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Con largas esperas en los hospitales públicos y un alto costo en el sector privado, Chile, un país donde las enfermedades son una doble catástrofe, médica y económica, tiene un sistema de salud que podría, al igual que la educación, llegar a generar protestas, según expertos.
Jaime, conserje en un edificio de Santiago, debe reunir casi 800 dólares porque su mujer requiere operarse las manos, pero con un sueldo de menos de la mitad de esa cifra debió organizar una rifa para juntar el dinero, una práctica usual en Chile.
En Chile, el 16% de la población cuenta con un seguro privado que da acceso a una salud de punta, de alto costo, mientras que unos 15 millones de personas acceden a un servicio público con recursos insuficientes para hacer frente al exceso de demanda, lo que hace que las esperas por una atención sean eternas y en mucho casos tardías.
Los trabajadores de los servicios públicos reclaman además por los bajos sueldos, falta de infraestructura y malos tratos derivados de la sobredemanda.
En la otra cara, los casi dos millones de afiliados al seguro privado o Isapres, si bien reciben una atención de punta deben financiar casi la mitad de las atenciones de sus propio bolsillos.
Con utilidades millonarias obtenidas por las Isapres -que en el primer semestre de 2011 crecieron un 70% para totalizar unos 90 millones de dólares- y un crecimiento promedio anual del 5% en el valor de los planes, el rechazo a este sistema va en aumento y podría dar pie a un nuevo reclamo social, tal como en la educación, que protesta desde hace seis meses.
“De la misma forma que en el movimiento estudiantil, los que se están dando cuenta que el sistema no es lo que se les ofreció, son las capas medias. Se sienten defraudadas, pagando mucho, y después viendo que no les cubre”, dice Camilo Cid, presidente de la Asociación para la Economía de la Salud de Chile.
“Tenemos una salud muy de consumo y muy cercana al espíritu liberal de la economía. Se ha perdido un poco la visión social que ha tenido siempre la medicina”, dijo el presidente del Colegio Médico, Enrique París, al diario La Tercera.
SEÑALES DE ALERTA. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, advirtió sobre varias “señales de alerta” que podrían desembocar en un nuevo conflicto social y se mostró preocupado por los altos precios que se cobran en el sector privado.
“La idea de vigilar y controlar eventualmente los precios de los prestadores de salud es un tema que va a seguir rebotando en la cancha y que yo encuentro extraordinariamente delicado”, dijo recientemente Mañalich.
Por ley, cada trabajador chileno debe aportar con el 7% de su sueldo a un seguro de salud que puede ser privado (Isapre) o público (Fonasa). A este último acceden los más pobres y menos saludables, ya que el tener enfermedades preexistentes impide el ingreso a los fondos privados.
Las Isapres aumentan además las primas por edad, riesgo y sexo, así por ejemplo los seguros de las mujeres en edad fértil pueden doblar en valor al de un varón de su misma edad.
“Muchas personas que han estado en Isapre toda la vida no pueden llegar a pagar su prima, que va incrementándose progresivamente y son expulsadas al sistema público. La mayoría son enfermos crónicos o gente mayor”, cuyos seguros pueden costar entre un 20 y un 30% de sus sueldos, dice Cid.
Una mejora al sistema lo representa el plan GES (Garantías Explícitas en Salud) que asegura desde 2005 la atención oportuna y gratuita de 69 enfermedades, tanto a nivel público como privado, permitiéndole hoy a los chilenos “dejar atrás los créditos de consumo, las hipotecas y las rifas”, para financiar enfermedades como el cáncer de mama o cubrir la anestesia para el parto, según José Concha, jefe del departamento de estudios del Colegio Médico.
No obstante, para Concha el sistema “arrastra inequidades insoportables”. En Chile, “hay un sistema de salud para ricos y otro para pobres”, dice.
Sobre la posibilidad de el estallido de un conflicto social en la salud, Concha matiza: “Es posible que se traslade esta rabia (en protestas), pero la forma, el cómo, es impredecible. A diferencia de los estudiantes, en salud, la gente solo se preocupa cuando está enferma”, señala.
SIETE MESES DE LUCHA... Y SIGUEN EN LA MARCHA. La exigencia por que los chilenos tengan acceso a una educación gratuita y de calidad fue el detonante. A más de seis meses de que estallaran las protestas, el conflicto se halla en un momento complejo, con pocos avances concretos en las demandas de los estudiantes.
Estudiantes y profesores buscan presionar por un aumento en el presupuesto de Educación para 2012 que se discute ahora en el Congreso y una ley que traspasa la administración de las escuelas públicas desde los municipios al Estado central, en lo que ha sido llamada la ‘desmunicipalización’, y que debía ingresar antes de fin de mes al Parlamento.
“Este es un tema (la desmunicipalización) que ha surgido dentro de este movimiento social por la educación y hay un compromiso por parte del gobierno de entregar este proyecto al 30 de noviembre. Sin embargo, estamos a dos semanas de este plazo y no conocemos nada de ese proyecto”, señaló el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo.
Los colegios públicos están en manos de los municipios tras una ley dictada durante la dictadura de Augusto Pinochet, que rebajó a menos de la mitad el aporte público a educación y fomentó la inclusión de los privados.
Solo el 40% de los escolares chilenos asiste a colegios públicos, que en su amplia mayoría son de menor calidad que los privados y los de carácter mixto, un sistema al que va más de la mitad de la matrícula chilena y donde los padres y el Estado contribuyen al pago de las mensualidades.
A nivel universitario, en tanto, no existe la posibilidad de estudiar gratis en Chile, por lo que los estudiantes deben recurrir a créditos para financiar los aranceles.
