Un niño, seis violadores: cuatro noches de terror en Jalteva Viejo
EL HERALDO accedió a expedientes administrativos del INAMI que revelan cómo niños en custodia del Estado de Honduras viven un infierno en los centros pedagógicos de internamiento (CPI)
- 03 de febrero de 2025 a las 00:00

Tegucigalpa, Honduras.- En sus miradas oscuras como el profundo averno se dilataron destellos de maldad al ver a su presa totalmente indefensa.
Ellos eran seis —un adulto y cinco adolescentes—, mientras que él solo un niño que no supera los 14 años, muerto de pánico, encerrado en un baño.
El niño solo conocía a sus seis verdugos por los seudónimos, pese a que ya lo habían golpeado una vez.
Entendió, desde que los vio ingresar, uno por uno por la puerta de uno de los módulos, que las intenciones que traían sobre él eran tenebrosas.
Sin embargo, no se imaginó que lo que le pasó esa noche se repetiría otras tres veces más de manera consecutiva, una peor que la otra.
La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus accedió a diferentes expedientes administrativos —que trataron de destruir— que revelan los despiadados abusos contra los menores internos en Jalteva, localizado en Cedros, Francisco Morazán.
Las historias se tejieron con la sangre de inocentes en los centros pedagógicos de internamiento (CPI) Jalteva Nuevo y Jalteva Viejo.
Los menores, al momento de los abusos, estaban bajo custodia del Estado de Honduras -algunos todavía-, lo que no evitó los atropellos.
El responsable directo es el Instituto Nacional para la Atención de Menores Infractores (INAMI), sus autoridades, a diferente escala, conocieron los hechos.
Los funcionarios reaccionaron con varias decisiones y movimientos -despidos, traslados, renuncias- hasta que EL HERALDO Plus mostró que también tenía acceso a los expedientes judiciales.
Los nombres, apodos y direcciones de los involucrados en esta historia han sido modificados para resguardar su integridad física y moral. Asimismo, EL HERALDO Plus omite la descripción de ciertos episodios y código completo de los expedientes para prevenir la reproducción de hechos humillantes y preservar el respeto por las víctimas, según lo disponen los artículos 32 y 85 del Código de la Niñez y la Adolescencia.
Autoridades cómplices
Sus agresores eran seis. No supera los 14 años, él no pudo, sucumbió ante su fuerza y cayó en el suelo, lo arrastraron a un baño y lo obligaron a practicar actos que ningún ser humano debería sufrir.
Esa es la génesis de la escalofriante historia de abusos sexuales y psicológicos contra Arnold —nombre ficticio para proteger la identidad del menor hondureño—.
Originario de un recóndito pueblo, el niño cayó en custodia del Estado por tener conflictos con las leyes.
Arnold se convirtió en esclavo sexual de un adulto conocido con el alias de “Cabra” a finales de 2024.
Con la complicidad de otros cinco adolescentes, este sujeto, supuesto integrante de una pandilla, convirtió la infancia de su víctima en una pesadilla.
Todo lo que se leerá a continuación son los vejámenes que sufrió el pequeño Arnold mientras estaba bajo custodia del Gobierno de Honduras en el centro de Jalteva Viejo.
Este centro de internamiento de menores es dirigido por el INAMI, tal como lo establece el Decreto Ejecutivo PCM-061-2017.
Las autoridades de Jalteva Viejo también están implicadas en la cadena de abusos, al permanecer al tanto de la situación desde el primer incidente y callar.
No solo se llamaron al silencio, también dilataron por casi un mes el proceso de denuncia contra los agresores en una total complicidad.
Los abusos contra el infante están registrados en expedientes administrativos, expedientes judiciales y denuncias ante el Ministerio Público (MP).
En los documentos se evidenció cómo el Estado perdió el control en los centros de internamiento de menores infractores.
Hay niños violados, golpeados, humillados, asesinatos, drogas y alcohol. Todo en pleno conocimiento del Consejo Directivo del INAMI.
Lizeth Coello, titular de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), se ha llamado al silencio ante la terrible situación.
Por su parte, Azalia Espinoza, directora del INAMI, reconoció al equipo de EL HERALDO Plus los hechos denunciados, justificando que la culpa recae en sus subalternos y liberándose de la responsabilidad.
Además, desde que las autoridades descubrieron que EL HERALDO Plus tuvo acceso a los expedientes, procedieron a despedir y suspender al personal involucrado.
El Código de la Niñez y Adolescencia establece en su artículo 181 las garantías que todo niño y niña deben gozar del respeto a sus derechos.
Sin embargo, el INAMI, una institución llamada a garantizar los derechos establecidos en el Código de la Niñez y Adolescencia, falló en sus controles internos.
Terror en Jalteva
A la mañana siguiente de la primera violación grupal, casi todos en el CPI de Jalteva Viejo ya sabían sobre los vejámenes sufridos por el niño Arnold.
Humillado tras los ultrajes, el niño no quería salir del cuarto. Todo empeoró: los compañeros se burlaron de él con un seudónimo degradante que apelaba a los sometimientos de la noche anterior.
El denigrante apelativo quedó registrado en un expediente administrativo del INAMI (cuyo código también se omite para protección de la víctima), formulado por el equipo técnico que reportó los abusos.
Las burlas se volvieron más constantes. Desde orientadores, personal de seguridad y hasta el director escucharon durante ese día, en repetidas ocasiones, el ofensivo apodo.
El día avanzó hasta caer nuevamente la noche en Jalteva Viejo. Por segunda vez, “La Cabra” ingresó con perversas intenciones a las habitaciones de uno de los módulos.
Esta vez llegó con más odio. Sin haber superado el trauma del primer abuso, Arnold volvió a ser ultrajado en un acto grupal.
En un expediente judicial (se reserva el código) consta que hasta el tercer día el personal de INAMI se acercó a Arnold para investigar tras las primeras sospechas.
Las autoridades consultaron si el apodo se asociaba a las agresiones sexuales. El niño no soportó más, contó todo el infierno que vivió.
Entre lágrimas, la víctima relató que “La Cabra” y sus cinco cómplices lo sometieron en los baños y la habitación.
Para desgracia del niño, la denuncia se trasladó a David Maradiaga, director suspendido del CPI Jalteva Viejo, quien engavetó todo.
Pasaron al menos 17 días para que el reporte saliera a la luz y el equipo técnico del centro lo tuviera a su disponibilidad.
En su testimonio a la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Fiscalía, Arnold manifestó “que dichas agresiones sexuales” se cometieron durante cuatro días consecutivos.
“Eso significa que el día que el joven fue abordado por el equipo de orientación y el licenciado (se omite identidad), fue víctima de violaciones”.
Sin embargo, “no se tomaron medidas al respecto ni reportaron al equipo técnico lo que pasaba, por lo cual recae sobre ellos responsabilidad”.
Arnold dijo al fiscal que “desde que salió del módulo (se omite) y fue asignado al módulo (se omite) fue víctima de maltratos físicos”.
Entre los primeros abusos que el niño describió ante el MP es que fue “golpeado por dieciocho segundos por los victimarios”.
Lo amenazaron con “que si decía algo lo golpearían”, recordó en su relato de los hechos el menor, quien detalló cómo y cuándo comenzaron las agresiones sexuales.
Detalló entre nervios, visiblemente afectado, que “esto se repitió por tres días más”.
Contó que “estos hechos pasaban por las noches en el módulo (se omite) entre las siete y ocho de la noche y en una ocasión hubo un testigo”.
Testigo
El niño Arnold guardaba silencio debido a las amenazas, pero otro compañero, al enterarse de lo ocurrido y en desacuerdo con los reprobables eventos, a quien denominaremos “Tato”, decidió informar a las autoridades.
Durante una audiencia, este menor denunció que un día anterior había sufrido una fuerte golpiza, mientras que Arnold había sido sometido por un grupo de compañeros.
El testimonio de este denunciante está en el expediente judicial del caso, en el apartado de “descripción de los incidentes”, que INAMI mantuvo engavetado.
En el documento confidencial se detalló que a finales de 2024 “Tato” fue trasladado a un centro médico público capitalino un día después de haber sido atacado de forma física. Tras regresar del establecimiento médico a Jalteva Viejo, el menor fue llevado a una audiencia por el personal del equipo técnico.
“En este espacio, el joven informó que el día anterior había sido agredido físicamente por otros NNAJ (niños, niñas y adolescentes en conflicto con la justicia), finalizando la jornada laboral”.
“Tato” denunció que Arnold era obligado a practicar actos degradantes por otros menores internos.
El niño identificó a “La Cabra”, el sobrenombre por el cual se conoce a (se omite el nombre), como el autor de los abusos: Fue “obligado a... (se omiten estos detalles)” y los demás jóvenes estaban enterados y molestaban a Arnold con un sobrenombre vejatorio.
Pero apoyar a Arnold le pasó factura a “Tato”, quien acudió a las autoridades para advertirles sobre la enorme posibilidad que lo mataran en el centro.
Ante esto, inmediatamente se levantó un acta en la que se pidió protección para el niño porque estaba en un situación de riesgo.
Sorpresivamente, con la nota en mano y conociendo la causa, el director de ese entonces de Jalteva Viejo no realizó ninguna acción para proteger al menor.
“Manifestó que no se podía proceder a realizar ningún acto disciplinario ya que no había sucedido nada aún, por lo cual no se acusó de recibido el documento”, se detalló en el informe administrativo.
Días después, “Tato” aprovechó su derecho semanal a una llamada para contarle a su papá sobre la golpiza sufrida.
“El señor indignado llamó a las autoridades del CPI Jalteva Viejo, INAMI, abogados y personal para amenazarlos con denunciar”, citó.
La información llegó al director del centro de internamiento, quien, lejos de actuar para ajusticiar el caso, respondió así: “Que denuncien, no es la primera vez que denuncian al centro”.
Se desahoga
La denuncia de “Tato” no pasó desapercibida, al siguiente día un grupo de profesionales planificaron cómo obtener las declaraciones de Arnold sobre el asunto.
“De manera cautelosa para que no se enteren los demás NNAJ y evitar poner en riesgo la integridad física y emocional (de la víctima)”, se citó en el expediente, a raíz de las amenazas que pesaban sobre el menor abusado.
Se debía proceder con pinzas para efectuar la audiencia, pues “se había girado una instrucción de La Cabra a otros jóvenes” para que “permanecieran en las oficinas de personal técnico” con el propósito “de evitar que las víctimas denunciaran cualquier tipo de intimidación, agresión o abuso”.
Al final, los profesionales lograron hablar con Arnold, quien manifestó sobre “todas las agresiones sexuales de las que estaba siendo víctima por los jóvenes”.
En esta intervención, Arnold identificó a cada uno de los adultos y adolescentes agresores.
En la audiencia, supuestamente confidencial, aparecieron de forma sorpresiva dos de los violadores, según se recoge en el expediente administrativo.
“Se acercaron a la ventana de la oficina y amenazaron a Arnold, siendo testigos de las amenazas (nombres omitidos)”, se plasma en el documento.
Esta persona, junto con otro grupo de profesionales, trasladó toda la información recopilada a David Maradiaga en su condición de director del CPI de Jalteva Viejo para que actuara.
También se aproximó “La Cabra”, quien, descontrolado al ver a Arnold en la audiencia, golpeaba la ventana de la oficina gritando a todo pulmón a las autoridades.
“Ni vaya a sacar a ese cipote porque lo voy a matar por sapo”, gritaba el violador desde el otro lado de la habitación, según se consigna en el reporte.
Las amenazas siguieron en un tono preocupante: “Anda poniendo quejas y si lo saca lo voy a agarrar y no es broma, ese cipote es un sapo y los sapos se mueren”.
El informe confidencial detalla que el supuesto pandillero junto con otro compinche “tomaba el balcón bruscamente y daba manotadas a la ventana”.
Preocupado, el responsable de la audiencia increpó a “La Cabra” y, a la vez, le cuestionó sobre cómo estaba seguro que se trataba de una denuncia interpuesta en contra de él.
El adulto le respondió en tono amenazante: “Como le repito, (bajo reserva el nombre), ese cipote es un sapo y mejor no lo saque de su oficina porque lo vamos a golpear”.
Ese día se levantó un informe que plasmaba que el menor “se encontraba en riesgo por amenazas, agresiones físicas y acciones sexuales a la que es sometido a hacer en contra de su voluntad por algunos compañeros del módulo (se omite)”.
Al mismo tiempo se acordó realizar una solicitud para trasladar a “La Cabra” a otro centro, acción que fue oficializada cuatro días después.
El personal también quedó atónito pues el director llevó “varios reportes del área de orientación de las conductas disciplinarias del violador”.
Esos reportes sensibles “no eran en su mayoría del conocimiento del equipo técnico, ya que no constaban en el expediente administrativo del joven y no se le había puesto sanción alguna por su comportamiento”.
A lo anterior se le suma que en el informe se detalló que otros niños del centro habían denunciado con anterioridad más irregularidades y actos sospechosos.
“Observaban que había cierto tipo de preferencias por parte del director a La Cabra”, se detalla en el documento en poder de EL HERALDO Plus.
Incluso, algunos manifestaron que “ellos iban a reportar situaciones en que involucraban a La Cabra y los castigados resultaban ser ellos”.
Pese a todo, el reinado de “La Cabra” continuó. En el informe judicial se detalló que un día después de oficializar la solicitud de traslado del adulto, el violador se vio involucrado en una pelea.
En esa riña “hirió a dos jóvenes y el personal recriminó que por qué si ya había una recomendación al director de mantenerlo aislado”.
El encargado de realizar el aislamiento aseguró al resto del personal que el director nunca pasó la orden, por lo que no era su responsabilidad lo sucedido.
Preocupados, un grupo de profesionales tomó la decisión de viajar a un juzgado de ejecución con jurisdicción de los hechos.
Su visita se destinó “para exponer personalmente el caso del joven ‘La Cabra’ y dejar en conocimiento lo que pasaba en relación a él”.
Un juez recibió al equipo, cuyos integrantes expusieron todo, incluyendo las denuncias de violación. El funcionario judicial quedó impactado por todo.
El juez consultó si ya se había realizado una denuncia formal a la autoridad correspondiente por los actos de “La Cabra” en contra de los niños.
También preguntó si se habían aplicado las sanciones disciplinarias al sujeto problemático y si ya tenían el visto bueno otro centro de internamiento para su traslado.
El informe detalló que hasta ese momento no se había aplicado ninguna sanción disciplinaria contra el denunciado.
Citó que en varias oportunidades le habían pedido al director Jalteva Viejo denunciar ante el MP sobre los abusos sexuales en el centro.
El funcionario respondió, según el expediente, que “en otras ocasiones ya se habían denunciado hechos similares y que el Ministerio Público no hacía absolutamente nada y que esperáramos la respuesta de la juez”.
A pesar de la presión, la denuncia a la Fiscalía no estaba autorizada. Incluso, días después un empleado solicitó ir ese mismo día al MP. Nuevamente, el director se opuso a tomar acciones contra los violadores bajo el argumento que Arnold “ya iba a salir”.
Además, les aseguró formalmente que él mismo ya “había enviado los reportes de la situación a las autoridades superiores del INAMI”.
“La instrucción girada era esperar el visto bueno de la directora ejecutiva Carmen Espinoza, para proceder con la denuncia”, aseguró el director a los empleados.
En ese sentido, se comprobó que desde la dirección del INAMI ya se tenía conocimiento de las atrocidades que ocurrían en Jalteva Viejo.
Se supo que no se actuaba porque la intención de mantener un buen perfil primó antes que frenar las violaciones sexuales contra los menores y actuar contra los responsables.
Un día después, desde el otro centro de internamiento se respondió que se tenía capacidad para recibir a “La Cabra”, quien prácticamente iba trasladado sin denuncias.
Casi un mes después de las violaciones sexuales, la directora del INAMI, Azalia Espinoza, llegó al CPI de Jalteva Viejo.
La directora acudió a unos actos de graduación, donde fue recordada, en una reunión por separado, de los tenebrosos eventos ocurridos en el centro.
Se le recriminó que no habían denunciado ante el MP todo lo que estaba pasando porque faltaba, según el director, su autorización.
La funcionaria respondió que su autorización no era necesaria, pues era deber del director actuar, situación que confundió a los empleados.
Días anteriores, “el director mencionó que teníamos que esperar su visto bueno y la aprobación de la directora ejecutiva para proceder con la denuncia”.
Al siguiente día, el director del CPI Jalteva Viejo no tuvo más opción que autorizar la denuncia ante el MP por los abusos contra el menor.
Finalmente, Arnold denunció de “manera específica todos los hechos, amenazas, agresiones físicas y abuso sexual del que fue víctima”.
El menor relató que hubo testigos de los diferentes episodios, de los cuales uno se atrevió a dar su versión de los abusos que presenció contra la víctima.
“Se encontraba en el módulo (se omite) preparándose para ir a bañarse cuando observó que ‘La Cabra’ y otros NNAJ ingresaron al baño ordenándole que salieran del baño, (...) ingresó a Arnold al baño en contra de su voluntad y le obligó a practicarle” actos degradantes, denunció.
El testigo manifestó que uno de los orientadores “pudo o no haber observado el comportamiento sospechoso por parte de los NNAJ”.
Sin embargo, “el testigo desconoce si el orientador reportó a las autoridades correspondientes”.
En todo caso, todo lo relatado por el testigo coincide con lo relatado por Arnold.
Con el testimonio del testigo se buscó al orientador que estaba de turno el día de esa violación, quien entregó un reporte de lo sucedido.
En el informe especificó que a finales de 2024 —cuatro días después de que empezaron las agresiones contra Arnold— él junto con otro empleado del CPI hablaron con el niño.
Arnold les contó sumamente asustado que “seis de sus compañeros lo habían obligado a (se omiten detalles) en uno de los baños”.
“Cabe mencionar que dicha situación nunca se reportó al equipo técnico, solo al director”, se detalló en el reporte administrativo del centro.
Este reporte fue de conocimiento por el equipo técnico 20 días después, detalló.
El equipo técnico demostró que “ese mismo día que se realizó el escrito de la denuncia que se presentaría”, para avalar las acciones.
El informe deja al director de Jalteva Viejo como cómplice de todos los abusos contra los menores en el CPI.
Con todas las pruebas, por fin después de casi un mes, la denuncia llegó al MP, acusando a “La Cabra” y sus compinches de violación especial contra Arnold.
Un día después de poner la denuncia, “La Cabra” fue sorprendido en uno de los módulos tatuándose uno de los brazos con tinta.
Esa acción derivó en una sanción disciplinaria, la primera contra el mayor de edad que había sido acusado de violación.
Ante esto, “La Cabra” dijo “que, efectivamente, se tatuó su brazo izquierdo y manifiesta que no quiere estar más en el centro”.
El adulto cumplía una sanción privativa de libertad con niños (la ley ordena que un infractor debe cumplir la totalidad de la medida que se le impuso como menor pese a alcanzar durante su sanción los 18 años, según el artículo 180 del Código de la Niñez).
Él dijo “que se le culpa de todo lo malo y que quiere ser trasladado”.
Dos días después se celebró la audiencia de declaración de imputado contra el violador, cuando se determinó que su vida entre niños era incompatible, pues recibir una nueva culpabilidad y ser mayor de edad ameritaba ser enviado a la cárcel de adulto por “violación calificada agravada” (pues si comete un nuevo hecho delictivo tras cumplir los 18 años pasa a jurisdicción de los tribunales comunes, según el mismo artículo 180).
Se confirmó que los otros cinco menores de edad que violaron al niño ya no están en el CPI Jalteva Viejo, tras cambiarles la medida por libertad.
Arnold, por su parte, libró una nueva batalla, pues a pesar de cargar con las violaciones grupales, las autoridades se oponían a su salida.E
scondieron y manipularon información en el CPI Jalteva Viejo para evitar que el niño fuera llevado de regreso con sus papás.
Finalmente, una juez ordenó un cambio de medidas que permitió su liberación inmediata.
El niño vive bajo la sombra de los oscuros recuerdos, amenazado, escondido, todo por la inoperancia del Estado de Honduras.