacado físicamente a manifestantes y opositores legisladores.

Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción -una organización de la sociedad civil independiente-, huyó temporalmente de Honduras a mediados de 2023 después de recibir amenazas por un informe que criticaba el nepotismo y el clientelismo en la administración Castro.

Se informa que algunos periodistas y activistas de la sociedad civil se “autocensuran por temor a las críticas, el acoso y las represalias por parte del gobierno y sus partidarios”. CID Gallup encontró que el porcentaje de hondureños que aprueban el desempeño de Castro en el cargo cayó del 62% en octubre de 2022 al 36% en septiembre de 2023.

Entre los encuestados en otra encuesta realizada por un grupo de investigación hondureño a principios de 2023, el 60.1% afirmó que la administración Castro no estaba cumpliendo sus promesas de campaña y el 67.6% afirmó que Castro había escuchado “poco” o “para nada” a las demandas de la población hondureña durante su primer año en el cargo.

En cuando a las condiciones socioeconómicas, en el informe destaca que Castro heredó una situación socioeconómica difícil y aunque se identifica a sí misma como una socialista democrática, su administración en general se ha adherido a políticas económicas orientadas al mercado.

Gracias a ello, en septiembre de 2023, la Junta Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI) elogió la “implementación de políticas económicas prudentes” por parte del gobierno de Honduras y aprobó dos acuerdos de financiamiento, por un valor combinado de 822 millones de dólares, para apoyar las reformas económicas e institucionales en Honduras durante los próximos tres años.

En la parte de la lucha contra las drogas el Departamento de Estado afirma que “el gobierno hondureño ha mantenido sus esfuerzos contra el narcotráfico en coordinación con las agencias de aplicación de la ley estadounidenses”, pero dichos esfuerzos se han visto obstaculizados por la falta de una estrategia antinarcóticos integral en Honduras.

La presidenta Xiomara Castro ya está casi a la mitad de su gobierno y no ha logrado cumplir con sus promesas de campaña sobre la erradicación de la corrupción y la llegada de una misión internacional anticorrupción, señala el informe.

Aunque delegaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han visitado el país en varias ocasiones para explorar la viabilidad de una comisión, el gobierno hondureño aún tiene que cumplir plenamente con un memorando de entendimiento de diciembre de 2022.

El Congreso hondureño ha adoptado algunas reformas legales solicitadas en el acuerdo —como el fortalecimiento de las leyes contra el lavado de dinero y los poderes de investigación de los fiscales— pero todavía tiene que adoptar otros, como una ley de negociación de culpabilidad.

Otros obstáculos supuestamente incluyen una ley de 2019 que limita las investigaciones sobre las acciones de los legisladores y una Ley de Amnistía de 2022, que aparentemente tenía como objetivo beneficiar a quienes enfrentaron persecución política después del golpe de 2009, pero que en cambio ha resultado en que los tribunales retiren o revoquen los cargos de corrupción y las condenas contra varios exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009).

Ahora también es probable que el nombramiento de nuevos líderes en la oficina del fiscal general también sea un factor en el proceso de toma de decisiones de la ONU.

Se suponía que el Congreso hondureño seleccionaría un nuevo fiscal general y un nuevo fiscal general adjunto para cumplir mandatos de cinco años antes del 1 de septiembre de 2023, sin embargo, hasta la fecha, el Legislativo no ha podido llegar a la mayoría de dos tercios necesaria para nombrar a cualquiera de los cinco finalistas propuestos por una junta de nominaciones externa, indica el documento.