Alertan de politización en el circuito anticorrupción y temen que sea una amenaza

Tegucigalpa, Honduras.- Mientras la directora de la Escuela Judicial, Yessenia Julissa Aguilar, dijo ayer desconocer si su traslado fue un acto de venganza, ciertos abogados sostienen que existe politización en el Circuito de Criminalidad Organizada, Ambiente y Corrupción, lo que representa una amenaza para la sociedad.

Antes de ser nombrada como directora de la Escuela Judicial, Aguilar se desempeñaba como magistrada de la Corte de Apelaciones del Circuito de Criminalidad Organizada, pero mediante oficio 523-SCSJ-2024 fue separada del cargo y en su lugar se nombró al abogado Adán Guillermo López Lone.

En una comunicación telefónica con EL HERALDO, Aguilar manifestó: “Mire que me han pedido que aclare algunas citaciones de la nota”, dijo, refiriéndose a la investigación de este rotativo que evidencia con documentos los movimientos de jueces afines al partido Libertad y Refundación (Libre) en el Circuito de Criminalidad Organizada, Ambiente y Corrupción.

La investigación también detalla que se había dejado rezagado el Sistema de Expediente Judicial Electrónico (SEJE) para la entrega de casos de manera aleatoria a los jueces, pues se comenzaron a repartir manualmente.

“Lo que tengo que referir es que yo desconozco que mi traslado del cargo de magistrada de Corte de Apelaciones hacia la dirección de la Escuela Judicial sea un acto de venganza. No puedo asumir esas circunstancias”, afirmó Aguilar.

Recordó que, inicialmente, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Lizette Ráquel Obando, le preguntó si aceptaba el traslado a la dirección de la Escuela Judicial.

“Ella me indicó que tenía yo las suficientes capacidades para asumir este cargo, lo cual creo que es cierto. Y efectivamente le dije inicialmente que sí, pero de forma interina. Posteriormente, unos meses después se hizo un traslado en propiedad”, comentó.

“Estoy en la Escuela Judicial actualmente como directora y este traslado en propiedad... yo presenté mi recurso de impugnación, lo cual le informé a la señora presidenta y ella manifestó que yo tenía todo mi derecho a impugnar si no estaba de acuerdo”.

Explicó que “el recurso de impugnación está referido a que se aclare también si este puesto de la dirección de la Escuela Judicial es un puesto de carrera y que, por tanto, yo conservaré la inamovilidad de mi cargo”.

Describió que, cuando se creó el Circuito de Criminalidad Organizada y Corrupción, se dieron instrucciones en el acuerdo de que debía implementarse el Sistema de Expediente Judicial Electrónico (SEJE) como un sistema aleatorio, y también se instruyó implementar el Sistema de Gestión de Calidad, lo cual se empezó a aplicar, y ella misma conoció y ejecutó durante el último año.

Aguilar recordó que la presidenta del CSJ mandó varios oficios por medio del SEJE y dio instrucciones para implementar el Sistema de Gestión de Calidad. La directora sostuvo que, en su nuevo cargo, está aprendiendo mucho y que “tengo nuevas experiencias y realmente le diré que estoy optimizando, tratando de optimizar todos los recursos que tenemos en la Escuela Judicial”.

Agradeció “la confianza de la señora presidenta.” La situación de su nombramiento “ha sido precisamente porque no tengo claro en ese nombramiento si ese es un puesto de carrera o es un puesto de confianza. Si es un puesto de carrera, obviamente no está mal para mí, pero si es un puesto de confianza, sí se refiere al tema de inamovilidad”, explicó.

El control del circuito de criminalidad organizada por parte de funcionarios judiciales vinculados al partido Libre activó una alerta entre los abogados sobre los riesgos de persecución política, protección a corruptos y extorsión que pueda generarse desde esa instancia judicial.

Los profesionales del derecho coinciden en que, históricamente, la justicia ha estado en manos de los políticos desde el momento en que se elige a los magistrados de la CSJ y luego continúa la influencia política para colocar jueces afines al poder del momento.

De acuerdo con Rafael Canales, expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), la politización del circuito de criminalidad organizada, así como de otras instancias del Poder Judicial, violenta los principios básicos de la justicia en la búsqueda de la verdad y la igualdad ante los hechos.

"Este tipo de hechos, desde hace décadas, viene generando un riesgo, pero en este gobierno se ha incrementado. La justicia se ha monopolizado y politizado en función de perjudicar personas y ayudar a otras por estrictamente situaciones políticas y no jurídicas, lo que violenta, sobre todo, el debido proceso y las garantías constitucionales establecidas en nuestro marco legal”, analizó.

Pero para Canales, todo tiene una raíz, y en el caso de la justicia es cómo se nombran los magistrados de la CSJ.

“La Constitución habla que los poderes son complementarios y no subordinados, pero desde que un poder, por disposición misma de la Constitución, lo nombra otro poder, que es el Congreso Nacional, desde ahí viene su dependencia".

"Esto es un mal endémico. Así, en Honduras nunca habrá un verdadero Estado de derecho. En este país, el Poder Ejecutivo se impone sobre los otros poderes del Estado e influye, sobre todo, en el tema más importante, que es la impartición de justicia", criticó Canales.

Es del criterio que, cuando un circuito judicial es controlado por el partido en el poder, no hay condiciones de igualdad en la impartición de justicia.

"Aquí hay algunos casos en que se gastan muchos recursos económicos en causas que definitivamente no tienen la relevancia que se les da, pues están enfocadas desde la perspectiva política, únicamente para perseguir al opositor", dijo.

La Carta Magna dice que el fin supremo de la sociedad es la persona humana, pero los homicidios y asesinatos son relegados a un quinto plano, mientras el caso de un opositor goza de toda la atención judicial. Eso también perjudica la credibilidad del sistema de justicia, añadió Canales.

Para el expresidente del CAH, cuando hay control de la justicia, “mucha gente teme levantar su voz por miedo a que le presenten un requerimiento o le busquen cómo presentárselo por alguna falla que tuvo. Todo funcionario público puede ser objeto de un requerimiento o de una investigación”.

Entre tanto, la abogada Jennifer Bonilla sostuvo que el control de cualquier circuito judicial por los políticos en el poder representa un riesgo enorme para la ciudadanía y sus respectivos derechos. Una justicia controlada es una justicia parcializada, donde se condena al menos favorecido y se libera al que tiene contacto político.

"En un juzgado politizado, si el culpable tiene contacto político lo hacen inocente, aunque haya todos los medios probatorios contra él. Eso no es tener una justicia proba, sino una justicia selectiva, a pesar de que la Constitución de la República plantea que en Honduras no existe clase privilegiada", lamentó.

Ella también recordó que la politización de la justicia no es nada nuevo, porque se ha dado en otros gobiernos, y este gobierno siguió con la mala costumbre.

"El problema es que aquí todo es político y el sistema judicial no escapa a ello porque no hay un mecanismo transparente para la elección de los funcionarios judiciales", consideró.

"El problema es que todo es político. Se debería tener un mecanismo diferente para que todo sea por meritocracia. Por ejemplo, hay muchos jueces, operadores de justicia, que no votan en las internas para no darse color por ese mismo punto de la politización del sistema, porque siempre hay una persecución tanto a ellos como empleados o a cualquier persona que vierta una opinión en contra del gobierno en el poder", detalló.

"La selección de los jueces debe ser primero en base a méritos, capacidades dentro de su carrera judicial y no porque es pariente, amigo, o afín al partido político en el poder. Pero eso no ocurre la actualidad, ya que los políticos quieren controlar todo con el fin afianzarse en el poder", criticó Bonilla.

A nivel de jueces y abogados, actualmente hay una enorme inconformidad por la forma en que los funcionarios de Libre en la CSJ se apoderaron del Circuito de Criminalidad Organizada, Ambiente y Corrupción, y temen que se convierta en un instrumento de persecución política o de protección de la corrupción.

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