Por partida de L120 millones sin explicar está inactivo el búnker oncológico

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras los políticos viajan al extranjero en vuelos privados para tratar sus afecciones en clínicas exclusivas, para los pacientes con cáncer de Honduras el tiempo es un recurso que se agota en una sala de espera.

En el Hospital General San Felipe, la millonaria donación de un acelerador lineal de alta tecnología sigue sin salvar vidas. Aunque la administración de Xiomara Castro concluyó la obra física y recibió el moderno aparato, el búnker oncológico permanece inactivo debido a que el equipo —cuya instalación finalizó a inicios de este año bajo el nuevo gobierno— no puede entrar en servicio por la falta de sus componentes operativos esenciales.

De acuerdo con documentos en poder de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, el proyecto original reportó una inversión de 53 millones de lempiras para la obra civil y el sistema eléctrico, más otros 100 millones destinados al equipamiento base del búnker y de otras áreas del hospital.

Sin embargo, la nueva administración del hospital plantea ahora una partida adicional de 120 millones de lempiras para el sistema operativo, sin aclarar con precisión la necesidad de ese monto ni su relación con los 100 millones que el gobierno anterior dejó invertidos y comprobados.

Lejos de disipar las dudas sobre este presupuesto complementario para activar el servicio, la nueva dirección del hospital apenas pudo desglosar el uso de los recursos con una explicación a medias, mientras las actuales autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) se niegan a brindar entrevistas sobre la opacidad de los fondos.

La urgencia de instalar un acelerador lineal en Honduras —un equipo de alta tecnología médica valuado en más de 117 millones de lempiras (3.2 millones de dólares)— no es nueva.

La iniciativa cobró fuerza desde 2018 bajo la recomendación directa de Piedad Huerta Arneros, entonces representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el país. Sin embargo, la propuesta fue engavetada por la falta de voluntad política de las administraciones de turno.

No fue sino hasta el 23 de septiembre de 2022, bajo la gestión del doctor José Manuel Matheu al frente de Salud, que una visita oficial a Europa formalizó los lazos con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Esta gestión aseguró la donación del dispositivo médico, una tecnología indispensable para administrar radioterapia con precisión milimétrica y destruir tumores sin devastar el tejido sano.

El acuerdo vinculante obligaba al gobierno de Xiomara Castro a edificar una infraestructura de alta seguridad radiológica antes de trasladar la máquina desde Viena, Austria, tal como se pactó durante el encuentro de la delegación hondureña con las autoridades del organismo.

La misión fue delegada al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), una cartera liderada inicialmente por Octavio Pineda y posteriormente por Warren Ochoa. El contrato de la obra civil del búnker oncológico se pactó por 43.7 millones de lempiras —de un total de 53 millones de lempiras destinados al proyecto, al sumar una línea de gasto para el sistema eléctrico— y fue adjudicado a la empresa A&V Ingenieros S. de R.L, de acuerdo con el contrato LPN-FHIS-12-2023.

Aunque la orden de inicio se emitió el 10 de octubre de 2023 con un plazo estimado de ejecución de apenas siete meses, el proyecto quedó atrapado en un cuello de botella burocrático y de planificación estatal.

Representantes de la firma constructora, quienes hablaron bajo condición de anonimato, explicaron a la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus que la falta de especificaciones técnicas por parte del Estado obligó a someter la obra a constantes rediseños estructurales durante el primer año.

Al desconocerse la marca del equipo que se recibiría, el Fondo Hondureño de Inversión Social tuvo que improvisar un plano genérico, sostuvieron. "Dieron respuesta de la marca del acelerador en diciembre de 2024. Prácticamente pasó casi un año hasta que dieran a conocer la marca del acelerador lineal (...). El FHIS tenía que hacer un diseño para que cumpliera con cualquiera de las dos marcas de aparatos, ya que la configuración técnica de ellos es totalmente diferente", detallaron.

A la par de los desajustes en el diseño, la obra civil se vio afectada por la irregularidad en los flujos presupuestarios del gobierno. "Hubo un retraso en los pagos", admitieron los ejecutivos de la constructora, aunque aclararon que, a pesar de la asfixia financiera transitoria, el desarrollo no se detuvo: "En ningún momento detuvimos el proyecto, se continuó".

La fundición masiva de las paredes de concreto de alta densidad del búnker se ejecutó finalmente entre febrero y marzo de 2025. El acelerador lineal ingresó a Honduras en octubre de ese mismo año y fue almacenado en las bodegas del Hospital General San Felipe.

Debido a que la maquinaria especializada pesa tres toneladas, la constructora decidió frenar los acabados finales de la losa para evitar daños estructurales durante el montaje técnico, el cual comenzó formalmente el 27 de abril de 2026.

Los portavoces de la empresa negaron categóricamente cualquier señalamiento de negligencia o parálisis injustificada de la obra: "Nosotros únicamente somos encargados de la construcción, no del diseño. El proyecto ha sufrido una serie de cambios (...). El proyecto no está abandonado y tampoco está cerrado en un 100%. Actualmente el porcentaje de avance del proyecto es del 99%".

La entrega física de las llaves por parte de la empresa no significó el cierre financiero del contrato. Según la versión de la firma, el Estado arrastra una mora superior a los cuatro millones de lempiras con la contratista, producto de las órdenes de cambio y modificaciones aplicadas al presupuesto original de 43.7 millones de lempiras.

Pero mientras la constructora espera el pago de ese saldo, el destino de los otros 120 millones de lempiras asignados al proyecto sigue siendo un enigma absoluto para los ingenieros. "Eso lo maneja enteramente la Secretaría de Salud. Nosotros no estamos involucrados en ese proceso", sentenciaron los voceros de la firma.

Asimismo, el acondicionamiento para albergar el acelerador lineal requirió otros dos componentes contractuales gestionados directamente por Salud en 2025, enfocados en el soporte energético del complejo y valorados en conjunto en 9.2 millones de lempiras.

La primera obra, registrada bajo el código de contratación CD-13-2025-SESAL, se adjudicó a la empresa Contratistas Electromecánicos, S.A. de C.V. por un monto de 5.9 millones de lempiras para el suministro, instalación y puesta en marcha del generador eléctrico de respaldo.

El segundo proyecto, registrado como CD-10-2025-SESAL, se otorgó a la firma Ingenieros Consultores y Constructores Electromecánicos (ICCE) por 3.3 millones de lempiras, destinado a las obras de preinstalaciones eléctricas internas en la zona de control de blindaje.

Una vez operativo, el búnker tendrá la capacidad de ejecutar entre 120 y 130 sesiones diarias de radioterapia de lunes a viernes, orientadas a absorber la demanda de más de 900 pacientes en lista de espera a nivel nacional. La fecha para el inicio de estas operaciones permanece sujeta a una serie de justificaciones administrativas por parte de las autoridades del Hospital General San Felipe.

Al ser consultado sobre el retraso en la apertura, el director del hospital, el doctor Edwin Cruz, declinó asumir la responsabilidad de la parálisis y apuntó hacia las transiciones de gobierno. “Este proyecto debió haber estado terminado antes”, afirmó Cruz.

El funcionario describió que la inoperatividad responde a la falta de un presupuesto complementario para adquirir insumos periféricos ordinarios que el organismo internacional no incluía.

“El organismo internacional que nos dona el aparato nos dona exclusivamente el aparato como tal. ¿Qué le queda a la institución? Todo el resto. Es como que tengas un equipo de rayos X: necesitas la máquina de rayos X, pero aparte necesitas la camilla, necesitas la banca y todo lo que se requiere para el funcionamiento del área. Ese es el equipamiento, a eso nos referimos”, detalló, argumentando que debió gestionar una nueva partida de 120 millones de lempiras con el gobierno central.

El director especificó que el principal freno actual es la compra de los fijadores e inmovilizadores corporales para proteger los tejidos sanos de los pacientes. “Solo en fijadores se van más de 8 millones de lempiras. Y eso es lo que nos tiene parados prácticamente”, reconoció, estimando que estas compras postergan la apertura del búnker hasta octubre o noviembre de este año.

Respecto a la documentación y desglose de los 120 millones de lempiras mencionados, Cruz evitó profundizar y remitió la responsabilidad informativa al viceministro de proyectos de la Secretaría de Salud, el doctor José Miguel Castillo.

No obstante, debido a lo raquítico de sus declaraciones, queda bajo una absoluta incertidumbre si esos 120 millones de lempiras forman parte de los 100.8 millones originalmente asignados por el Estado o si corresponden a una partida presupuestaria completamente aislada y adicional.

La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus trató de contactar al viceministro de Salud a través de llamadas y mensajes directos, así como por medio de su equipo de relaciones públicas. Pese a que se les brindó total claridad y una explicación detallada del trabajo periodístico, los colaboradores no lograron ofrecer una respuesta; por el contrario, ignoraron deliberadamente la solicitud del equipo, emulando la postura de silencio del viceministro.

La justificación financiera de la dirección del hospital, sin embargo, entra en contradicción directa con los registros de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras (ONCAE).

De acuerdo con el expediente CD-07-2025-HGSF-SESAL, en manos de la Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus, con fecha del 17 de octubre de 2025, la Secretaría de Salud ya había adjudicado una partida de 100.8 millones de lempiras destinada específicamente a la "Adquisición de equipo médico, sanitario, hospitalario e instrumental para equipamiento del búnker oncológico y diferentes áreas del Hospital General San Felipe y Asilo de Inválidos".

En la documentación no se mencionan fijadores ni inmovilizadores corporales, pero sí equipos y software específicos para el búnker oncológico.

En el mismo documento aparece que un lote de 30 equipos se declaró fracasado, ya que, según la contratación directa, "ninguna de las ofertas presentadas por las empresas participantes cumplió, en su totalidad, con los requisitos técnicos, legales, económicos y financieros establecidos en las Bases de Contratación".

Además, otros 30 más se declararon desiertos debido a que ninguna de las empresas participantes cotizó los más de 30 equipos.

El 18 de mayo de 2026, el doctor Cruz informó a EL HERALDO que aunque el acelerador lineal ingresó al país en octubre del año pasado, su instalación no comenzó de inmediato debido a una deuda millonaria que arrastra el gobierno por la adquisición del equipo.

"Dejaron una deuda de 120 millones de lempiras. No hicieron proceso de licitación, no tenían presupuesto. Entonces, en estos momentos el gobierno, junto con la Cancillería y las autoridades de Salud, están a la carrera consiguiendo esos 120 millones porque la empresa ya trajo el equipo", afirmó el médico.

Sin embargo, la narrativa sobre una nueva línea de 120 millones de lempiras supuestamente exclusiva para el búnker fue rechazada de forma contundente por el Sindicato de Trabajadores del Hospital General San Felipe (Sitrasanfe).

Los voceros del sindicato desmintieron la existencia de una deuda o de un fondo cerrado destinado únicamente para la obra oncológica, aclarando que los recursos están integrados en el presupuesto general de la institución para cubrir múltiples necesidades operativas.

“En cuanto a deudas millonarias, en cuanto a 120 millones, en cuanto al presupuesto, no es un dinero que sea exclusivo para el búnker, sino que hay diferentes áreas del hospital que necesitan también de atención, de renovación y compra de equipo, y que también se está utilizando para esos menesteres”, señalaron los representantes gremiales, añadiendo de forma tajante: “así como una deuda millonaria, no creo que exista”.

El Sitrasanfe puntualizó que, si bien observan voluntad en la actual administración para dar continuidad a la estructura civil heredada de gestiones anteriores —evitando el abandono sistemático registrado en otros centros hospitalarios del país—, el uso de los fondos permanece bajo su estricto escrutinio.

“Nosotros como sindicato sí estamos conscientes de que el pueblo pueblo va a ser beneficiado por este gran proyecto que ha atravesado tres administraciones y que esperamos que esta, pues, lo concluya”, manifestaron los líderes gremiales, recordando que los principales usuarios de esta tecnología nuclear serán personas de escasos recursos provenientes del interior del país.

Sin embargo, la realidad actual dista de ese anhelo: el dinero para el búnker existió en los papeles, pero el proyecto encalló en compras fallidas, deudas cruzadas y el silencio de ambos gobiernos y mientras la burocracia debate los números, un equipo de alta tecnología capaz de salvar vidas seguirá guardado en una bodega.

Al final, el éxito de esta inversión no se medirá por el grosor de sus paredes de concreto, sino por el día en que sus puertas finalmente se abran para dar paso al tratamiento milimétrico que los pacientes con cáncer llevan esperando casi una década.