El EPU, que esta vez se realizó de manera virtual, es un examen que permite a los Estados conocer cómo los mira la comunidad internacional respecto al respeto de los derechos humanos, al respeto de la libertad de expresión, en cuanto a la aplicación de la justicia, transparencia y combate de la corrupción, entre otros aspectos.
Algunos representantes de países, como Alemania, Estados Unidos y Reino Unido lamentaron tener que repetirle a Honduras lo mismo del 2015 en cuanto a la protección de los defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, sobre el respeto de la libertad de expresión, el combate de la corrupción y la independencia del Poder Judicial.
La representación de Suecia fue categórica al expresar que preocupaba mucho el contexto del Estado de Derecho en Honduras y recomendó llevar a la justicia a los perpetradores de los crímenes contra periodistas y defensores de derechos humano. Igualmente pidió impulsar la independencia del Poder Judicial y establecer un mecanismo eficiente para elegir al fiscal general.
De la misma manera, Grecia, Eslovenia y el Reino Unido exigieron garantizar la vida de los periodistas, resolver los ataques contra ellos para que puedan informar sin acoso. Por su parte, Japón pidió respetar el derecho a la manifestación pacífica.
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En una entrevista brindada a EL HERALDO, horas antes de comparecer al EPU, el cinco de noviembre reciente, Karla Cueva, ministra de Derechos Humanos manifestó que Honduras había cumplido en un 89% las recomendaciones dadas en el 2015.
“Falta mucho por hacer, hay que reconocerlo, seguimos teniendo problemas”, pero el “89 por ciento” de las 152 recomendaciones recibidas en el EPU del 2015 “tienen alguna acción de cumplimiento”, explicó.
Según ella, “el EPU no es un examen, no es una evaluación, es una oportunidad para vernos como estamos, vernos desde la mira externa, hacer autocrítica donde no hemos podido avanzar, por qué no hemos podido avanzar, y tener que priorizar donde todavía hay brechas”.
Justificaciones
La delegación hondureña presidida por María Antonia Rivera y apoyada por la ministra de Derechos Humanos y otros funcionarios expusieron lo que el Estado había hecho en los últimos cinco años, dentro de lo cual destacaron la creación del Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, así como la instalación en Tegucigalpa de la Oficina para el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.Honduras acudió a la cita cargando un amplio listado de actos que atropellan la libertad de expresión, como la puesta en vigencia de un nuevo Código Penal, así como una imparable violencia que registra el asesinato de 86 personas relacionadas a los medios de comunicación- entre el 2001-2020-, el 92% de los casos en la impunidad.
El ocho de mayo de 2015 cuando asistió al segundo EPU, este país registraba 53 asesinatos de personas vinculadas a los medios de comunicación- periodistas, comunicadores sociales, camarógrafos, dueños de medios- la mayoría de los casos en la impunidad. Estos crímenes habían ocurrido entre el 2001 y el 2014.
En su tercera evaluación, la delegación hondureña no pudo explicar que ha hecho para dar con los responsables de los 53 crímenes antes mencionados, ni tampoco dio mayores cuentas de las investigaciones de los otros 33 asesinatos de personas, siempre relacionadas con los medios de comunicación, ocurridas entre el 2015 y 2020.
Según las estadísticas los dos periodos gubernamentales del presidente Juan Orlando Hernández han sido extremadamente violentos para la prensa hondureña, al registrar en los últimos seis años un total de 43 crímenes contra personal vinculados a la prensa.
Según Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), la situación de libertad de expresión en Honduras es precaria, frecuentemente hay atentados contra periodistas, comunicadores sociales y otros trabajadores de los medios de comunicación. Además, están las querellas judiciales y otro tipo de agresiones verbales y físicas.
“Consideramos que la libertad de expresión prácticamente está siendo cercenada con el accionar del Estado y con las amenazas del crimen organizado y narcotráfico, llevando a los profesionales de la comunicación a una autocensura para evitar perder la vida, dijo el presidente de la APH
Libertad de expresión
De acuerdo con representantes de los gremios de periodistas, la libertad de expresión en Honduras no solo se socava mediante la violencia y el asesinato de personas que trabajan en el área de la información y comunicación, sino también mediante una serie de legislaciones dañinas.Entre estas normativas está la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos Relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, más conocida como ley de secretos oficiales, aprobada mediante decreto 418-2013 publicada en La Gaceta el 7 de marzo de 2014.
Sobre esta legislación, la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) pidió al Congreso Nacional derogarla porque solo está sirviendo para ocultar actos de corrupción en los tres poderes del Estado, en la Secretaria de Defensa, en la Secretaría de Seguridad y en la administración del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional, más conocido como Tasa de Seguridad.
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Esta normativa para la opacidad le arrebata al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el derecho de la clasificación de la información pública y le asigna esta tarea al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) integrado por los titulares del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio Público, de la Secretaria de Defensa y la Secretaria de Seguridad.
Por un lado, el Fiscal General que es el responsable de representar, defender y proteger los derechos de la sociedad se vuelve un clasificador de información pública; por otro, el titular del Poder Judicial, que es el encargado de velar por la aplicación imparcial de justicia, se vuelve juez y parte al momento de resolver un reclamo contra la aplicación de la ley de secretos.
Sobre estas legislaciones que dañan la libertad de expresión, Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) sostuvo que además de la ley de secretos, el Congreso Nacional, dominado por diputados del Partido Nacional, afines al presidente Hernández, buscan aprobar una Ley de Ciberseguridad más mordaz que una normativa similar a la aprobada por el presidente Daniel Ortega en Nicaragua.
A su criterio, desde el 2014 Honduras experimenta un ataque al derecho de libertad de expresión, que permite la libertad de información y de prensa, ya sea a través de nuevas normativas, así como de reformas legales, que luego fueron incluidas en el nuevo Código Penal, el cual no solo criminaliza el trabajo periodístico, sino también el derecho a la manifestación y de protesta.
Rodríguez, lamentó que las autoridades hondureñas no hayan hecho mayor esfuerzo por proteger a los periodistas y comunicadores sociales a pesar de las recomendaciones que le hicieron al Estado en el Examen Periódico Universal del 2015. 'Tampoco ha hecho nada para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de los asesinatos de 87 personas vinculadas a los medios de comunicación, ocurridos entre el año 2001 y 202', dijo.
Lamentó que el Estado llegara a decir al EPU que ha hecho algo con la creación de un Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia que carece del apoyo financiero gubernamental para ejercer las acciones de protección, situación que motivó al CPH a retirarse de esa instancia.
Honduras se va de su tercer Examen Periódico Universal cargando 223 recomendaciones sobre las cuales tendrá que trabajar en los próximos cinco años para no llegar en el 2025 a que le repitan lo mismo y solo a traer otro paquete más grande.
