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Tegucigalpa, Honduras.- El fiscal general Johel Zelaya y el fiscal adjunto Marcio Cabañas Cadillo recibieron incrementos salariales mayores un poco más a 10,000 lempiras mensuales, respectivamente, durante 2025, según los registros publicados en el Portal Único de Transparencia del Ministerio Público.
Los datos examinados por EL HERALDO Plus, extraídos del apartado de Remuneración de Empleados, muestran las subidas salariales de Zelaya y Cabañas Cadillo.
En ambos casos, el aumento superó los 10,000 mensuales, aunque en mayo el beneficiado fue mayor gracias a la retroactividad del incremento.
Zelaya comenzó el 2025 con un salario bruto de 179,238 lempiras, cifra que se mantuvo sin variaciones entre enero y abril. En mayo, su sueldo ascendió a los 200,746 lempiras (21,508 lempiras más que en enero).
Entre junio y septiembre, el pago bajó: el fiscal general percibió un salario bruto de 189,992 lempiras. Aún así, este monto significó 10,754 lempiras más comparado al salario que registró a inicio de año.
En octubre, su ingreso bruto alcanzó 379,984 lempiras, el monto más elevado del período. Esta cifra, que duplica a su salario actual, corresponde al bono anual de vacaciones, informó a este equipo el Departamento de Relaciones Públicas del Ministerio Público.
Cabe mencionar que la presidenta Xiomara Castro instruyó al inicio de su mandato que ningún funcionario debía percibir un salario superior al suyo, fijado en 137,800 lempiras mensuales.
Sin embargo, esa disposición no se aplica al Ministerio Público, un ente autónomo e independiente del Poder Ejecutivo, que define internamente su régimen salarial.
Con este último ajuste, Zelaya acumula ya un aumento de casi 20,000 lempiras desde que asumió la titularidad del Ministerio Público en noviembre de 2024.
En 2024, EL HERALDO informó sobre dos aumentos previos: el primero en enero, cuando Zelaya pasó de 167,103 a 177,903 lempiras. Así como en 2025, en mayo de 2024 el sueldo fue mayor: 187,773 lempiras.
El fiscal adjunto comenzó el 2025 con un salario bruto de 171,780 lempiras, monto que permaneció sin modificaciones durante los primeros cuatro meses del año según los registros oficiales.
En mayo, su remuneración aumentó a 192,393 lempiras, lo que implica un incremento de 20,613 respecto a enero. Este salto salarial marca el primer ajuste significativo en la evolución de sus ingresos.
Desde junio hasta octubre, el salario se mantuvo en 182,086 lempiras, consolidando un aumento sostenido de 10,307 frente al punto de partida.
La progresión registrada mantiene un patrón casi idéntico al del fiscal general, con incrementos coincidentes y montos proporcionales.
De forma acumulada, el incremento salarial a favor de Cabañas ronda los 20 lempiras desde que fue nombrado en propiedad el 28 de febrero de 2024, pues arrancó con un sueldo de 166,176
Por tanto, el ajuste aplicado en 2025 constituye el segundo aumento consecutivo desde que ambos asumieron la dirección del Ministerio Público.
Además de la remuneración, los altos funcionarios del Ministerio Público reciben gastos de representación mensuales que elevan significativamente sus ingresos, lo que revela un componente adicional en su estructura retributiva.
Los montos asignados permanecieron fijos durante el año: Zelaya recibió 68,000 lempiras mensuales y Cabañas 62,000, acumulando 680,000 y 620,000 respectivamente a lo largo del año, cifras que evidencian la magnitud del beneficio institucional otorgado.
En respuesta a la solicitud de información SOL-MP-3290-2025, sobre la razón del aumento durante 2025, el Ministerio Público explicó que los incrementos salariales corresponden a un ajuste retroactivo del 6% aplicado a todos los empleados con sueldos superiores a 17,000 lempiras mensuales, con el fin de compensar el costo de vida.
No obstante, ese porcentaje tiene efectos desiguales: mientras en el personal de rango medio representa menos de 1,200 lempiras, en los puestos jerárquicos —como los de Zelaya y Cabañas— se traduce en más de 10,000 lempiras adicionales cada mes, ampliando la brecha interna dentro de la institución.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo consideró que los salarios altos únicamente se justifican cuando se ven acompañados de eficiencia y resultados tangibles.
“No importa cuánto le paguen a un funcionario si realmente cumple con su función de respetar la Constitución y la ley”, explicó, al señalar que la remuneración debe ser coherente con la calidad del desempeño público.
El jurista añadió que un sueldo elevado debe reflejarse en fortaleza institucional y certeza jurídica.
“Un funcionario debe estar muy bien pagado, pero ese pago debe traducirse en eficiencia y fortalecimiento del Estado de derecho”, afirmó.
Erazo también advirtió que el problema actual radica en que muchos funcionarios reciben altos ingresos sin rendir resultados verificables.
“Se les paga por no trabajar o, peor aún, por ejercer su función de forma politizada, generando caos y daño al país”, sostuvo.